Vaya por delante que, como colectivo de personas y organizaciones en defensa de una educación pública, laica e inclusiva, defendemos la laicidad de las instituciones públicas como la mejor garantía para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones.
La actitud laica tiene dos componentes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. En este sentido, el laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones.
Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela, que debe quedar libre del proselitismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.
Pero esta separación iglesia-estado no se resolvió adecuadamente en la Transición. El paso de la escuela nacionalcatólica a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución, se impidió manteniendo unos Acuerdos con el Vaticano, heredados de las postrimerías de la dictadura franquista, que «obligan» a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado.
En un Estado aconfesional como el que hemos adoptado en la Constitución española, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica, como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista. Por eso, la Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias, que han de ser un asunto privado. Mantener la religión en la escuela provoca la segregación del alumnado, en función de las creencias de sus familias, vulnerando el Derecho a la libertad de conciencia. Por eso, coherentes con dicho principio mantenemos que la religión no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para la que debe ser educado libremente sin que le enseñen creencias que predispongan su mente a comportamientos que condicionen su personalidad desde la infancia.
Es indiscutible que el decreto que fija el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria convierte la clase de religión en catequesis, pese a que explícitamente afirme que huye de «la finalidad catequética o del adoctrinamiento». Enseñar dogmas religiosos no solo va en contra del pensamiento crítico y de la autonomía personal, sino que hay contenidos de ese adoctrinamiento y labor catequética que entran en franca contradicción con la razón, la ciencia y con derechos humanos, como la libertad de orientación sexual y la libertad de las mujeres o el origen de la vida y del universo, entre otros.
La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas que entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados por sexo, ni en función de las creencias o convicciones de sus familiares. Además, la Iglesia Católica niega reiteradamente los derechos de todas las personas, especialmente los de las mujeres, y defiende un modelo de familia patriarcal en la que los roles y estereotipos de mujeres y hombres nos recuerdan a épocas pasadas. La Educación en igualdad de niños y niñas no es compatible con estos dogmas religiosos, en donde la mujer es subordinada, dentro de un modelo sociedad patriarcal.
Una reciente encuesta llevada a cabo por la Facultad de Ciencias políticas de Grenoble, publicada por ‘Le Nouvel Observateur’ y ‘France Inter’ ha revelado que la religiosidad se traduce en un conservadurismo extremado y en una intolerancia en materia de costumbres. Según esta encuesta, cuanto más religioso se es, más se pone en cuestión la igualdad de hombres y mujeres o el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. El 41% de los jóvenes musulmanes más devotos, y el 29% de los católicos más practicantes, consideran que «la mujer está hecha ante todo para parir hijos y educarlos». Y el 47% y el 23% respectivamente considera que los homosexuales no son «como los demás».
Dado que la jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia que se imparte, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción, pensemos en qué tipo de doctrina está transmitiendo a través de las clases de religión.
La Escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas y la religión es una creencia entre otras muchas, por ende, su difusión debe realizarse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto.
Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. La religión católica tiene una carga horaria superior a la de contenidos tan importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social. De ahí que, desde Marea Verde por la Educación Pública y Lacia de León, invitemos a los padres y madres, especialmente a los creyentes, a que reflexionen y no matriculen a sus hijos/as en esa asignatura. Los centros deben de servir para aprender y no para creer. Las distintas religiones deben usar sus espacios propios de culto, y no la escuela, que debe educar en valores universales y posibilitar el acceso a los conocimientos científicos.
MAREA VERDE DE LEÓN POR LA ESCUELA PÚBLICA Y LAICA MARTA MADRUGA BAJO (FLORA TRISTÁN), OBDULIA DÍEZ ÁLVAREZ (LEÓN LAICA), ANA PARA CARMUEGA (PODEMOS), ENRIQUE DÍEZ GUTIÉRREZ (IZQUIERDA UNIDA) Y ENCINA GUTIÉRREZ IBÁN (COMISIONES OBRERAS)
