A pesar de contar con miles de propiedades y grandes ingresos, la iglesia católica se beneficia de exenciones fiscales que le permiten eludir el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, planteando cuestionamientos sobre su papel en la crisis habitacional.
En su carta dominical, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, afirmó que «hoy también existen esclavitudes», refiriéndose a la falta de vivienda que afecta a muchos. Sin embargo, la iglesia católica, que posee un vasto patrimonio inmobiliario, plantea interrogantes sobre su papel en la solución de esta crisis.
A lo largo de los años, la iglesia a inmatriculado miles de propiedades, que incluyen desde iglesias hasta terrenos, sumando un total de 15.026 bienes que podrían generar ingresos. Aunque el patrimonio actual se estima en 35.032 propiedades, no hay cifras exactas sobre cuántas se encuentran en alquiler.
Los ingresos de la Conferencia Episcopal en 2022 alcanzaron 1.255.925.669 euros, de los cuales aproximadamente 120 millones provienen de actividades económicas relacionadas con su patrimonio. Sin embargo, la iglesia se beneficia de notables exenciones fiscales, gracias a la ley de mecenazgo, que le permite evitar el impuesto de sociedades, así como otros tributos sobre donaciones y herencias.
En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la exención depende del uso que se le dé a las propiedades. Si son utilizadas para actividades religiosas o sociales, no pagan; pero si se alquilan para negocios, también están exentas, a menos que se trate de un negocio operado directamente por religiosos.
