El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo vio ayer el caso de los crucifijos en lugares públicos
Tres horas duró ayer una de las audiencias más interesantes desde el punto de vista jurídico y más trascendentes en el político de los que ha visto la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los 17 jueces titulares y tres suplentes, encabezados por el presidente del Tribunal, Jean Paul Costa, escucharon los argumentos del Gobierno italiano para pedir que se revoque la sentencia del 3 de noviembre del año pasado en la que esta institución declaraba que la presencia de crucifijos en un colegio público violaba el derecho a la enseñanza y a la libertad de conciencia de los demandantes. La decisión del tribunal tendrá consecuencias directas en toda Europa.
El ministro de Exteriores del país transalpino, Franco Frattini, manifestaba ayer su confianza en que todo este asunto llevará a un «resultado positivo». Frattini definió la defensa del crucifijo en los lugares públicos como «una gran batalla por la libertad y por la identidad de nuestros valores cristianos».
Nicola Lettieri, el representante del Gobierno italiano, al que apoyaban otros países miembros del Consejo de Europa (Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Rusia y San Marino) dijo que el crucifijo que se mantiene en las aulas de los colegios públicos de este país es «un elemento histórico y tradicional» y negó que atente en ningún caso contra el derecho a la educación de los demandantes. «El crucifijo es un elemento pasivo, que no tiene relación con la enseñanza que es laica», lo que a su juicio no supone «ningún atentado a las creencias de sus padres». La sentencia del año pasado establecía que la demandante tenía derecho al sentir lesionados los derechos de sus hijos a la enseñanza y a la libertad de pensamiento debido a la presencia de un crucifijo en el aula.
En la sesión de ayer, el primero en intervenir fue el representante de la demandante, el abogado Nicolò Paoletti que recordó que en Italia el Tribunal Constitucional ha reconocido la laicidad del Estado y que ya en 2001 se acordó retirar el crucifijo de los juzgados, mientras que en este caso no se prejuzga el uso de los símbolos religiosos en los colegios privados.
Los países que han acudido en apoyo al Gobierno italiano estuvieron representados por el profesor Joseph Weiler, quien ha advertido de los posibles efectos nefastos de «una americanización de Europa en este campo».
Diversas organizaciones no gubernamentales han sido admitidas para ofrecer testimonio tanto a favor como en contra de la tesis. Un grupo de 33 miembros del Parlamento Europeo se han personado para apoyar el recurso del Gobierno italiano.
La sentencia podría llegar entre seis y nueve meses, aunque en la última causa parecida en la que se revisaba una sentencia contra Alemania, los jueces se tomaron 14 meses antes de dictar un veredicto. Fuentes del Tribunal afirman que no es en absoluto inédito que la Gran Sala revoque una decisión tomada anteriormente por el mismo tribunal, pero ni los más avezados son capaces de prever si en esta ocasión volverá a suceder lo mismo. «Podemos hacer todo tipo de estadísticas, pero eso no sirve para gran cosa porque se trata del primer caso que se refiere a la presencia de símbolos religiosos en las escuelas en lo que el Tribunal va a sentar jurisprudencia en uno de los debates más polémicos en toda Europa».
Italia no pierde la esperanza
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