Objeción de conciencia al Corpus

Cada día desde hace 15 años Ángel Torres, intendente jefe de la Policía Local en Vila-real (Castellón), se viste con su uniforme azul marino y afronta una jornada laboral no exenta de problemas de seguridad y de tráfico, en un municipio que ha superado ya los 50.000 habitantes.
 

Torres afirma que ha cumplido siempre con sus obligaciones, incluso con aquellas que jamás le gustaron y estaban reñidas con su conciencia, como tener que acompañar a los concejales en las procesiones religiosas. Sin embargo, esta vez ha dicho basta; el máximo responsable policial de Vila-real ha presentado una denuncia en el Juzgado número 3 de la ciudad contra el alcalde, Manuel Vilanova, y el concejal delegado de policía, Alejandro Amposta, por obligarle a asistir a la procesión del Corpus e incurrir en supuestas amenazas.


Torres, amparándose en el derecho a la libertad religiosa y en que el Estado es aconfesional, remitió un escrito el pasado 5 de enero a la Corporación municipal, gobernada por el Partido Popular, para que le eximiera de asistir a los actos religiosos. Como él mismo reconoce, le abrió los ojos la sentencia 101/2004 de 2 de junio del Tribunal Constitucional. El fallo daba la razón a un subinspector de la Policía Nacional, que alegaba vulneración de sus derechos al serle ordenada la asistencia a un acto religioso en Málaga. A pesar del antecedente judicial, y del oficio remitido al Ayuntamiento, el concejal de policía pidió hace dos semanas que formase en la procesión del Corpus junto a los ediles, los maceros y la banda municipal. Ángel Torres se negó y, según relata en el escrito de su querella, el edil le comunicó que debía asistir "de forma imperativa" a la procesión, aunque "podía quedarse" después "a la puerta de la iglesia" para reincorporarse con posterioridad. "Como si el problema fuera entrar o no al templo y la procesión no fuese un acto que atentara también contra mis creencias", asevera el jefe de la Policía Local, que por temor a la apertura de un expediente disciplinario decidió asistir al acto, aunque interpuso la denuncia. Una vez acabada la primera parte de la procesión optó por entrar en la iglesia porque a su juicio, "resultaba humillante quedarse a la puerta con todo el pueblo mirando" y allí comunicó al alcalde, Manuel Vilanova, que había presentado la denuncia. Fue entonces cuando según el jefe de la Policía Local, Vilanova le amenazó al espetarle que hasta la fecha le había "consentido muchas cosas", pero que a partir de ahora se iba "a enterar". Una advertencia que "repitió hasta en tres ocasiones".


Vilanova no quiso responder ayer a las acusaciones del mando policial. Sí lo hizo su jefe directo, el concejal Alejandro Amposta, quien aseguró que no había oído la conversación entre ambos, pero reconoció haber exigido a Torres que acudiera a la procesión "porque su obligación es acompañar a los miembros de la Corporación como sucede con los maceros o la banda municipal" y su "presencia vestido de gala es necesaria como señal de autoridad y protección". Para el concejal popular es "discutible" que por una cuestión de conciencia el jefe de la policía "no quiera acudir a una procesión", y anunció que el Ayuntamiento "hará con el responsable policial lo que corresponda hacer". Torres solicitaba calma ayer tarde tras asistir a una clase en la escuela de policías locales de L'Eliana (Valencia). No pretende ser un ejemplo para nadie ni quiere más conflictos, pero tampoco está dispuesto a que le obliguen a desarrollar actividades que, según entiende, le apartan de su cometido y conculcan sus derechos como ciudadano.

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