El episcopado español se reúne para cerrar esta cuestión la misma semana en la que el Defensor del Pueblo defenderá un plan urgente para pagar indemnizaciones
Ni una línea sobre cómo afecta el escándalo de la pederastia a la Iglesia española ni cómo ha minado la relación de la Conferencia Episcopal Española (CEE) con el Gobierno. El presidente de los obispos españoles, el arzobispo Luis Argüello, no se ha tampoco referido al impacto en la credibilidad que ha ocasionado el conocimiento de la magnitud de los abusos sexuales en un año en el que la CEE ocultó más de 300 casos de su informe y filtró por error la identidad de 45 víctimas que acudieron a ella para contar su caso. En su discurso, Argüello solo ha citado las dos cuestiones por las que esta semana se reúne el episcopado para debatir en Madrid: el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) y la puesta en marcha de la comisión asesora que regulará esas reparaciones.
La omisión es reseñable. Por un lado, porque a finales de mes de octubre el Vaticano publicó una primera radiografía crítica y sistemática de su respuesta ante esta lacra, donde acusaba a la jerarquía eclesial por ejecutar procesos canónicos “difíciles, lentos y fuente de continua victimización”. Actuaciones que la mayoría de los obispos y superiores religiosos siguen practicando en España. Por otro lado, los obispos se reúnen la misma semana en la que el Defensor de Pueblo acudirá al Congreso de los Diputados para presentar su informe sobre los abusos sexuales en el clero y defenderá las conclusiones y recomendaciones que en él se incluyen. La proposición que Ángel Gabilondo, titular de la entidad, considera que lo más importante es el pago de indemnizaciones a las víctimas. Los grupos parlamentarios, que aprobaron por amplia mayoría encargar al Defensor la investigación (solo Vox votó en contra), tendrán que pronunciarse y debatir sobre el modelo de reparación que propone Gabilondo: crear un fondo estatal “para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”. Un fondo en el que la Iglesia debe colaborar aportando recursos.
A las indemnizaciones se le suman otras 23 recomendaciones que el Defensor llevará al Congreso, como la organización de un acto público de Estado para pedir perdón a las víctimas y reconocerlas como tales, estudiar la prescripción de los delitos de pederastia, la apertura de los archivos eclesiásticos —protegidos y blindados en la actualidad por los acuerdos con el Vaticano— y que la Iglesia reforme su derecho canónico, donde ahora las víctimas no forman parte activa.
La cuestión de las indemnizaciones es lo que más escuece en la Iglesia. Tanto la CEE como la Confer (Confederación Española de Religiosos) se oponen a contribuir al fondo y que una entidad independiente decida tanto los baremos como cuáles serán los casos en los que se reparará a la víctima. La apuesta de la jerarquía eclesial española es ejecutar un modelo propio, el PRIVA, gestionado por una Comisión Asesora que verificará cada expediente y recomendará “el marco posible de reparación” para los prescritos y en los que el sacerdote acusado haya fallecido. Es decir, un proyecto de reparación que no obligará a los obispos y a las órdenes a pagar indemnizaciones a las víctimas cuyos casos han prescrito. No obstante, Argüello ya ha asegurado que, si uno de estos responsables eclesiásticos no quiere o no pueda hacer frente al pago, lo asumirá la Iglesia en general.
¿Pero cuánto pagará la Iglesia? No lo dice. Se niega a hablar de ello, a pesar de que el papa Francisco ya se ha pronunciado al respecto subrayando que “50.000 euros es una cantidad demasiado baja”. Los obispos también se resisten a decir cuánto dinero han pagado hasta ahora. La única información disponible está en la base de datos de EL PAÍS, que recoge noticias publicadas y resoluciones judiciales: las sentencias localizadas muestran que desde 1991 hasta noviembre de 2023 la Iglesia ha pagado al menos 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos de 53 pederastas. Las cuantías oscilan entre los 675 euros y los 73.000 por víctima. La media es de 10.000 euros. La gran mayoría de pagos han sido impuestos por un tribunal penal, y se desconoce si lo hizo el propio condenado de su bolsillo o lo aportó la orden o diócesis a la que pertenece.
El PRIVA se encargaría de los procesos que están fuera de los tribunales, de los que no tiene recorrido judicial por prescripción o muerte del agresor. La referencia para estos casos está en los países que sí están pagando colectivamente a las víctimas. Varias diócesis estadounidenses han alcanzado los 600.000 euros por afectado, mientras que en otros países el monto baja hasta los 6.000. La media europea es de unos 35.000 euros por afectado. Sean unos números u otros, la factura que debe pagar la Iglesia española es millonaria. En este momento, según la base de datos de EL PAÍS, hay 1.534 clérigos acusados de abusos y casi 3.000 víctimas.
Las dificultades de poner en marcha un modelo y el paso del tiempo sin que la Iglesia ni el Estado aborden finalmente este tema preocupa a las asociaciones de víctimas, que advierte que muchos de sus miembros ya han muerto a la espera de recibir justicia. Por ello, el Defensor del Pueblo ha repetido insistentemente desde que terminó hace un año su informe que las víctimas necesitan ser reconocidas y reparadas, que “están a la espera”. Esta urgencia llevó el pasado abril al Gobierno a dar un primer paso y aprobar un plan de reparación basado en el informe del Defensor para indemnizar “con o sin la colaboración de la Iglesia” a los afectados.
Los obispos se tomaron la iniciativa como un “señalamiento público”, como “un juicio condenatorio” y se negaron de nuevo a participar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con la jerarquía de la CEE e instó a Argüello a “llegar a un acuerdo” para que la Iglesia aceptase su modelo mixto de reparación. Los obispos se comprometieron a trabajar juntos, pero plantaron a Bolaños en un encuentro que ya había agendado con él y supeditaron una reunión después de aprobar su plan. El ministro envió una carta en la que advertía a la Iglesia de que el Gobierno “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para reparar a las víctimas. Todo el episcopado español hizo oídos sordos y acabó ratificando este julio el borrador del PRIVA que ahora, en la plenaria de esta semana, prevé que comience a funcionar.
