En el 50º aniversario de su muerte, el caso del obispo de Calahorra-La Calzada Fidel García Martínez, perseguido por la dictadura por antinazi y disidente, da un giro dramático: el Archivo Secreto del Vaticano parece confirmar que, además de Excelencia Reverendísima, era un mortal pecador
Se cumple medio siglo desde la muerte de Fidel García Martínez (Soto y Amío, León, 1880-Logroño, La Rioja, 1973), que fue obispo de la diócesis de Calahorra-La Calzada y una de las figuras más peculiares, y relevantes, de la Iglesia católica española del siglo pasado. Víctima de persecución por el franquismo, por su decidido antinazismo y su reticencia con el régimen, también lo fue por prostituir a mujeres.
La desclasificación de los documentos del papado de Pío XII, ordenada por el papa Francisco, ha revelado que la trama persecutoria de policías, Servicio de Información Militar y jerarquía eclesiástica contra él tenía una base real. Favorito para el Vaticano desde su brillante intervención en el XXVIII Congreso Eucarístico Internacional de Chicago de 1926, impuso su presencia como representante de la jerarquía española en el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Barcelona en 1952, e incluso, diez años después de su renuncia al obispado, en las sesiones del concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, en el que, a sus 84 años, “destacó entre los prelados españoles, por la independencia y lucidez de sus intervenciones”, especialmente las relativas a la libertad religiosa, a la que se resistían la mayor parte de obispos españoles, el respetado teólogo, “don Manolo” –’nombre de guerra’, según el atestado policial– se vestía de civil tras las sesiones del Congreso Eucarístico de Barcelona y se iba al cabaret Copacabana acompañado por las chicas de la casa de prostitución conocida como La Coronela.
Su biógrafa principal, María Antonia San Felipe, historiadora e investigadora del Instituto de Estudios Riojanos, es autora de Una voz disidente del nacionalcatolicismo. Fidel García Martínez, obispo de Calahorra y La Calzada (1880-1973), de 2014, que documentaba la conspiración franquista contra el obispo, ha sido también quien ha descubierto en los registros desclasificados del Archivo Secreto del Vaticano, hoy llamado Archivo Apostólico Vaticano, la documentación policial sobre el obispo, que fue sorprendido en un piso de Barcelona en el que “se practicaba la prostitución, semidesnudo y en compañía de mujeres y menores”, así como la correspondencia y trámites tanto con el arzobispo de Barcelona, Gregorio Modrego y Casaus, como con el nuncio del Vaticano en España, Gaetano Cicognani, y la de éste con Domenico Tardini, secretario de la Sagrada Congregación para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios del Vaticano. Lo que, para la historiadora, “no deja lugar a dudas” que lo que se creía patraña franquista fue una realidad.
García Martínez estuvo en el radar de la dictadura desde siempre, a pesar de ser uno de los 46 prelados firmantes de la Carta colectiva de los obispos españoles, de 1 de julio de 1937, escrita por el primado de España, Isidre Gomà i Tomàs, a instancias y quizá sobre el borrador del propio Franco. Gomá utilizó el nombre de ‘cruzada’, que había inventado para referirse al golpe del 18 de julio de 1936 y la posterior guerra civil desencadenada por los sublevados y del que se habían apropiado los golpistas para su propaganda –como lo hicieron con el término de ‘nacionales’, con el que los republicanos se referían a sí mismos para diferenciarse los extranjeros nazis y fascistas aliados de los agresores–. El secretario de Estado de Pío XI, el cardenal Pacelli, luego Pío XII, tachó el ‘invento, así como los excesos del entusiasmo episcopal por el Movimiento y por la figura de Franco, y, tras retenerla unos meses, finalmente autorizó la Carta ante la división de la comunidad y jerarquías católicas de todo el mundo por la guerra de España.
No fue, pues, de la exigua minoría de obispos antifranquistas que se negaron a firmarla –en realidad, dos: el arzobispo de Tarragona, el también cardenal primado Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, y el de Vitoria, Mateo Múgica Urrestarazu, ambos perseguidos y en el exilio–, pero nunca formó parte de la Iglesia nacionalcatólica que se configuró; por el contrario, encontraba natural la separación Iglesia-Estado de la II República y fue un conspicuo denunciante de cualquier concesión indebida al régimen y de cualquier ataque o merma de los derechos de la Iglesia, pues más que antifranquista, que lo fue, García Martínez era un convencido absoluto de la superioridad de la Iglesia sobre el Estado, cualquiera que fuera su régimen de gobierno. Pero como obispo de la diócesis de Calahorra-La Calzada, siempre cumplió con las obligaciones que imponía el Nuevo Estado, desde callar ante la brutal represión del bando nacional a participar en las ceremonias que lo requerían. La caracterización del obispo García Martínez como tajante opositor al régimen no parece adecuada; más bien podría decirse que era su concepción pastoral la que se enfrentaba frontalmente con el diseño sumiso de la Iglesia que había hecho el régimen y ella había aceptado. Lo que, por otro camino, le conducía a ser partidario de la separación de la Iglesia y el Estado.
Un antinazi en el país de los pronazis
El obispo García Martínez había sido nombrado obispo en 1920 –su intento de renuncia fue desestimado por el nuncio– y administrador apostólico de la diócesis de Calahorra-La Calzada, que había sido desposeída del obispado en 1892 para castigar el motín de la ciudad por el traslado de la sede episcopal a Logroño. Tras la admiración que despertaron en el Vaticano sus intervenciones en el Congreso Eucarístico de Chicago, consiguió que se levantara la sanción de su diócesis, de la que fue nombrado obispo y gobernó durante más de treinta años. Tras la expulsión en 1931 del cardenal Pedro Segura, primado de España, García Martínez fue la primera opción del Vaticano para sustituirlo en la sede primada, pero renunció a la distinción como haría después con los sucesivos ofrecimientos de los obispados de Santander, Vitoria y Zaragoza, de rango superior al suyo, aduciendo siempre no querer abandonar su diócesis calagurritana; actitudes que, por inusuales, le granjearon una alta consideración moral entre la jerarquía y, desde luego, en su sede eclesiástica.
Con esa autoridad moral, censuró la pastoral del obispo de Salamanca Enrique Pla i Deniel, que sería sucesor de Gomá, El triunfo de la ciudad de Dios y la Resurrección de España, de 1939, y la publicó en su Boletín Eclesiástico del Obispado de Calahorra-La Calzada eliminando la retórica referida al Nuevo Estado y a la guerra civil. También publicó párrafos significativos de la pastoral prohibida de un anciano y quizá arrepentido primado Gomà, Lecciones de la guerra y deberes de la paz, (8 de agosto de 1939), que proponía abiertamente el perdón a “todos los enemigos”, es decir, a los rojos, así como el contundente editorial “Un caso nuevo”, redactado por el propio Gomà y publicado en su Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo del 15 de octubre de 1939 para protestar por la censura franquista y escandalizado porque también había prohibido, a petición de las autoridades hitlerianas, la primera encíclica de Pío XII, Summi Pontificatus (1939).
No era la primera vez que García Martínez desoía las consignas censoras: en 1938, publicó en su boletín diocesano el texto íntegro de la encíclica contra el nazismo Mit brennender Sorge (“Con ardiente preocupación”) de Pío XI, de 1937, cuya difusión había sido restringida y lo mismo hizo con dos cartas pastorales de las conferencias episcopales de los obispos alemanes que denunciaban el objetivo final del nazismo: la total destrucción del catolicismo en Alemania.
La gota que colmó el vaso y determinó su persecución fue cuando publicó su Instrucción pastoral sobre algunos errores modernos (1942), pastoral contra los totalitarismos inspirada en la Mit brennender Sorge y en la más moderada y censurada de Pío XII. Los servicios de Prensa y Propaganda del gobierno prohibieron terminantemente la difusión de la pastoral del obispo, un vibrante alegato antinazi –también anticomunista, lo que el régimen ignoró–, hecho que alertó a los aliados, que, a travésdel Foreign Office británico y del departamento de Estado norteamericano, no dudaron en difundirla por todo el mundo. Desde The New York Times a los grandes medios latinoamericanos y a los europeos, impulsados por los movimientos católicos antifranquistas, e incluso a periódicos de provincias de Turquía, Sudáfrica, Egipto…, cientos de medios impresos y radiofónicos propagaron la condena del nazismo del obispo Fidel García Martínez. Lo que fue aprovechado por el régimen para colgarle uno de sus primeros sambenitos, el de espía inglés… Que L’Osservatore Romano también se hiciera eco de la pastoral despertó las iras del embajador nazi, que hizo una protesta formal en función de la neutralidad vaticana. Y las del régimen hitleriano, que en 1943 juzgó por alta traición y ejecutó al sacerdote marianista alemán Jakob Gapp; entre otras acusaciones, por difundir la pastoral de Fidel García, la única voz eclesiástica española que se levantó contra los nazis y demás regímenes totalitarios.
Antes, unas declaraciones suyas en París, en 1938, en las que atribuía el bombardeo de Guernica a sus verdaderos autores y expresaba su preocupación por la deriva totalitaria de los militares sublevados. Y después, sus dudas expresadas en carta pública acerca de la legitimidad del referéndum del 7 de julio de 1947 “sobre la Sucesión a la Corona”, la ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, promulgada el 26 de julio tras un resultado adecuado del 93% de votos afirmativos.
Un obispo, de picos pardos
Desde 1944 se empezó a propagar la especie de la afición a las faldas del obispo García Martínez, vagas alusiones que fueron extendiéndose en ambientes elitistas seleccionados por “sectores de Falange”: se preparaba el golpe definitivo. Su descalificación de la citada “ley fundamental” pareció un momento apropiado, pero se optó por dejar pasar el tiempo porque la relación causa-efecto hubiera sido inocultable. Hasta que en agosto de 1952, se precipitaron los acontecimientos larga y torpemente conspirados contra García Martínez.
El 28 de agosto de 1952, representantes del Patronato de Protección a la Mujer –organismo adscrito al ministerio de Justicia que se creó en marzo de 1942 bajo la presidencia nominal de la esposa de Franco, Carmen Polo, cuyos fines se focalizaban en la ‘redención’ de las prostitutas, para “impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica”– y de una extraña “asociación de carácter secreto denominada la Hermandad de la Sagrada Familia de Nazaret”, entregaron a Gregorio Modrego y Casaus, arzobispo de Barcelona, un Informe reservadísimo sobre moralidad, sin membrete ni firma, que denunciaba al obispo García Martínez como pederasta y usuario de servicios de prostitutas.
Hasta ahora, se creía que todo era fruto de un montaje de la policía barcelonesa en connivencia con Modrego, que se lo enseñó a García Martínez y le pidió que se defendiera, “Ni contestó. Dijo: ‘Todo esto es por haber escrito la pastoral. No tengo que defenderme de nada. Si quieren ustedes mi renuncia, aquí la tienen”, escribieron otros biógrafos del obispo: Antonio Arizmendi –que fue magistrado del Tribunal Superior de Madrid e hijo de quien fuera abogado de la diócesis calagurritana cuando sucedieron los hechos y a quien el obispo no dejó que iniciara acciones legales en su defensa– y el historiador Patricio de Blas. En su libro Conspiración contra el obispo de Calahorra. Denuncia y crónica de una canallada (2008), mantienen que el informe del Servicio de Información Militar encargado por Franco a petición del obispo sucesor, Abilio del Campo, acusaba a la policía de Barcelona de haber fabricado el montaje y utilizado uno o más sosias o “dobles” del obispo para realizar fotografías que mostraban al otro García Martínez en la Feria de Sevilla, en los toros, en un lujoso hotel parisino o el Copacabana barcelonés, donde lo había visto “uno de Calahorra [un concejal falangista] que lo difundió por todas partes…” Lo afirmaban sin más respaldo documental que la palabra de Arizmendi: se lo había enseñado una fuente segura. Un poco extraño, ¿qué hacía la policía de Barcelona haciendo seguimientos y fotos en sitios tan dispares?
El caso es que todo lo dicho sobre la presencia de García Martínez en La Coronela –que era la honorable pensión familiar de Victoria-Viky y su hija Carmen, de 28 años, donde se alojaba cuando viajaba a Barcelona para minimizar gastos– no eran sino cortinas de humo para evitar el escándalo: los documentos aportados por la historiadora San Felipe lo confirman; según la correspondencia, el obispo, de 72 años, reconoció su yerro tanto al arzobispo Modrego como al nuncio Cicognani, a los que pidió perdón y puso su cargo a disposición del Vaticano. El gobierno universal de la Iglesia no dudó en aceptar la renuncia: ya se había decidido pactar con Franco y García Martínez era un forúnculo molesto para ambas partes, por lo que procedía apartarlo, le dijo el nuncio al secretario Tardini, “tanto por las sospechas existentes sobre su conducta como por su actitud política, siempre hostil al actual régimen”.
San Felipe cita a Josep Maria Piñol, historiador especialista en asuntos eclesiástico: “Era un secreto a voces, por aquellas fechas de la posguerra, el comportamiento poco edificante de algún prelado español y nunca tuvo el menor problema, ni con las autoridades gubernativas y los cuerpos policiales, ni con la nunciatura. No alivia esta afirmación la culpa del obispo Fidel García respecto a la vulneración de sus votos episcopales, pero sí nos sitúa en el contexto de las complicidades Iglesia-Estado de ese momento de nuestra historia. Las debilidades humanas sirvieron en bandeja a sus detractores un triunfo largamente buscado”.
Quedan cabos sueltos: por ejemplo, cuando unos años después el ministro de Justicia, Antonio Iturmerdi, le ofreció en nombre de Franco una rehabilitación, que habría de ser material, pero no pública, García Martínez la rechazó, porque, “tras tanto sufrimiento, deseaba morir con el íntimo gozo de la oblación martirial y para evitar el escándalo”, contó en 1997 el sacerdote y teólogo asesor de la Conferencia Episcopal Luis Martínez… ¿Oblación (ofrenda y sacrificio que se hace a Dios), martirio? Estos conceptos no concuerdan con el reconocimiento y petición de perdón que adujeron sus superiores.
Una historia sórdida, otra, de la dictadura franquista y el nacionalcatolicismo cómplice que nos anegó.
