La crisis migratoria en Ceuta, las tensiones con Marruecos, ataques racistas en Murcia, los mensajes de Vox y la detención de su máximo representante amenazan la convivencia con una comunidad musulmana de más dos millones de personas en España.
Cuchichean su enfado en las mezquitas, lo vocean en las carnicerías halal (lícita para el islam), en las fruterías, en sus casas, en las esquinas de sus calles o en las puertas de los colegios de sus hijos, en las redes sociales o por correo electrónico, con comunicados de asociaciones de marroquíes o escritos de intelectuales musulmanes. La comunidad islámica española vive tiempos de agitación. La crisis migratoria en Ceuta. Las tensiones con Marruecos. El asesinato de un joven marroquí junto a otras agresiones racistas en Murcia. La detención el 24 de marzo —por presuntamente financiar el terrorismo— del máximo líder de los musulmanes en España, el médico sirio Ayman Adlbi. Son episodios que mantienen inquieto a un colectivo social que ya supera los dos millones de personas en España.
Una sensación de hartazgo e irritación se propaga entre los musulmanes, en un contexto político y social crispado y azuzado por los mensajes de rechazo a los extranjeros lanzados por Vox y avalados por los tribunales. Las movilizaciones se han sucedido este verano con manifestaciones en Murcia y en Cartagena: “En pie contra el racismo y la xenofobia”, rezaban las pancartas. Y también los comunicados: “Se está poniendo en peligro la convivencia entre dos pueblos hermanos y amigos”, señalaron en un Manifiesto hispano-marroquí firmado por más de 250 profesores, intelectuales, historiadores, periodistas, escritores, poetas musulmanes y hasta miembros de la Real Academia de la Historia como Víctor Morales Lezcano. Reivindican “la concordia frente al discurso radical, xenófobo, hostil y envenenado de algunos”.
Por si fuera poco, la pandemia ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de cementerios musulmanes en España, una reivindicación histórica de esta comunidad. Ese fue precisamente el motivo que hace unas semanas llevó al senador socialista por Badajoz, Baldomero Espinosa, a reunirse con Ayman Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España: “Me pareció una persona extremadamente humilde, sensato y con las cosas claras”, dice Espinosa. “Todo vino porque existe un pueblo en Extremadura en el que, con un 30% de población marroquí —que son además los que principalmente trabajan la tierra y mantienen la economía—, no tienen dónde enterrar a sus muertos según sus creencias”, explica. Aunque el senador eludió dar el nombre de la localidad, una rápida búsqueda en Internet la señala: Talayuela.
El asunto no es anecdótico. Es extensible a todo Badajoz y a toda España, y enraíza con una deuda histórica del Gobierno en forma de Acuerdo de Cooperación de 1992. Un documento y sus 14 artículos que son la base, o mejor dicho las arenas movedizas, sobre las que se asienta en España la relación entre los ya más de dos millones de musulmanes y el Estado.
En España hay unas 1.800 mezquitas (registradas) y 238.000 niños musulmanes escolarizados. Ante la ausencia de censo, se estima que el 40% de los musulmanes que viven en nuestro país son de origen o ascendencia marroquí y que la mitad de estos últimos —algunos lo elevan al 70%— son españoles, bien de nacimiento o de nacionalidad.
El acuerdo del 92 recoge aspectos como el estatuto de los dirigentes religiosos islámicos e Imames, los cementerios, los deberes militares, la protección jurídica de las mezquitas, el matrimonio islámico, la enseñanza religiosa islámica en los centros docentes, la conmemoración de festividades religiosas islámicas “y la colaboración del Estado con la Comisión Islámica de España [CIE, creada en los años ochenta al compás de la Ley de Libertad Religiosa] para la conservación y fomento del Patrimonio Histórico y Artístico Islámico”.
Así se convirtió la CIE en la entidad interlocutora con el Estado para los musulmanes. Y, concretamente, sobre los cementerios el Acuerdo decía: “Se reconoce a las Comunidades Islámicas, pertenecientes a la CIE, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios”.
Tanto el Gobierno como la comunidad islámica reconocen que apenas se ha avanzado en esos propósitos.
“No existen centros de formación de Imames que hayan obtenido el reconocimiento oficial de sus títulos como sí tiene la comunidad evangélica, además de la Iglesia Católica. Este es sin duda uno de los retos de la comunidad musulmana española”, reconoce por escrito la directora de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas, Mercedes Murillo. Para regular la creación y el establecimiento de Mezquitas, solo existe una Ley de Culto en Cataluña (que cuenta con 300 oratorios), “y un proyecto en el País Vasco que aún no se ha aprobado”, apunta.
Según los datos de Murillo, hoy hay contratados 85 profesores de religión islámica en un total de 12 comunidades autónomas, pero, mientras, los centros islámicos siguen creando y autogestionando sus escuelas donde los niños aprenden el Corán los fines de semana, y sus imames, comprando sus terrenos, sus edificios con sus propios recursos y cuotas o financiados por países árabes que pugnan por tener una mayor influencia en la comunidad musulmana, ya sea Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Marruecos o Irán… En los últimos tiempos han ganado fuerza las inversiones de Emiratos, ya que la crisis económica y pandémica ha dejado con muchos menos recursos a los saudíes, coinciden una decena de fuentes representativas de los musulmanes españoles consultadas.
Sobre los cementerios, Murillo asegura que están “llevando a cabo un trabajo junto a la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP para implementar un informe de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa de finales de 2019 donde se detectaron necesidades de espacios de enterramientos”. Según la directora, “el objetivo es lograr el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa de los musulmanes y la normalización de la comunidad”.
Hasta ahora, la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas dependía del Ministerio de Justicia, pero recientemente ha pasado a depender directamente de Presidencia, aunque sigue apareciendo vinculada a la web de Justicia. “Permite responder mejor a la transversalidad que tiene esta materia”, justifica el cambio Murillo. Tienen registradas exactamente “1.868 entidades islámicas, entre comunidades, asociaciones y federaciones”, pero solo “40 imames o ministros de culto”.
“Son 1.800 oratorios en manos de Dios, porque no existe un control ni una formación de los imames que atienden esos centros, la mayoría ni siquiera habla español”, señala el escritor y traductor marroquí Mohamed Chouirdi, con cierto respeto intelectual en su comunidad.
Es una queja que se repite entre los representantes de la comunidad musulmana en España, la mayoría llegados hace 30 años y con hijos españoles, que reivindican “un islam español en español”, “adaptado”, “normalizado”, “contextualizado”, “visibilizado”, tanto desde la Unión de Comunidades Islámicas (UCIDE), la federación que aglutina mayor número de asociaciones (600) y que ejerce por ello la presidencia de la Comisión (CIE), como desde la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que suma menos de 300 asociaciones, pero que ha ido ganando adeptos. La primera se define como, “de una corriente moderada del Islam”; la segunda, asociada al movimiento Justicia y Caridad, ilegalizado en Marruecos por no reconocer al rey y promover la república y la islamización política, está considerada próxima a los fundamentalistas Hermanos Musulmanes. Además de esas dos, existen otra veintena de federaciones musulmanas de diversa entidad.
Relaciones con el Estado
“La financiación de la CIE depende esencialmente de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que se creó simplemente para saber quiénes estaban detrás de cada mezquita, es el CNI puro y duro” asegura Mounir Benljelloun, representante de la FEERI, una federación que concentra su fuerza en Murcia, donde vive desde hace más de 30 años y trabaja de comercial. El resto de representantes musulmanes consultados coinciden y aseguran que se trata de una entidad creada para que el Estado “controle”, a cambio de fondos, la Comisión Islámica. Por eso ninguno entiende la reciente detención por financiar el terrorismo de su máximo representante, el doctor sirio Ayman Adlbi (74 años).
“La detención de Ayman se refiere a unos hechos de 2015, anteriores a su mandato, conocidos por los servicios secretos, por eso no se entiende. ¿Acaso han esperado a que llegue a la presidencia para detenerlo?”, se pregunta Mohamed Ghoudoni, miembro actual de su Junta Directiva y delegado en Cataluña.
“Le han arrestado por unos hechos ocurridos cuando él no era presidente, sino que lo era Riay Tatari, ambos muy conocidos por los servicios secretos”, insiste Taoufik Cheddadi, responsable cultural del Centro Islámico de Fuenlabrada “Sunna” y exmiembro de la Junta de la CIE.
“No tiene mucho sentido, parecería una descoordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad o una advertencia”, apunta Mohamed Reduan, exmediador cultural e intérprete, perteneciente a la comunidad islámica catalana. “La detención ha hecho bastante daño a la imagen de la CIE, y debemos valorar esa institución porque no tenemos otra”, remarca Cheddadi. “Ayman es una persona conocidísima para el CNI”, agrega.
La directora Mercedes Murillo asegura que mantienen una relación “muy fluida” con la CIE, pero respondió a todas las preguntas menos a la relacionada con su responsable, Ayman Adlbi, que también rehusó atender a este periódico.
Guerras internas
“La CIE nació enferma, con una bicefalia disfuncional: dos secretarios con idéntica independencia y sin una presidencia”, recuerda Ghoudoni desde Cataluña, la comunidad con mayor número de musulmanes, cerca de 600.000, seguida de Andalucía (350.000), Madrid (225.000), Murcia (113.000), Canarias (76.000), Castilla La Mancha (70.000), País Vasco (63.000)… “En lugar de desarrollar los 14 artículos del Acuerdo han estado peleando por el poder en la gestión interna”, remacha.
“En 2012 hubo un intento de cambiar los estatutos para acabar con esa bicefalia que hacía inoperante a la CIE y salí elegido yo como presidente”, recuerda Mounir Benjelloun, representante de la FEERI. Sin embargo, aquellas polémicas elecciones internas fueron anuladas, presuntamente, “por la baja participación”, señalan fuentes internas de la comisión. “El Estado amenazó con no inscribirnos en el Registro de Entidades Religiosas”, contraargumenta Benjelloun. “Para una buena parte de los musulmanes, la CIE no está legitimada ni es representativa porque ha sufrido toda clase de injerencias por parte del Estado español, que cuestionan su democracia interna y su transparencia, pero por el bien común en 2015 cedí para que se creara una comisión gestora y elaborara los nuevos estatutos”, asegura.
Otras fuentes apuntan a que entonces hubo maniobras políticas en la sombra porque al Gobierno no le interesaba que la presidencia de la CIE la asumiera la FEERI, relacionada con los hermanos musulmanes, porque podría causarles problemas con su socio marroquí, muy sensible a la progresión de esos movimientos en el extranjero.
“No tenemos vínculo alguno con la CIE”, dice Omar Ibrahim Al Saif, director del Centro Cultural Islámico de Madrid, popularmente conocido como la Mezquita de la M-30. “Les deseamos mucho éxito, pero nosotros trabajamos para tender puentes entre los musulmanes y la comunidad en la que se enraízan”, asegura este saudí, que antes dirigió la mezquita de Marbella y proviene de la embajada de Arabia Saudí en Londres. Desde su puesto actual, al que llegó hace medio año, y sin dominar aún el español, Al Saif defiende un islam “abierto, como este centro, nuestro imán es ceutí, nuestra oración se imparte en árabe y castellano, celebramos el 8 de marzo con las mujeres, organizamos donaciones de sangre o de alimentos con el ayuntamiento, ahora queremos crear un centro de capacitación de imames, tanto en la lengua como en la cultura española…”.
No fue hasta 2015, por tanto, y tras una enorme polémica interna, que pasó a ser la UCIDE la que presidía la comisión con el también médico sirio Riay Tatary a la cabeza, que fue durante muchos años imam de la otra gran mezquita de Madrid, la de Estrecho. Un hombre que se ganó el respeto de musulmanes y españoles y que falleció hace un año por coronavirus precipitando su relevo. Según fuentes policiales, el sistema de envío de dinero desde la UCIDE a Al Qaeda a través de una supuesta ONG siria, se venía realizando desde la época de Tatary.
“La muerte de Tatary nos dejó huérfanos ante el Estado”, afirma Ghoudoni. “Tatary era un buen interlocutor, fraguó relaciones de complicidad con el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad basadas en la confianza y en la información que aportaba, pero era el único interlocutor”, señala Mohamed Haidour, Responsable de Derechos Humanos de CC OO. “Y mientras, se han levantado 300 mezquitas por ejemplo en Baleares, y cada centro se autofinancia, busca a su propio imam, se lo trae de alguna aldea, le pone casa, comida y sueldo, pero no tiene ni idea del país en el que se encuentra ni habla su idioma”, advierte.
Muchos de los representantes de los distintos centros y asociaciones consultadas coinciden en el factor de riesgo que supone el fracaso escolar: “¿Quiénes eran esos jóvenes radicalizados por Abdelbaki Es Satty, el imam de Ripoll que urdió los atentados de Barcelona?”.
La ausencia de una mayor regulación de las actividades ligadas a los musulmanes españoles y a sus vidas convierte en aún más necesaria la relación del Estado con la CIE, como mecanismo de obtención de información, aunque sea percibida por los musulmanes como una entidad “tutelada” por el Gobierno, sobre todo por los servicios secretos, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia. La directora Mercedes Murillo no aporta muchos datos acerca de la Fundación, pero asegura que “es un instrumento fundamental para la acción del Ministerio en materia de tolerancia y ha mantenido su actividad sin interrupción desde su creación en 2004. Tiene registrados 1.762 centros de culto musulmanes”.
“La mejor arma contra el radicalismo, el terrorismo y la islamofobia es dar a conocer el islam a través de las instituciones locales, no dejarlo en una nebulosa fantasmagórica”, apunta Mustafá Boulharrak L’Idrissi, de la Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo Almagreb en Baleares (60.000 musulmanes y 300 oratorios). “Nuestro objetivo es romper un poco con la parte religiosa y abordar el espacio social, es importante no guetizar a esta comunidad”, advierte.
“Antes estábamos en el extrarradio y ahora, debido al crecimiento urbanístico, estamos en el centro del pueblo y nos están ya presionando para que nos vayamos”, señala en Fuenlabrada. “Mandar las mezquitas a los polígonos es un error”, defiende. Y Ghoudoni remacha: “Es necesario y urgente normalizar y visualizar la práctica religiosa generando un islam español, compatible con la sociedad en la que se integra. Hay que trabajar contra ese recelo histórico”.
“Si no queremos tensar la convivencia es necesario que se empiece a tratarnos, no como inmigrantes, sino como ciudadanos musulmanes españoles de pleno derecho, pagamos aquí nuestros impuestos, nuestros hijos han nacido aquí, sufrimos con La Roja”, diceTaoufik Cheddadi. Y concluye: “No somos un problema, somos una solución, pero necesitamos una identidad españolizada”.
