La sentencia afirma que la Dirección Provincial de Educación debe de resolver sobre la presencia de los símbolos
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Valladolid ha estimado en parte el recurso interpuesto por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL), que se opone a la presencia de símbolos religiosos en los centros educativos públicos por entender que éstos deben de tener el carácter aconfesional que se establece en la Constitución Española.
La resolución obliga la Consejería de Educación apronunciarse sobre si deben o no permanecer símbolos religiosos en algunas de las aulas de Castilla y León.
El fallo del magistrado del pasado 22 de julio tiene su origen en la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada que presentó la Asociación Cultural Escuela Laica, que se oponía al acuerdo del Consejo Escolar del Colegio Público Macías Picavea, de fecha 2 de octubre del 2006.
Este órgano rechazó la retirada de los símbolos religiosos del centro por entender que su presencia suponía una vulneración también de la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Defendía, además, que el Consejo Escolar no tiene competencias para imponer determinadas ideologías, como la permanencia de símbolos de la religión católica en las dependencias educativas costeadas con fondos públicos.
Con posterioridad, la Junta de Castilla y León pidió tras conocer la demanda promovida por la asociación cívica vallisoletana que la misma no se admitiese ya que considera que el Consejo escolar sí que tiene competencias para permitir los crucifijos u otros símbolos religiosos.
Con la nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Valladolid se obliga a la Consejería de Educación a retrotraer las actuaciones administrativas para que la Dirección Provincial de Educación resuelva el recurso interpuesto por la asociación Acel, respecto al litigio que se mantiene con el Consejo Escolar.
Valoración
Acel se mostró ayer satisfecha por esta sentencia parcialmente estimada «que demuestra una vez más que la Consejería de Educación, como administración educativa, no puede eludir pronunciarse sobre la presencia de simbología religiosa en los centros de titularidad pública».
El colectivo asegura que en breve plazo de tiempo quedará resuelta la cuestión de fondo ya que está en marcha otro proceso judicial relacionado con la protección de los derechos fundamentales y la libertad de conciencia.
