El Ejecutivo la limita a colegios públicos pero los socialistas pactaron con ERC que se extendiera a los concertados. La transacción firmada por el PSOE cambió la expresión «centros públicos» por «centros escolares».
Jarro de agua fría desde el Gobierno a la iniciativa pactada el miércoles entre el PSOE y ERC para eliminar los crucifijos de los centros escolares. El Ejecutivo rectificó ayer sobre la marcha la transacción firmada por el Grupo Socialista en el seno de la Comisión de Educación del Congreso, y dijo que la decisión no afectará a los centros concertados. Nuevo capítulo del debate sobre los símbolos religiosos entre el sector más laicista del socialismo y quienes defienden la autonomía de los centros y el respeto a las creencias; entre quienes pretenden reformar ya la Ley de Libertad Religiosa y quienes prefieren guardarla, de momento, en el cajón del olvido.
Lo aprobado en la Comisión de Educación del Congreso por el Grupo Socialista y las reacciones de ayer desde el Gobierno ponen de nuevo al descubierto las distintas sensibilidades del PSOE a este respecto. No es extraño porque hasta los republicanos, impulsores de la iniciativa, se sorprendieron de la disposición del PSOE a firmar una enmienda que iba más allá de su propuesta inicial, en la que la medida se quedaba exclusivamente en la escuela pública.
Una compensación
El independentista Joan Tardá lo verbalizó así durante el debate que tuvo lugar en la comisión: «Entiendo que si el Partido Socialista ha hecho este movimiento es porque tiene voluntad política de ejecutarlo, porque no tenía ninguna necesidad de llegar a este acuerdo con los republicanos con la que está cayendo». ERC entendió que la voluntad de acuerdo del PSOE era una compensación a la izquierda parlamentaria por el retraso «sine die» de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa que anunció el Ejecutivo. Pero lo que no llegó a comprender es por qué los socialistas aceptaron sin discusión la transacción en la que se cambió deliberadamente la expresión centros públicos por la de «centros escolares» sin establecer límites. Los republicanos no daban crédito.
El caso es que ayer hubo dudas sobre si el diputado del PSOE que firmó la transacción, Tomás García, era consciente realmente de lo que rubricaba. Y la conclusión en las filas socialistas y fuera de ellas fue unánime: «No tenía ni idea. Tardá le metió un gol por toda la escuadra». De hecho cuando García tomó la palabra en la comisión para leer el acuerdo que había alcanzado con el republicano lo hizo en los siguientes términos: «El Congreso insta al Gobierno a trasladar la influencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del artículo 9 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, desde el principio de neutralidad ideológica y religiosa del Estado, y especialmente en lo relativo a los centros escolares públicos». «Lo de ‘‘públicos’’ no lo pone», se escuchó en la sala. Era la convergente Mercé Pigem, porque, en efecto, el original del texto decía «centros escolares» (véase manuscrito adjunto).
El asunto dio ayer, como no podía ser de otra forma, para mucho. Y el Gobierno tuvo que salir a rectificar a su propio partido. Primero, el titular de Educación, Ángel Gabilondo, que dijo que había que tener en cuenta la aconfesionalidad del Estado, pero también el artículo 16 de la Constitución, que obliga a respetar las creencias religiosas de la población. «Espero, deseo y estoy seguro de que la Ley de Libertad Religiosa tendrá en cuenta el artículo 16 », afirmó.
Más claro fue el titular de Justicia, Francisco Caamaño, para quien la retirada de crucifijos de los colegios deberá contar con el «máximo consenso». De hecho no aclaró si esta medida se incluirá o no en la Ley de Libertad Religiosa, pero sí dijo que el «ideario» de los colegios «tiene que proyectarse de alguna manera». Más claro el agua: los colegios con una creencia religiosa mantendrán los crucifijos. Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aclaró que la retirada de crucifijos «no está en la agenda del Ejecutivo», informa Ep.
Tan clamorosas fueron las matizaciones que se introdujeron desde el Gobierno a lo aprobado por el PSOE que hasta el socialista firmante de la proposición no de ley, Tomás García, tuvo que decir que será el Ejecutivo el que decida a qué tipo de colegios afectará la iniciativa. El diputado defendió que lo aprobado se refería, en principio, a «los centros públicos», pero el republicano Tardá tuvo que recordarle que el documento que él mismo firmó hablaba de «todos los centros escolares» y que esto estaba tan claro que hizo que el PP y CiU votaran en contra de la propuesta. «Todos sabíamos lo que votábamos», aseveró el diputado de ERC. Todos, menos, al parecer, el diputado del PSOE.
«Entiendo –relató Tardá a este periódico– que existan contradicciones en el PSOE, pero espero que la parte más izquierdista de este partido haga entrar en vereda a la parte instalada en el Gobierno, que defiende que debe ser el colegio el que tenga la última palabra. Pues no, eso no es lo que dijo el Parlamento». Cierto, pero lo que dijo el Parlamento es una proposición no de ley, y no es vinculante para el Ejecutivo, que tendrá la última palabra. Para ello aún falta, pues en el Consejo de Ministros hay opiniones para todos los gustos. Los que creen que hay que poner la religión en su sitio y quienes defienden que se dejen las cosas como están y no se abran más frentes. Mucho menos con la que está cayendo.
