Ecuador: El debate sobre el aborto revive nuevamente entre la religión y la justicia en el país

Los casos registrados revelan visiones opuestas de quienes condenan la práctica, por considerarla un ‘pecado’ que acaba con la vida, y de aquellos que la defienden, porque creen que es un derecho.

Hace aproximadamente un mes, a un hospital local llegó una paciente sangrando abundantemente y con un cuadro de shock séptico (infección grave). Presentaba antecedentes de haber tenido un aborto pocos días antes, algo que sus familiares, según afirmaron, lo desconocían.

La mujer ingresó al quirófano para una histerectomía (procedimiento mediante el cual se extirpa el útero total o parcialmente), pero sus condiciones eran tan malas que falleció en el momento de la cirugía.

En la intervención quirúrgica no se halló evidencia de perforación uterina, como suele ocurrir en pacientes que se someten a legrados clandestinos, pero en su cavidad tenía restos placentarios que le causaron la sepsis, explica Mélida Flor, ginecóloga del Hospital de Especialidades Guayaquil, Abel Gilbert Pontón.

Se desconoce si fue un aborto provocado o espontáneo. Lo cierto es que “fue incompleto porque no expulsó todo, algo que ocurre cuando se trata de embarazos de más de 7 semanas”. La situación de la víctima se complicó porque no tuvo atención médica a tiempo.

En Ecuador, el aborto es ilegal,  salvo cuando la gestación represente un riesgo para la salud o vida de la mujer, o que esta tenga discapacidad mental y su embarazo sea el resultado de una violación. Para quien realiza el procedimiento, la pena puede ser de hasta 10 años, si muere la gestante. Para  quien lo consiente, de hasta dos.

Por el lado de la Iglesia católica, la práctica sigue siendo considerada un pecado, aunque en noviembre de 2016, el papa Francisco extendió indefinidamente la capacidad de los sacerdotes de absolverlo.

Pese a las leyes terrenales y divinas, en Ecuador se sigue realizando de manera clandestina, en medio de la polémica generada por sectores que rechazan o respaldan este procedimiento que cobra vidas y en otros casos deja heridas físicas y emocionales.

El aborto no especificado (que abarca 10 tipos), con el 15,6%, ocupa el quinto lugar entre las 10 primeras causas de muerte en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2010.

Para la iglesia, las circunstancias no legitiman la acción

“La defensa de la vida es clara. Nunca es lícito terminar con un ser humano inocente, incluso, desde la concepción”, recalca el sacerdote Jorge Avilés Wong, máster en Bioética y rector del Santuario de la Divina Misericordia.

Él señala que hay circunstancias “que no hacen lícito el aborto, pero que moralmente son atenuantes que se comprenden”, debido al estado de desesperación que viven algunas mujeres, generado por la violencia, carencias y otros problemas.

Uno de esos casos podría ser el de Fátima Nelly Y. T., a quien los médicos de un centro de salud del sur de la urbe le hallaron cuatro pastillas abortivas en el canal vaginal, tras llegar con dolor en el vientre la madrugada del pasado 29 de mayo. Según personal médico, ella ingirió otras dos y habría tomado la decisión por supuestos problemas con su pareja.

La ginecóloga Flor expresa que las pacientes utilizan un medicamento que ocasiona contracciones uterinas. “Lamentablemente, las farmacias deberían llevar más control en la venta, porque es un fármaco que solo se vende con receta”. Ella recuerda que el aborto de mayor frecuencia es el incompleto,  es decir, cuando quedan restos en la cavidad uterina y puede ser provocado o espontáneo. “Las pacientes sangran en forma abundante y presentan un cuadro de shock hipovolémico, que corresponde a una hemorragia obstétrica. Dependiendo de cada caso, una vez que la mujer ha sido valorada por el ginecólogo se realiza el procedimiento para extraer los restos del feto”.

Nelly fue detenida por el delito de aborto consentido, por el cual podría afrontar una pena de seis meses a dos años, según el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su nombre consta en una de las 17 denuncias que, por esa acción, recibió la Fiscalía Provincial de Guayas, entre enero de 2016 y mayo de 2017.   En ese lapso también se reportaron 28 abortos no consentidos y dos con muerte.

Para la socióloga Natalia Sierra, la criminalización del aborto   atenta contra los derechos básicos de los seres humanos y, básicamente, los de las mujeres, por eso cree que debe despenalizárselo. “Está el tema de los derechos de las personas a decidir si quieren o no continuar con una responsabilidad de ese tipo. Y más que los de la mujer, están los del futuro niño que debe venir al mundo con  las condiciones que necesita para tener una vida medianamente digna y garantizada, no solo económicamente, sino emocional y psíquicamente”. Sierra considera que la vida no es un problema de “latencia biológica solamente. Una vida para lanzarla al mundo desprotegida, hacerla sufrir de carencias es una crueldad”.

Ley lleva a la revictimización

Ella expresa que al ser el aborto ilegal “se pone más en riesgo la vida de las mujeres”. En el caso de Fátima, cree que “además del sufrimiento va a ser encarcelada y humillada”. “Es revictimizar a la víctima sobre su dolorosa situación. Estamos ejerciendo más violencia”.

En tanto, el sacerdote señala que  desde los casos que ha conocido  esta acción deja secuelas en la vida de las personas. “Dios perdona, pero algunas mujeres se quedan con la culpa porque se dan cuenta de que fue lo peor que hicieron”. La iglesia trabaja en ese sentido con la colaboración de grupos católicos.  Casa de la Vida (http://www.lacasadelavida.org/cdv.html) proporciona a las mujeres apoyo para llevar adelante el embarazo y que no opten por el aborto. Mientras, Proyecto Esperanza (http://www.proyectoesperanza.cl/ecuador-contacto-29.html) les brinda, también a los hombres un acompañamiento pastoral para que superen los efectos de la acción y consigan la reconciliación consigo mismos, dice María Antonieta Lara, coordinadora de la agrupación que está en  12 países latinoamericanos.

La socióloga Sierra opina que la prevención, antes de la concepción, también podría ser una opción, siempre que se ejecute una política sobre una base de un estudio sociocultural profundo. “No solo debe entregarse preservativos y anticonceptivos a las personas. Se necesita una educación para que hombres y mujeres se hagan responsables de la prevención de la concepción”. Tal vez no fue el caso de aquella mujer que llegó con un aborto incompleto y murió con una infección por los restos de placenta que quedaron en su cavidad uterina; ni el de Nelly, quien enfrenta un proceso penal, supuestamente por haberse inducido la expulsión del bebé.

Los problemas Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, del total de legrados practicados en malas condiciones, a escala mundial, el 40% corresponde a jóvenes de 15 a 29 años. Un aborto provocado puede generar complicaciones como una perforación uterina, endometriosis severa, cuadro infeccioso severo y hasta la muerte, dependiendo del sitio de la atención. Al margen de legrado terapéutico, esas complejidades pueden provocar otras de tipo quirúrgico, como una histerectomía total en caso de un aborto incompleto que haya ocasionado una infección grave. Algunos de los establecimientos del Ministerio de Salud, con servicio obstétrico en Guayaquil son: la maternidad Matilde Hidalgo de Procel y Mariana de Jesús, y los  hospitales Universitario y del Guasmo Sur. (I)

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