Los notarios-curas y la Iglesia-Inmobiliaria son el resultado de las reformas del Gobierno de Aznar en materia inmobiliaria. Constituyó un auténtico boom inmobiliario eclesiástico. Ha representado un proceso de apropiación-expropiación del que se desconoce el montante. La Iglesia, aprovechando las ventajas que se le brindaban organizó una toma masiva de la inmatriculación de propiedades con una voracidad digna de cualquier genuino tiburón inmobiliario. Han sido miles (números de muchas cifras en miles) los bienes sujetos a apropiación en una década.
No ha tenido cortapisas este afán intenso de inmatriculación de propiedades. La mezquita de Córdoba ha formado parte de la operación inmobiliaria eclesiástica, en un alarde de audacia que no tiene parangón en la historia reciente. Lo consumó en 2006, aunque en silencio, con discreción, como dirían los allegados empeñados en disimular, aunque fruto de una estrategia, milimétricamente planificada y como elemento de garantía de éxito de la operación. No es lo mismo que aparezcan quejas sobre el hecho, cuando se está en pleno proceso de inmatriculación, como que aparezcan posteriormente. Así ha sido, en general, el proceder en todas las tierras de España. No consta que hayan compensaciones por una apropiación que, a todas luces, ha resultado incontrolada, entre otras cosas, porque desde el origen hay un vicio de procedimiento, legitimado, que permite el abuso. Las quejas manifestadas han sido numerosas, claro está, aunque sin remedio paliativo, dado el sigilo con el que se ha llevado a cabo y la dudosa capacidad de retorno que la legalidad permite.
Como viene ocurriendo en tantas ocasiones, no se trata solo de quien ejecuta una acción, sino de quienes conniventemente permiten, autorizan o colaboran a que se cometa el atropello. La Mezquita de Córdoba es patrimonio de la Humanidad, título otorgado hace treinta años por la Unesco. Desde siempre ha sido un recinto en el que se había cometido el atropello de incrustar una Iglesia católica e las mismas entrañas del monumento más emblemático del arte andalusí. Hería a la vista de cualquiera la barbarie que supone la alteración de sus elementos constructivos, por el afán, no exento de fundamentalismo, capaz de, vagamente, herir, con tal de apropiarse del bien. La cosa ha ido a más, naturalmente, al amparo de la propiedad sustraída a los ciudadanos con la cobertura de la legislación buitre que propició Aznar autorizando la inmatriculación con notaria eclesiástica. Han alterado sus Ilustrísimas los folletos y los accesos, al hoy considerado templo católico, que no monumento histórico y limitado, de facto, la visita a creyentes católicos por la vía de facto. No se le puede ocurrir a ningún musulmán pretender rezar en el recinto, porque vigilantes, bajo salario de sus actuales dueños, le impedirán cualquier intento. Aquello es una Catedral, en toda regla y por todas partes, donde la Mezquita que fue, no tiene cabida.
No es de extrañar que haya surgido todo un movimiento ciudadano que pretende volver las cosas al cauce de donde nunca debió salir: es un monumento y sus titulares son los ciudadanos. Son muchas las firmas recogidas, van por 80.000 y muchos intelectuales y gentes de bien suscriben lo que representa una petición de dignidad para un desatino descomunal. Este tipo de cosas no se puede silenciar, por cuanto no solo no es edificante, sino que contraviene las elementales normas de convivencia y propicia sectarismos injustificados. El ámbito de actuación de una Iglesia, sea cual fuere, no puede ser material, ni tener repercusiones de este género. Mucho menos aceptable es que se haya amasado un patrimonio por artes poco presentables, ya en el ámbito civil y mucho menos en ámbitos donde la ética debiera ser especular.
Clero y Nobleza formaban parte de la margen derecha que Luis XVI marcó cuando comenzó a ver las cosas empeorar y peligrar su reinado. En ese momento, recordemos que situó a la burguesía a su izquierda, y esto dio carácter a derechas e izquierdas, que se extienden hasta la actualidad, con matices, sólo con matices. No es de extrañar, por tanto, que clero y nobleza compartan objetivos e incluso fines. Todo parece indicar que, en una práctica genuinamente neoliberal, como es la apropiación de bienes ajenos, en especial si pertenecen a los menos dotados, más débiles o necesitados, derecha neoliberal e Iglesia, coinciden en sus prácticas. Perder una propiedad (tu casa) porque la ejecuten en una hipoteca, o porque valiéndose de malas artes, como la inmatriculación por la Iglesia, no solo no se diferencia, sino que obedece a una conducta común. Los creyentes deberían sospechar que en estas operaciones es muy improbable que se encuentre implicado algún dios de los conocidos. La actividad inmobiliaria no parece haber sido objeto de atención ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Son otros los orígenes que se pueden encontrar. Así es que la jerarquía católica no levanta muchas voces a favor de los más necesitados. Puede ser que, a trancas y barrancas, quede algo de conciencia. Lo que no es probable es que se incentive el tenerla. Puede resultar hasta peligroso que unos ciudadanos reclamen por la titularidad pública, algo que les ha sido usurpado al amparo de maniobras extravagantes de dirigentes sin escrúpulos.
¿Qué plato de lentejas se comería el ínclito Aznar y siguen comiendo los del PP, para patrocinar este desconcertante desatino? ¿Alguien conoce el montante de las inmatriculaciones de la Iglesia en su Comunidad? Anímense e informen a sus conciudadanos, que de no ser así, seguirán en la inopia, mientras algo de su patrimonio puede ser objeto de una sigilosa transacción en gran medida irreversible. No duden de que lo colectivo, lo es de todos y cada uno de sus titulares. Por mucha tendencia que haya de considerarlo ajeno, es propio y bien propio. ¡Defendámoslo!
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