El episcopado radicaliza la doctrina sobre la familia

El sector más conservador del episcopado ha logrado imponer sus tesis entre los obispos españoles con la aprobación del Directorio de Pastoral Familiar en el que se presenta la violencia doméstica como una de las consecuencias de "la revolución sexual" y se exige a abogados y jueces católicos que se nieguen a intervenir en procesos de divorcio.

Tres años atrás, la postura del episcopado era otra. Una instrucción pastoral sobre la familia, de la que el directorio es un complemento, no vinculaba la liberación sexual de los 60 a los malos tratos a las mujeres y sólo abogaba por la objeción de conciencia ante casos de aborto.
 Los dos documentos se asemejan en ocasiones como dos gotas de agua, pero en otras se repelen como imanes. La instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, a la que el plenario de los obispos dio luz verde el 27 de abril del 2001, también alerta de la amenaza que supone para la institución familiar la extensión del divorcio, las parejas de hecho y las uniones homosexuales, junto a la creciente aceptación social del aborto, la esterilización, la eutanasia y las técnicas de reproducción asistida.
 LIBERTAD EN EL MATRIMONIO
 Aquel texto, denso como el directorio, aprecia, sin embargo, "importantes adquisiciones de carácter moral" y "elementos de progreso" en la realidad social. Cita, por ejemplo, "el rechazo creciente de las violencias de distinto tipo, también en la familia" y "el mayor reconocimiento de la igualdad entre hombre y mujer, la mayor libertad en las relaciones y en la elección del matrimonio y el hecho de que los hijos sean recibidos más conscientemente".
 A "la revolución sexual" le atribuye el auge de la pornografía, "también infantil", y la multiplicación de "las violencias sexuales", pero nada dice de la doméstica.
 Un tono mucho más comprensivo aflora en la instrucción a la hora de abordar el conflicto del divorcio. Si el directorio lo califica de "contrario a la justicia" y sitúa a los jueces en la tesitura de elegir entre "la objeción de conciencia o la mera cooperación material con el mal", en el texto aprobado en el 2001 se indica que "la Iglesia y los pastores no son ajenos a las dificultades de la convivencia matrimonial, que a veces hacen conveniente la separación".
 Ambos documentos presentan otro elemento claramente diferenciador. El más antiguo exhibe su preocupación por los aspectos sociales que atañen a la familia, mientras que al más reciente sólo le importa el plano moral. "El trabajo ahoga la vida de las personas" o "se sacrifican muchas cosas a un sistema de producción impersonal, competitivo o tiránico", se lee en la instrucción.
 El texto del 2001 denuncia la presión económica que sufren las familias y que comienza "con la adquisición de la vivienda, una cuestión dominada en muchos sitios por una fuerte especulación", de la que responsabiliza a "bancos, ayuntamientos y empresas que encarecen artificialmente la construcción".
 Además de interesarse por la necesidad de plantear "una política de vivienda familiar", el documento se muestra benévolo con el arraigo de las relaciones prematrimoniales, a pesar de rechazarlas. "Es cierta la existencia de factores que explican su extensión actual: la prolongación del noviazgo, las dificultades sociales y económicas para tener una posición que permita una primera estabilidad en el matrimonio y la presión ambiental para probar el denominado sexo seguro", dice.
 La instrucción pastoral evidencia su intransigencia con el aborto, ante el que invita a sublevarse ("las leyes que toleran y regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no han de ser obedecidas"), pero a cambio admite que fuera de este terreno el orden moral no tiene porque identificarse siempre con el legal. "Somos conscientes de que las leyes, en nombre del bien común, tendrán que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas", proclama.
 ¿Qué hace uno y otro texto tan diferentes? Teóricamente la autoría de ambos documentos, aunque plural, se atribuye al obispo de Castellón, Juan Antonio Reig, representante del ala dura del episcopado, al frente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, y tanto la instrucción como el directorio han recibido el apoyo de los miembros de la Conferencia Episcopal (CEE).
 Ocurre, sin embargo, que, entre la aprobación de una y otro, el sector al que representa Reig, y en el que se alinea el presidente de la CEE, el cardenal Antonio María Rouco, ha ganado autoridad en el colectivo. A ello cabría añadir la incorporación a la subcomisión, desde el 2002, del arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, el primer prelado del Opus en el episcopado español. Gil es secretario del Pontifico Consejo para la Familia del Vaticano, donde se cocinan las políticas familiares de la Iglesia de Juan Pablo II.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...