La medida ha sido vista como un triunfo por parte de grupos conservadores y religiosos que defienden la libertad religiosa sobre las directrices antidiscriminatorias
Uno de los tribunales de apelación más liberales de Estados Unidos dictaminó que un instituto católico puede despedir a un profesor por casarse con otro hombre, lo que supone una victoria para los grupos de defensa conservadores y religiosos que se han opuesto a la ley contra la discriminación.
La inusual decisión partió de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, que en las últimas semanas emitió dos importantes sentencias a favor de los derechos de los transexuales. Cruzando líneas ideológicas, un Biden y un Reagan se unieron para advertir de que la opinión de un Clinton sobre el caso pondría a cientos de miles de personas en riesgo de perder su trabajo por razón de sexo, raza o edad.
El tribunal dictaminó que Lonnie Billard, que enseñaba inglés y teatro antes de convertirse en profesor sustituto en un instituto católico de Charlotte, cuenta como “ministro” que puede ser despedido por no adherirse a las creencias religiosas de la Iglesia sobre la homosexualidad.
“Es una gran victoria”, dijo Luke Goodrich, del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, que defendió el caso. Ningún otro tribunal, dijo, había dictaminado que un profesor sustituto que no impartiera clases de religión contara como “ministro”. “Bajo la lógica de esta sentencia, casi todos los profesores de casi todas las escuelas religiosas” podrían ser despedidos por “violar las creencias religiosas fundamentales”.
Billard anunció en Facebook en octubre de 2014 que se había comprometido con su pareja desde hacía 14 años, unas dos semanas después de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal en Carolina del Norte. Posteriormente fue despedido de su trabajo. La Unión Americana de Libertades Civiles respaldó su demanda por discriminación sexual.
El Tribunal Supremo estableció en 2020 una amplia “excepción ministerial” a las leyes antidiscriminatorias, afirmando que, en virtud de la Primera Enmienda, las organizaciones religiosas pueden decidir quién representa a la fe. Pero el tribunal también dictaminó recientemente que la ley federal de derechos civiles protege de la discriminación a los trabajadores homosexuales y transexuales.
Los grupos religiosos conservadores han argumentado que, tras esa sentencia, la excepción ministerial debe ser aún más amplia para permitirles mantener su creencia de que la homosexualidad y la transición de género son pecaminosas. De hecho, el Charlotte Catholic High School negó que Billard fuera ministro. Los profesores de asignaturas laicas del centro no tienen por qué ser católicos y, en general, se les disuade de hablar de religión con los alumnos, según consta en el expediente judicial.
Pero los jueces concluyeron que Billard seguía desempeñando “un papel vital como mensajero de la fe de la escuela”. A los profesores del colegio se les puntuaba en sus evaluaciones anuales si sus planes de clase eran “acordes con el pensamiento católico.”
Billard testificó que se coordinaba con los profesores de religión para asegurarse de que su enseñanza de obras como “Romeo y Julieta” estaba “en sintonía” con la doctrina. Las clases comenzaban con una oración y Billard llevaba a sus alumnos a misa.
Todo eso, según el tribunal, lo convertía en un ministro que podía ser despedido por no representar adecuadamente el catolicismo, en opinión de la escuela.
Aunque la decisión es un duro golpe para los grupos de defensa de los derechos de los homosexuales y de la libertad de expresión que representaban a Billard, el tribunal dijo que evitaba una teoría jurídica que podría haber conducido a una discriminación más generalizada. La escuela había argumentado que una institución religiosa tiene derecho a despedir a cualquier empleado que considere que contradice sus creencias, sea o no ministro.
El año pasado, el Tribunal Supremo dictaminó que el propietario de un negocio de bodas podía negarse a trabajar para una pareja del mismo sexo en virtud de las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda. La escuela argumentó que la sentencia también ayudaba a su caso, y que una escuela religiosa tiene el derecho conexo de optar por no “asociarse” con homosexuales.
Pero el principal argumento de la escuela era que el despido de Billard entraba dentro de una excepción diferente recogida en la ley federal de derechos civiles: que los grupos religiosos pueden elegir emplear a “individuos de una religión determinada”. Un tribunal de distrito de Texas se ha mostrado de acuerdo con esa interpretación.
Una sentencia a favor de la escuela por esos motivos podría legalizar no sólo el despido de empleados homosexuales, sino también la “discriminación por raza y origen nacional”, dijo la mayoría, siempre que la decisión estuviera justificada por motivos religiosos.
“Entendemos que esa exención sólo sirve como defensa frente a las demandas por discriminación religiosa -permitiendo a las instituciones religiosas favorecer a sus correligionarios en la contratación- y no frente a las demandas por discriminación racial o sexual”, afirmaron.
El fallo fue redactado por la juez Pamela Harris, nombrada por Biden, y respaldado por Paul V. Niemeyer, nombrado por Reagan. En desacuerdo, el juez Robert B. King, nombrado por Clinton, escribió que estaba de acuerdo con la decisión, pero dijo que el tribunal estaba “obligado” a dictaminar que se aplica la excepción a la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de raza, color, religión, sexo y origen nacional. No respondió al argumento de la mayoría de que su interpretación permitiría la discriminación racial y étnica.
Goodrich rechazó esos argumentos como argumentos de paja. “No se ha manifestado ninguna de esas hipótesis, y hay muchas razones para ello”, dijo, entre ellas que otras leyes federales prohíben explícitamente los prejuicios raciales y étnicos en el empleo.
Cuando el tribunal celebró los argumentos públicos sobre este caso el año pasado, Harris sugirió que esos también están bajo amenaza. La administración Trump trató de limitar la aplicación de una ley citada por Goodrich; el Tribunal Supremo elevó recientemente el listón para probar la parcialidad en virtud de otra.
“Ese es un tema muy activo”, dijo Harris. “No creo que debamos considerar eso como un área estable de la ley”.
Pero Goodrich argumentó que las justificaciones religiosas de los despidos son raras , mientras que una excepción ministerial más amplia da a los grupos religiosos mucho más poder para despedir a empleados sin temor a una demanda. El Tribunal Supremo ha dictaminado que se aplica a las demandas de discriminación por edad o discapacidad.
Según esta sentencia, “la inmensa mayoría de las demandas quedan excluidas para prácticamente todos los profesores de todas las escuelas religiosas”.
