El Supremo ya condenó a los dos agentes por coacciones contra la expolicía Sonia Vivas, ahora concejal en el Ayuntamiento de Palma, a la que atacaron por ser lesbiana, según el alto tribunal. Los policías pedían ahora que fuera imputada por estafa procesal.
Finaliza el calvario judicial emprendido contra la ex policía local y actual concejala de Justicia Social del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas. Un Juzgado de Instrucción ha archivado la última causa que permanecía abierta contra ella y que se inició a raíz de la querella interpuesta por dos agentes y ex compañeros del cuerpo que la vejaron por ser lesbiana y que fueron condenados en su día, en el marco de esos hechos, por delitos de coacciones, denuncia falsa y falso testimonio.
Si el pasado mes de enero el Tribunal Supremo confirmaba sendas penas de tres años y cinco meses de prisión y de un año y tres meses para los dos acusados -según el alto tribunal ambos actuaron “movidos por su odio y desprecio” a la condición homosexual de Vivas-, un juez palmesano ha tumbado la denuncia con la que ambos la acusaban de estafa procesal y falso testimonio contra ellos.
En concreto, los dos funcionarios policiales acusaban a la regidora de Podemos de emplear contra ellos los mismos informes médicos que la ex agente había utilizado en otra causa con el objetivo de dar credibilidad a los daños sufridos como consecuencia de las vejaciones.
Sin embargo, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma asevera que el delito de estafa procesal que los policías atribuían a Vivas exige la puesta en marcha de “una trama que necesita un complejo desarrollo” y que debería haberse iniciado con la presentación, ante un órgano jurisdiccional, de “una petición falsa con el objeto de inducirle a que satisfaga sus pretensiones [las del denunciante], lo que, correlativamente, podría producir un perjuicio a la persona contra la que se dirige el proceso”. Todo ello, además, mediante una “escenificación” sustentada en “premisas desleales y torticeras”, lo que el juez señala que no sucedió en el caso de Vivas.
Mediante un auto de ocho páginas al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor descarta, así, que la concejala hiciese uso de “ardides, inexactitudes y falsedades” en su denuncia contra los dos policías como tampoco buscó con ellos engañar al juez ni “tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones”. Asimismo, afirma que los documentos médicos que Vivas presentó “no aparecen manipulados ni en su escritura, ni en sus fechas, ni en ningún apartado de los mismos, motivo por el que difícilmente podían inducir a error a los magistrados de la Audiencia Provincial” que enjuiciaron a los policías.
Tanto la Fiscalía como la propia edil habían solicitado el sobreseimiento de las investigaciones al considerar que en ningún momento se produjo intento de fraude como tampoco hubo voluntad alguna de condicionar a los magistrados.
Cabe recordar que los policías interpusieron su querella a través de la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA), que aglutina a decenas de policías locales que, según defienden, resultaron perjudicados por las detenciones y encarcelamientos llevados a cabo cuando el conocido como caso Cursach atravesaba sus momentos más álgidos, con el juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán al frente de las pesquisas. Se da la circunstancia de que, en la actualidad, Penalva se encuentra a las puertas del juicio por las supuestas filtraciones a la prensa efectuadas cuando la causa se hallaba bajo secreto sumarial.
La edil, que en su página web atribuye el acoso al hecho de ser “una mujer lesbiana que vive su vida con la naturalidad de la diversidad como bandera” y creadora de la única unidad de protección a la diversidad de Baleares –el servicio de atención a los delitos de odio–, decidió llevar a los tribunales el continuo maltrato al que aseguraba estar sometida por su orientación sexual. Su denuncia pasó a formar parte de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó el caso Cursach, que, en esencia, centró su instrucción en una presunta trama policial de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los negocios del magnate de la noche Bartolomé Cursach. La macrocausa se encuentra ahora pendiente de enjuiciamiento, con 24 acusados en el banquillo y peticiones de condena que suman más de cien años de prisión.
Como ya expusiera la Audiencia Provincial de Baleares, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la magistrada Carmen Lamela como ponente, consideró probado en enero que los funcionarios policiales convirtieron su actitud homófoba en la forma habitual de relacionarse con Vivas. “Realizaban hechos tales como apodarle y llamarle tijeritas, llevarse la mano a los genitales con actos obscenos, hacer chistes de homosexuales en su presencia para que los oyera y mofarse de ella”, detallaba la sentencia.
La resolución del Supremo relata la afectación psicológica que provocó en Vivas el hostigamiento sufrido y las escenas de acoso que vivió una vez denunciados los hechos: tras ser entrevistada en una emisora de radio y acabar revelando las humillaciones a las que había sido sometida en el cuartel por parte de determinados compañeros policías, quienes “la habían vejado y menospreciado por su condición de lesbiana”, los dos policías volvieron a la carga.
Tras darse por aludidos y “con la finalidad de desacreditar y escarmentar a su compañera”, decidieron contactar con otra mujer que se había enemistado con Vivas para que colaborase con su testimonio y ayudase, con ello, a sacar adelante las actuaciones contra ella. No solo eso. Uno de los policías locales condenados presentó una denuncia falsa contra la actual concejal acusándola de intentar agredir a un detenido. Según el Supremo, los agentes intentaron, incluso, que la ex agente perdiera su plaza en la Policía Local.
Vivas, conocida activista en favor del feminismo, no ocultó su júbilo ante el desenlace de un procedimiento judicial que, entremedias, se ha cruzado con continuas denuncias contra la regidora por parte de los dos condenados: “Tras años de padecimiento y persecución, con múltiples denuncias y querellas contra mí con el único objetivo de desprestigiarme, de dañar mi imagen y de hacerme ver como una mala persona que había denunciado en falso, estoy aliviada y satisfecha. Estoy contenta”. La edil manifestó, además, que la resolución del Supremo supone “un paso adelante para la comunidad LGTB”.
