Las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la intención del Gobierno central de prohibir la presencia de los símbolos religiosos en los centros educativos públicos a partir del otoño ha desconcertado a la comunidad educativa de la provincia, que considera que la existencia o no de crucifijos en las aulas no supone un problema para los centros en la actualidad.
Es más, tanto la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía como los padres se muestran a favor de que cada centro decida lo que quiere hacer con la simbología religiosa que haya en sus aulas. «Si es que la hay», matizan.
La provincia ya vivió una polémica en torno a la presencia de crucifijos en las aulas hace dos años. En 2007, la Junta de Personal Docente No Universitario solicitó la retirada de estos símbolos de los centros públicos. La petición coincidió con la decisión de la Delegación de Educación de Jaén de retirar los símbolos religiosos de una centro, a raíz de las quejas presentadas por un grupo de padres.
La postura de la Junta de Personal Docente generó entonces un debate entre sindicatos, Administración y padres de alumnos que concluyó en el acuerdo de que cada centro, a través de su Consejo Escolar, decidiera sobre la presencia de los crucifijos una vez se planteara la solicitud de retirada por parte de algún miembro de la comunidad educativa.
Es una postura similar a la que la delegada de Educación, Antonia Reyes, y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la escuela pública (FAPA Ágora) mantienen en la actualidad. Reyes señaló ayer que la Junta de Andalucía «hasta el momento» apuesta por que cada centro decida qué hacer en este tema. «En cualquier caso, nuestra escuela pública es una escuela laica», añadió la responsable de Educación.
Posible conflicto
Los padres se mostraron más tajantes. El presidente de FAPA Ágora, Francisco Mora, afirmó que las declaraciones del ministro de Justicia sólo contribuyen a generar polémica donde no la hay. «No deben imponer este tipo de decisiones porque sólo va a crear un conflicto que hoy día no existe. Lo más adecuado es que cada colegio decida, porque los colegios son de los docentes, los padres y los alumnos que asisten a ellos», apuntó Mora.
Por su parte, los representantes de los docentes mostraron ayer una postura más dispar. El secretario provincial del sindicato de Enseñanza de CC.OO., Javier Delmás, se posicionó a favor de la medida anunciada por Caamaño. «Es lógico, en virtud de la libertad de todos. El problema es que la Delegación de Educación no sabe qué hacer en estos casos y lo deja en manos de cada centro, lo que puede generar un conflicto dentro de esa comunidad educativa. Aunque es cierto que en otros casos, hace ya años, dictó la retirada de los crucifijos de algunos institutos», declaró.
Para el sindicato de Enseñanza de CSI-CSIF, el hecho de que exista o no simbología religiosa en los centros es una cuestión que debiera dejarse en manos de la autonomía del propio centro. «Es innecesario que esta cuestión tenga que venir contemplada en una Ley cuando además la percepción que tenemos sobre el asunto no es en absoluto como problemática, salvo en casos puntuales», señaló su presidenta, Elena García.
Ésta también apuntó que hoy por hoy existen problemas más acuciantes en Educación sobre los que acometer medidas, antes que sembrar polémica sobre la presencia de crucifijos en los centros.
