La Conferencia Episcopal publica una «declaración» advirtiendo contra la prohibición de los símbolos religiosos.- «Sería suicida para la cultura», dice su portavoz
«Suicidio cultural», «persecución religiosa», «desertización de la vida pública». El Gobierno ya sabe cómo se van a tomar los obispos la anunciada reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 para regular, entre otras cosas, la presencia de símbolos religiosos de todo tipo en los espacios públicos, entre otros el crucifijo cristiano. La guerra será total, como en el pasado. Este mediodía lo ha insinuado sin tapujos el portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino. Además de sostener que Europa pudo «abrirse» al principio de la libertad religiosa «gracias precisamente al cristianismo», el portavoz de los prelados ha sentenciado que el crucifijo es más que un símbolo religioso. Prohibirlo en la esfera pública «es ir en contra del crucifijo», ha añadido. Pese a todo, ha dicho desconocer las intenciones del Ejecutivo socialista sobre el tema. Según sus noticias, «ni siquiera hay un borrador de ley que el Gobierno haya hecho suyo, mucho menos un anteproyecto o un proyecto». «Cuando existan, los valoraremos», ha agregado.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó el pasado día 10 a Roma para entrevistarse con el Papa Benedicto XVI y analizar con los principales responsables del Gobierno vaticano una próxima reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Anunciada varias veces por el Ejecutivo, dicha reforma se ha pospuesto año tras año. Los obispos están convencidos de que, si se produce, conocerán ese proyecto antes de hacerse público oficialmente, incluso en sus primeros borradores. Ese sería el compromiso asumido desde el Ejecutivo.
Mientras se concreta ese texto legislativo, los obispos adelantan o reiteran criterios, condenas y advertencias. La llamada guerra del crucifijo es controversia que viene y va, con los mismos argumentos, como si no pasaran los años. Esta vez, sin embargo, la disculpa para resucitarla tiene alcance internacional. Se trata de que el próximo día 30 se inicia el debate en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del llamado caso Lautsi contra el Estado italiano.
La Corte europea sentenció el 3 de noviembre de 2009 en favor de Soile Lautsi, natural de Abano Terme (Padua) y madre de dos hijos, en una demanda contra la República de Italia por «injerencia estatal incompatible con la libertad de convicción y de religión, así como con el derecho a una educación y enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, que suponía la exposición de la cruz en las aulas del instituto público al que asistían sus hijos». El Estado italiano recurrió el fallo, apoyado ahora por 22 conferencias episcopales nacionales, entre otras la española. Toca ahora una resolución definitiva del famoso caso.
Lo que ha hecho esta mañana la Comisión Permanente del episcopado español, presidida por el cardenal Antonio María Rouco, es unirse al clamor conjunto de la inmensa mayoría de las conferencias episcopales europeas y de «otras instancias tanto estatales como sociales de todo el Continente», con una declaración oficial que parece querer preparar a la opinión pública ante una probable ratificación de la sentencia.
Los prelados titulan su proclama como Declaración sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa. «Reunida cuando se espera una próxima resolución de la Corte europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales, [la Conferencia Episcopal Española] desea subrayar la importancia de la cuestión para las convicciones religiosas de los pueblos y para las tradiciones culturales de Europa», dicen los obispos en el primer párrafo. Añaden: «Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes. En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz representa la salvación y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie».
Más tarde, en la rueda de preguntas, el portavoz de los obispos ha tenido que puntualizar la afirmación de que el cristianismo ha abierto el camino en Europa «al principio de la libertad religiosa». Se le ha preguntado que eso no ocurrió hasta que el Concilio Vaticano II proclamó en 1965 que la libertad religiosa y de conciencia era uno más de los derechos humanos. La respuesta del prelado auxiliar del cardenal Rouco ha llegado titubeante, como si le hubiera sorprendido ser interpelado sobre pasadas persecuciones y guerras de religión para frenar todo tipo de libertades sociales e individuales.
La cruz y la libertad en España
Se ha dicho que los españoles han ido siempre, en el pasado, detrás de los curas, unas veces con el incensario y otras con el palo. Es también la historia de Europa. Voltaire calculó que la religión había causado ya en su tiempo doce millones de muertes. Era la consecuencia de una trayectoria terrible, que los cristianos, primero perseguidos, después perseguidores, también han pagado con decenas de miles de mártires. Por lo que se refiere a España, no se sostiene la afirmación del portavoz de los obispos de que el cristianismo y el crucifijo abrieron el camino hacia la libertad religiosa y de conciencia, y hacia la democracia. No hay historiador de buena fe que sostenga esa afirmación. Más bien, al contrario. Casi todas las libertades públicas y privadas se han logrado aquí con la oposición, a veces agresiva, de la jerarquía del catolicismo.
El monopolio católico fue un lugar común en España hasta 1966, cuando la dictadura franquista y los obispos asumieron de mala gana el mandato del Concilio Vaticano II de separación Estado-Iglesia y sobre la libertad de conciencia como un derecho humano fundamental. Hasta entonces, estuvieron proscritas y perseguidas con saña, por la Inquisición y el Estado, las demás confesiones. La Conferencia de Metropolitanos, que es como se llamaba entonces la Conferencia Episcopal, había emitido poco antes una pastoral de protesta por la «relajación» de la dictadura nacionalcatólica ante el «proselitismo protestante». Error de la libertad de cultos, se titulaba. Los prelados le recordaban al caudillo Francisco Franco que era su principal deber «el vigilar por la pureza de la fe» y que «la tolerancia de cultos no es una cuestión meramente política, sino dogmática y de derecho público». Este sorprendente documento figura todavía en la colección de Documentos Oficiales de la Conferencia Episcopal Española.
Todavía ejercen algunos pastores protestantes que sufrieron cárcel en esos años. Lo peor era el ambiente hostil que percibía la sociedad hacia otras religiones, como consecuencia de las enseñanzas del clero católico en las escuelas. En sus memorias, el cineasta Luis Buñuel lo cuenta así: «Durante los 13 o 14 primeros años de mi vida, nuestro odio corporativo se centraba en los protestantes, por instigación maligna de los jesuitas. En una ocasión, durante las fiestas del Pilar, llegamos a apedrear a un infeliz que vendía Biblias por pocos céntimos».
La primera guerra del crucifijo se desató en España en 1977, cuando aún persistía en España la intransigente coalición de la sala de guardia y la sacristía. Franco, caudillo y cruzado nacionalcatólico, había muerto dos años antes y el presidente de las nuevas Cortes, Antonio Hernández Gil, retiró el crucifijo de su despacho oficial. Aún resuenan las execraciones contra el honorable jurista y confeso católico.
El portavoz de los obispos ha parecido volver al pasado cuando este mediodía se le ha pedido que comentase el párrafo de la declaración oficial sobre las consecuencias de una hipotética prohibición de los símbolos religiosos en las escuelas públicas y otros espacios oficiales, como cuarteles, hospitales, o cuando los ministros juren su cargo ante el Jefe del Estado en presencia de un crucifijo aunque el alto cargo sea ateo o de otra religión. «Ese vacío será llenado por otros símbolos», ha dicho.
En su opinión, un pueblo «no puede vivir sin símbolos», y algunos de esos símbolos, si desaparecen los cristianos, no serán «benéficos». Este es el polémico texto de la declaración episcopal sobre el asunto: «Ponerse en contra de los símbolos de los valores que modelan la historia y la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras ofertas culturales, no siempre benéficas, y cegar las fuentes básicas de la ética y del derecho que se han mostrado fecundas en el reconocimiento, la promoción y la tutela de la dignidad de la persona».
