La sentencia de Valladolid marca el primer precedente de este tipo en España El magistrado apela a que estos símbolos vulneran derechos constitucionales
La escuela pública española es desde ayer un poco más laica al haber ordenado un juez, por primera vez en la reciente historia de España, la retirada de varios crucifijos que permanecían en las paredes de las aulas de un colegio de Valladolid. La sentencia, que pone fin a una larga batalla legal y sienta un importante precedente, se basa en que el mantenimiento de estos símbolos religiosos supondría una violación de dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
El grupo de padres que en septiembre del 2005 pidieron al consejo escolar del colegio público Macías Picavea que eliminase los crucifijos de las aulas y de otros espacios comunes han tenido que esperar más de tres años para que los jueces entraran en el fondo del asunto y les diesen la razón. Durante todo ese tiempo, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha desviado la responsabilidad de la decisión hacia el consejo escolar y "se ha lavado las manos", según aseguró ayer a este diario el portavoz de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, Fernando Pastor, que tiene una hija en el colegio.
VICTORIA A LA TERCERA
Tras chocar en dos ocasiones contra la actitud dilatoria del Gobierno castellanoleonés, enrocado en cuestiones procesales y formales para no asumir la retirada de los símbolos, la asociación ha conseguido a la tercera que su recurso contencioso administrativo haya culminado con éxito. El juez número dos de Valladolid considera que la presencia de los crucifijos vulnera los principios constitucionales de igualdad y libertad de conciencia y recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre "la laicidad y neutralidad del Estado". En este sentido, subraya que en el campo educativo la libertad religiosa es "especialmente sensible", ya que en esa fase "la enseñanza influye decisivamente en el futuro comportamiento de los jóvenes respecto de creencias e inclinaciones".
Aunque el juez admite que la presencia de los crucifijos no puede considerarse enseñanza de la religión católica ni proselitismo, deja claro que la permanencia de esos símbolos "vulnera los derechos fundamentales". Esa presencia, según dice el magistrado en su escrito, "puede provocar en los menores el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación".
Pastor aseguró que la sentencia es "un triunfo de la higiene democrática", en la medida en que marca "un importante precedente" que permitirá la retirada de los crucifijos en otros colegios públicos españoles. El portavoz lamentó que el "empecinamiento de la directora del colegio" hubiera impedido llegar a una solución sin acudir a los tribunales, como pasó en los colegios de Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid que retiraron los símbolos. También advirtió de que sería una "indecencia" que la Junta recurriera la sentencia para "intentar perpetuar una situación" inconstitucional.
