El anuncio de cierre del colegio Adolfo de Castro, octavo en lo que va de siglo, reactiva el debate sobre el impacto del descenso de natalidad, las preferencias de los padres y la presunta pasividad de la administración
«Si es que hay siete niños en el comedor, si hay clases con nueve chiquillos y eso juntándolos de distintas edades ¿cómo va a seguir abierto?», dice Lucía, una madre que no quiere dar su apellido, ni más detalles ni pararse, algo harta de la presencia de periodistas alrededor del colegio público Adolfo de Castro, el último en anunciar su cierre en la ciudad de Cádiz.
La directora, Sonia, tampoco quiere saber de declaraciones, opiniones o explicaciones, rehúsa. A la llegada de los medios de comunicación, la docente está en un corro formado por una decena niños, de apenas ocho años, que lee al aire libre en voz alta. Está trabajando.
Los chiquillos debaten la lectura, acompañados de cuatro ancianas del cercano centro de mayores que se pasan cada poco para realizar un ejercicio intergeneracional programado. Es una de las muchas actividades novedosas y alternativas de un centro con fama de aplicar técnicas pedagógicas de vanguardia, con prestigio y reconocimiento, «hasta huerto tenemos».
Las instalaciones parecen en buen estado, sobre todo el bloque de aulas, amplio y limpio. Las pistas deportivas, dos, lucen remozadas como patios abiertos, soleados y azules. Un apartado contiguo, a un nivel inferior, concentra columpios y toboganes para los más pequeños, también en muy buen estado.
«Esto está estupendo, mira, mira, todo está perfecto. Pero para qué, si no hay niños. La gente no los trae, se los llevan a otros colegios y ya no podemos aguantar más», dice José Manuel señalando airado desde la puerta al recoger a su hijo.
El centro está en la linde imaginaria de dos barrios, Cerro del Moro y Loreto, aunque en Cádiz esas fronteras son invisibles e inservibles porque tienen pocos metros de grosor. Al otro lado de la acera de acceso, el gran solar que acogiera la factoría de Construcciones Aeronáuticas. Ahora espera el nuevo hospital Puerta del Mar en algún momento del siglo XXI.
El origen del conflicto está claro: no hay niños. El descenso de la natalidad provocaba que el pasado septiembre hubiera sólo cuatro solicitudes para 25 plazas de Educación Infantil (de tres a seis años). El derrumbe de los nacimientos todavía tendrá peores consecuencias el próximo verano.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que en 2021 nacieron 150 niños menos que en el año anterior y los de esa quinta serían los encargados de llegar en septiembre de 2024. Si el año pasado fueron cuatro, el riesgo de llegar a cero es alto.
David Morilla, delegado del sindicato independiente Ustea, da una de las primeras claves: «El sistema de escuelas concertadas se creó cuando había muchos niños, después del baby boom de los años 60, como un complemento a la educación pública pero ahora no tiene sentido, habría que eliminarlas pero nadie se atreve, hay mucho dinero en juego. En vez de quitar los centros accesorios, los concertados, dejan morir la base, los colegios públicos».
Ese es el epicentro del pequeño terremoto educativo que ha sacudido, por octava vez en el siglo XXI, la ciudad de Cádiz en los últimos días de este pasado mes de enero. Otro colegio público, el Adolfo de Castro, que muere, víctima de la inercia social y educativa que los tumba. Un centro público que cierra la cancela para siempre tras ver que sus aulas, sus comedores, todos sus servicios, se quedan vacíos. Sus pocos alumnos serán reubicados en el cercano Fermín Salvochea, irónicamente, en la avenida de la Sanidad Pública.
La administración, la Junta de Andalucía, se había visto obligada incluso a crear aulas combinadas con críos de distintas edades (de 3 a 8 años, juntos porque no suman ni 20) como en las zonas rurales de la llamada España vaciada. Pero la fórmula no es práctica, lógica ni rentable a medio plazo. De hecho, «muchos padres se quejan porque creen que los niños, sobre todo los mayores, van a salir perjudicados en su progreso, en su educación. A muchos no les gusta».
Los padres temen que esa situación de falta de alumnos, progresiva y creciente, acabe con más clases mezcladas, con la eliminación de muchas prestaciones más, desde asignaturas complementarias a servicios de conciliación (aula matinal, comedor…) que ya no son posibles para grupos de menos de una decena de alumnos.
La Consejería de Educación se aferra a un dato incuestionable: «El cierre del colegio Adolfo de Castro lo han pedido los padres»
Cuando se acumulan muchos meses, «varios cursos ya», las propias familias, solicitan desde el consejo escolar que sus hijos sean aceptados en otro colegio vecino y se cierre el actual. Tratan de garantizar que «vayan a recibir una educación normal».
La Delegación de la Consejería de Educación en Cádiz, a través de sus fuentes oficiales, insiste en recordar que «el cierre del colegio Adolfo de Castro lo han pedido los padres». Así es. Nadie lo niega. El procedimiento administrativo y las causas demográficas están claras. La planificación y los métodos que llevan a esta situación, no tanto.
Los defensores de la escuela pública denuncian privilegios para los centros concertados, religiosos en la inmensa mayoría de los casos. Los números dicen que no ha cerrado ninguno en los 24 años del siglo XXI en Cádiz, por los ocho públicos que ya son cadáveres de hormigón o recuerdos.
Afirman estos nuevos «indignados» que todos los recursos van para esos centros que combinan presupuestos públicos con gestión privada, que cada vez son más atractivos y cómodos frente a unos públicos «asfixiados, a los que se deja morir», afirma otra delegada sindical de Ustea, Inmaculada Llorens.
La Asociación Provincial de Escuelas Católicas, de Cádiz lo niega. Asegura su dirección que durante los últimos años han tenido que cerrar líneas (aulas) de distintas edades por falta de alumnos, que el derrumbe de natalidad también les afecta. Afirman, además, que su existencia garantiza el derecho de los padres a elegir en libertad una educación religiosa.
«Si la tendencia de cierres se mantiene serán otras familias las que no tendrán libertad para elegir escuela laica. No habrá»
Llorens, profesora y sindicalista, le da la vuelta a ese argumento: «Si esta tendencia de cierres se mantiene, porque van a venir más, serán otras familias las que no tendrán libertad para elegir la escuela laica, colegios públicos. No habrá».
Isabel, una veterana profesora de instituto en Cádiz que prefiere no dar su apellido porque «en la Consejería de Educación te cogen la matrícula rápido» pronostica un futuro negro. «Cada vez hay menos recursos para los centros públicos, cada vez son menos atractivos, los dejan caer, no tienen alumnos, no dejan de cerrar, cada vez más padres van a la concertada».
«Al final quedarán unos poquitos públicos que funcionarán como guetos porque la concertada no quiere a según qué alumnos conflictivos, a según qué inmigrantes, a niños con problemas de salud mental o discapacidades. Dentro de pocos años, a la pública irán sólo los que no son aceptados en la concertada, los que no tienen alternativa», detalla.
Los motivos por los que tantos padres prefieren la concertada aparecen difusos, según Morilla: «Está extendida la idea de cierto elitismo, de que los hijos conocerán a compañeros que les permitirán una especie de ascenso social por contactos, por amistades, en vez de conseguirlo por méritos. Es una idea falsa y antigua. Mis hijos están en la pública y allí van hijos de profesionales de todo tipo: abogadas, arquitectos, sanitarias, técnicos de todo tipo».
Antonio, un abuelo que recoge a su nieto en la puerta del Adolfo de Castro y oye la conversación introduce un ejemplo llamativo: «Este barrio, el Cerro del Moro, siempre ha sido de gente obrera, humilde, ya no hay nada de aquello de la droga de hace 40 años pero siempre ha tenido sus dificultades. Pues con todo y con eso, casi todos los niños del barrio están en el Amor de Dios, que es religioso, cuando eso antes no era normal para los menos pudientes».
La creación del distrito único hace unos años -media otro docente en la charla- «tampoco fue buena idea porque eliminó aquello de puntuar, baremar, mejor a los niños que vivían más cerca del centro. Ahora, cualquier familia puede irse a cualquier colegio, y casi siempre concertado, en vez de ir al de su barrio».
Cuando se le dice que puede ser por cercanía, por comodidad, responde con un argumento imbatible: «Que no me vengan con ese rollo, que está igual de cerca el Amor de Dios que el Adolfo de Castro pero uno está lleno de niños y el otro tiene que cerrar porque nadie los trae».
«Igual de cerca del barrio está el Amor de Dios que el Adolfo de Castro pero uno está lleno de niños y el otro tiene que cerrar porque nadie los trae»
Montse Quintero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Flampa Gades, ya ha resumido antes la situación que afecta al colegio que cierra, similar a la mayoría de los otros siete clausurados en 23 años.
Ha recordado en diversas ocasiones cómo se repite el proceso: “Técnicamente, el colegio no lo cierra la Junta de Andalucía” porque lo piden los padres. Otra cosa es que se deje morir un centro público sin mover un dedo. «La Consejería se beneficia de que haya sido una decisión del consejo escolar para no quedar como causante”.
«Detrás de cada pupitre que se retira, detrás de un colegio o instituto público que se cierra hay un barrio que muere un poquito», señala Flampa Gades en sus protestas periódicas. Morilla amplía este lamento, dice que el daño va más allá de lo educativo: «Es el cole de tu barrio lo que cierra y pierde toda la comunidad, las tiendas del entorno, la vitalidad de las calles. Los niños tienen que desplazarse ahora a otro centro y eso hace que los intinerarios sean menos seguros, que se gaste más y se contamine más en los desplazamientos».
El departamento de prensa de la Consejería de Educación en Cádiz insiste. Nadie la saca de su atalaya incontestable y verdadera: «La Junta no cierra nada, lo piden los padres, los propios centros, los profesores que velan por los niños».
Antes que el Adolfo de Castro corrieron esa misma suerte Capuchinos (reconvertido en instituto La Caleta) y Arbolí (2003) en el centro de Cádiz. Eduardo Benot, Carmen Jiménez o Manuel de Falla, entre otros, en Extramuros.
Los representantes políticos son conscientes del impacto de estos cierres entre los ciudadanos, en el entorno de los centros. Mientras profesores y sindicalistas hacían declaraciones y tomaban fotografías ante el colegio Adolfo de Castro este pasado jueves, apareció el alcalde de Cádiz, Bruno García, en una visita particular y privada.
«Quiero conocer la situación sobre el terreno. Son unas instalaciones municipales», recordó. Aunque oyó las quejas y denuncias de algunos contrarios al cierre del centro, evitó entrar en el debate sobre el binomio entre educación pública y educación concertada.
Ángel Fernández, de Izquierda Unida, también se añade a la discusión pública y resalta «desmantelamiento que, año tras año, la administración andaluza hace de líneas ofertadas en centros públicos, mientras mantiene y aumenta las de la concertada”.
«Finalmente se consuma el cierre de otro colegio público más en la ciudad de Cádiz, algo que denunciamos a mediados de diciembre”, afirma el responsable provincial de Educación. «Este cierre estaba siendo barajado por la Junta desde hace tiempo y se ha provocado a sabiendas, ya que en los últimos años se han ido cerrando líneas del Adolfo de Castro sin tocar ni una sola de la concertada más cercana”.
Frente a esta situación, el área de Educación de IU Cádiz advierte que la próxima campaña de escolarización 2024/25 en la ciudad va a contar con 150 niños menos por la bajada de la natalidad, por lo que anuncia que estarán “vigilantes para que la Consejería de Educación oferte las mismas plazas en la escuela pública que en la campaña anterior, tanto en las líneas de Infantil como de Primaria, para que no tengan el atrevimiento de volver a meter la tijera del recorte por la pública”.
Destaca, finalmente, que “si esa bajada de natalidad conlleva que se queden plazas vacantes, la administración debe absorberlas en las que oferte a través de sus propios centros públicos y, en coherencia, rescindir paulatinamente los conciertos con la privada”. Para Fernández, “no tiene sentido que se cierren plantas de los hospitales públicos y se paguen conciertos millonarios a centros hospitalarios privados, ni lo que hace la Consejería de Educación con la escuela en Cádiz, que en definitiva es lo mismo”.
David de la Cruz, que fuera candidato a la Alcaldía y ejerce de portavoz en el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana añade que «el cierre de un colegio público siempre es una tragedia para una ciudad. Por lo que significa, por la vida que ofrece al barrio, por el futuro que se abre en él. En Cádiz van ocho en 25 años y todos, absolutamente todos, son públicos».
David de la Cruz: «Mientras se cierra la puerta a una educación plural, la Junta mantiene conciertos millonarios con empresas privadas para que se beneficien los de siempre»
A pesar de la presencia del alcalde en el centro, entiende que Bruno García «no ha intentado impedirlo. Permanece callado ante este nuevo ataque a la ciudad y a la educación de nuestros niños. Sigue impasible mientras la Junta asesta otro golpe a Cádiz. Y no sé cuántos van ya. Ocho colegios públicos cerrados en 25 años en Cádiz».
«Mientras se cierra la puerta a una educación plural y diversa, la Junta de Andalucía mantiene conciertos millonarios con empresas privadas para que se beneficien los de siempre. Porque este maltrato se trata de una estrategia clara: desmantelar todo lo público. Buscar el beneficio privado hasta con los derechos fundamentales».
De la Cruz asegura que estas clausuras afectan a muchos trabajadores: «También deteriora los comedores escolares, sube las tasas por aula matinal y extraescolares, cada vez pone más problemas para reforzar personal. Por eso, exigimos a la Junta que frene el destrozo en la escuela pública. Y al alcalde, una vez más, que mire por la ciudad antes que por su partido».
Alegato de la concertada: «No nos gusta ningún cierre y no somos privilegiados»
Manuel Holgado es, hasta mayo, el presidente de la Asociación Provincial de Escuelas Católicas de Cádiz. Aunque jubilado en Salesianos desde diciembre, asume la representación del colectivo hasta mayo, cuando cederá el relevo.
Los presuntos privilegios, la preferencia de los padres, hacia la escuela concertada aparecen en todas las críticas por el cierre de centros públicos. Holgado recuerda la situación administrativa antes de negar esa vinculación: «La escuela de titularidad pública y la concertada, sostenida con fondos públicos, son parte del sistema educativo público de Andalucía, según la Ley de Educación de 2007. La programación de la educación andaluza se debe hacer -según dice esta norma- teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados».
Aunque en la ciudad de Cádiz, de forma excepcional, la tasa es considerablemente mayor, el responsable de las escuelas católicas detalla que «la educación concertada en Andalucía supone menos del 20% del total de la oferta educativa y forma parte orgánica del mismo».
La acusación de privilegio por parte de la Junta tampoco se sostiene para Holgado: «La dotación económica para la concertada, en el apartado de otros gastos -el que cubre las necesidades de mantenimiento, limpieza, administración y servicios- es inferior al 50%, según un estudio independiente realizado por especialistas universitarios. No considero que a la escuela pública se le esté dejando morir desde la administración, otra cosa es que en la ciudad de Cádiz el número de centros públicos esté disminuyendo».
El presidente de los centros concertados niega que estos colegios, generalmente religiosos, sean «un complemento al sistema educativo público. En ningún momento han sido subsidiarios del mismo. Ninguno de los centros gaditanos, por ejemplo, es posterior a 1970, todos tienen más de 50 años, son parte de la iniciativa de la sociedad, la mayor parte de ellos se acogieron a distintos sistemas de subvenciones en los años 60, durante el desarrollismo y del crecimiento exponencial de la población y de la escolarización».
Recuerda que «con la llegada de la LODE (1985), estas subvenciones se convirtieron en conciertos y el aumento de la escolarización en Infantil en la década de los 90 y principios de los 2000 propició que las escuelas privadas accedieran también. Los centros concertados no existen para acoger a los alumnos que la escuela pública no podía acoger. Existen porque diversas entidades sociales y la propia sociedad ofertan un modelo educativo específico».
Manuel Holgado defiende que la oferta educativa se haga «compatible con la libertad de las familias de elegir el modelo que quieren para sus hijos y de los centros para ofrecerlo. Si una familia tiene que pagar por hacer uso de esa libertad, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, ya está condicionada por el poder adquisitivo de cada uno».
«El descenso de la natalidad afecta a todos los centros, desde hace años. Casi todos los centros concertados no cubren todas las plazas ofertadas, aunque mantienen una relación alumno-aula superior a la de los públicos. La concertada en Cádiz ha perdido también líneas educativas, en el momento en el que un centro no cubre las necesidades de escolarización, se le rescinde el concierto para ese aula y luego eso se manifiesta en la pérdida de la línea, o incluso su cierre del centro».
«Desde hace más de 10 años, hemos pedido en diversos foros que se analice la situación específica de Cádiz, en relación al número de alumnos-aula, esto no es nuevo. No nos gusta que se cierre ninguna escuela; cuando eso ocurre, no es bueno ni positivo, ni para el barrio y ni para la ciudad, comprendemos que hay que buscar otras soluciones, pero es evidente que estas no pasan por limitar la libertad de las familias para llevar a sus hijos al centro que desean, ni tampoco de los centros para ofrecer su modelo educativo».
