Algunos piensan que sin los documentos uruguayos no se les habilita la inscripción educativa.
Un nuevo estudio de la Universidad Católica y Acnur revela que el desconocimiento y la falta de información vulnera los derechos de quienes llegan a Uruguay en busca de una protección
“Los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, a la que concurren haciendo uso de un mismo derecho, se acostumbran a considerarse iguales”. José Pedro Varela, el reformador de la educación uruguaya en el último tramo del siglo XIX, era de resumir en frases las motivaciones para una enseñanza sea laica, gratuita y obligatoria. Y aunque sus detractores alegaban cierto exceso de dulzura en aquellas frases, lo cierto es que sus postulados calaron tan hondo que acabaron siendo distintivos de la sociedad uruguaya. Tanto que, debajo de la túnica blanca y las moña azul, las diferencias se desvanecen.
Pese a esa gratuidad, laicidad y obligatoriedad, casi la mitad de los niños o adolescentes refugiados recientes, solicitantes de refugio o con motivos fundados para pedir el cobijo del Estado —como algunos de los venezolanos que llegaron durante la emergencia sanitaria— no se encuentran escolarizados ni asisten al liceo. “Las razones esgrimidas varían desde el hecho de encontrarse recién llegados al país, no contar información sobre el sistema educativo uruguayo, la falta de documentación requerida (aunque el sistema permite la inscripción y luego la puesta a punto administrativa) y la falta de recursos para cubrir los costos de la educación”, revela una reciente investigación de la Universidad Católica del Uruguay encomendada por la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur).
El dato de desescolarización sorprendió a los investigadores, quienes manifestaron en sus conclusiones que existe “un desconocimiento del sistema educativo uruguayo gratuito, con acceso a materiales y comida para los niños más vulnerables, así como desconocimiento sobre (los requisitos para) la inscripción”.
Ese mismo desconocimiento, aunque en menor medida, acontece en el sistema sanitario: casi una quinta parte de los encuestados para la investigación académica respondió que no tiene acceso a la cobertura de salud en la actualidad. Aunque en este punto, además de la falta de información, los investigadores identificaron que “la demora en el trámite de obtención de la cédula de identidad, que se vio acrecentado aún más con la pandemia, retrasa el ingreso al mercado laboral formal y por ende a la cobertura de salud”.
Según la doctora en Historia y magíster en Inmigración Silvia Facal, quien coordinó el estudio, la investigación muestra “diferencias significativas” entre los migrantes que residen en Montevideo y aquellos que lo hacen en el interior. “A través de la encuesta de semilla a más de 500 personas (técnica que consiste en que una personas recomienda a otra y así se va configurando un entramado de entrevistados) hemos detectado que en el interior hay empleadores que no cumplen con todas las obligaciones laborales y que saben hasta cuándo son las inspecciones de Trabajo para evitar una multa”, explicó.
En ese sentido, las condiciones laborales y el acceso a la vivienda son las vulnerabilidades más recurrentes que aquejan a los recién llegados. La quinta parte manifiesta haber padecido discriminación en el ámbito laboral. Casi siempre era por su nacionalidad de origen (con expresiones del estilo: “Ustedes, los extranjeros, vienen a sacarnos el trabajo”), en menor medida por la edad, la religión o el idioma.
Uruguay pasó a ser desde 2015 un punto de relevancia de solicitantes de refugio. A los conflictos más políticos (como en Cuba o Venezuela) y los riesgos de seguridad (como en Colombia o en el Triángulo Norte de Centroamérica), se sumaron rusos víctimas de persecución sexual, africanos que escaparon al acoso religioso y bengalíes con disputa ética y climática. Fue tal el crecimiento que Acnur estima en más de 26.000 el público de interés en Uruguay para esta agencia de Naciones Unidas.
“La pandemia de covid-19 ha aumentado sus vulnerabilidades y necesidades en los 10 departamentos estudiados”, dice el estudio que demostró que la mayoría de los recién llegados residen en pensiones o alquileres de habitaciones en los primeros meses de acogida. El 91% desconoce los planes de vivienda, incluso cuando, en promedio, se trata de una población más formada que la uruguaya.
Porque más del 40% cuenta con educación terciaria (en comparación al 12,3% de la población nativa). Muchos de ellos llegan con formación en áreas de especial escases de mano de obra uruguaya: la quinta parte de los profesionales son ingenieros o con títulos similares, el 10% tiene especialidad en informática y el 7% tiene carreras de la salud como enfermería y medicina.
Los trabajos que realizan en Uruguay, sin embargo, no siempre van de la mano con esa clasificación y la pandemia agravó esa brecha. De hecho, la encuesta de la Universidad Católica advierte que dos tercios perciben que su salario no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, aunque en su mayoría dicen recibir lo que les prometieron.
Y en esas promesas vuelve, otra vez, el desconocimiento de las leyes locales. Casi el 40% admite no cobrar por concepto de horas extras de trabajo y el 12% no cuenta con acceso a sus recibos de sueldo. Por eso, una de las principales conclusiones del estudio es que «se hace necesario que la población de interés pueda tener un mayor acceso a la información necesaria no solo para acceder a la documentación uruguaya sino también para tener garantizados sus derechos de acceso a un trabajo formal, vivienda digna, salud integral, estudios e inclusión financiera».
