Álvaro Cuesta ve una ofensa intolerable al Estado que los obispos hablen de «licencia para matar a los hijos»

El secretario de Libertades Públicas del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Álvaro Cuesta, calificó el viernes de "ofensa intolerable al Parlamento" y al Estado las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, que el jueves afirmó que la nueva ley del aborto da "licencia para matar a los hijos".

En declaraciones a Europa Press, Cuesta dijo que, con esas palabras "descalificadoras e injuriosas", el portavoz está "ofendiendo" a todo el sistema democrático, demostrando un menosprecio "de extrema gravedad" al principio de legalidad e incurriendo en una "extralimitación de la Iglesia católica".

El diputado añadió que, mientras la ley esté en vigor, las iglesias pueden manifestar su desacuerdo, agotar las vías de recurso o influir democráticamente para que sea recurrida, y también recordar su moral o pedirle a sus fieles que no se acojan a ella, pero siempre "desde el acatamiento y respeto al principio de legalidad".

"Le recuerdo a la Iglesia católica y al señor Martínez Camino, que en un país democrático, la ley es la expresión legítima de la voluntad popular formulada a través del Parlamento. El principio de legalidad y el respeto a las instituciones democráticas obliga a todos", manifestó.

SE PUEDE CONDENAR, PERO NO LLAMAR A LA INSURRECCIÓN

En esa línea, avisó a los obispos de que frente a la ley se puede "predicar el desacuerdo y la condena" pero no "la insurrección ni el golpismo, ni el menosprecio al Parlamento, y en el respeto a los principios democráticos". "La Iglesia católica ni tiene bula ni es una excepción", subrayó.

Por último, recordó que la ley ha salido adelante con un "amplio respaldo parlamentario", "prácticamente de todos los grupos menos uno" y que "goza de la presunción de constitucionalidad" avalada por el Consejo de Estado.

Cuesta hizo hincapié en que esta ley, además de eliminar la pena de cárcel para las mujeres que abortan, regula los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo y desarrolla toda una política de salud sexual "en clave de prevención, asistencia social, educación, prestación sanitaria y protección del nasciturus", de manera que ofrece a las mujeres amplias posibilidades "en clave de salud sexual y de respeto a su libertad e intimidad, es decir, de su dignidad".

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