España deja las cruces en manos de padres y jueces

El Gobierno mantiene «congelada» la Ley de Libertad Religiosa, que agilizará la retirada de símbolos en centros públicos. El Concordato blinda los crucifijos en los colegios concertados

España mantendrá todos sus crucifijos en las aulas donde aún cuelguen. El Gobierno no hará ningún movimiento al respecto. En los colegios públicos su presencia, si bien es ya residual, dependerá, como hasta ahora, de que algún padre lo denuncie. En los centros concertados de ideario católico, aunque reciben financiación pública, las cruces seguirán blindadas por el Concordato con la Santa Sede.

El Ministerio de Justicia dijo ayer que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ordena la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas de Italia "será tenida en cuenta" en la tramitación de la Ley de Libertad Religiosa. No obstante, la futura norma "congelada" además a la espera de "un momento político oportuno", según fuentes vinculadas al desarrollo del proyecto no ordenará de forma expresa la desaparición de crucifijos de las aulas públicas, ni alterará los hábitos de los concertados.

La retirada de símbolos religiosos en las escuelas públicas es ya obligada en España por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de 1982. La ley serviría, en principio, para agilizar el proceso y evitar a los padres que soliciten la retirada el difícil tránsito jurídico que ahora se ven obligados a realizar, como el que mantienen desde hace cuatro años los padres del colegio Macías Picavea de Valladolid.

Muy distinta será la cuestión en la escuela católica concertada, cuyos crucifijos, al margen de la voluntad de los padres y de que cuestan más de 3.600 millones de euros anuales al Estado, según estudios independientes, están protegidos por los Acuerdos Iglesia-Estado, de 1979.

El Ejecutivo socialista ha repetido hasta la saciedad que, pese a las dudas acerca de su constitucionalidad, no piensa derogar el Concordato, cuya vigencia defiende con uñas y dientes la Iglesia católica. El Ministerio de Justicia insiste en recordar que es una norma de rango internacional.

El "respeto al ideario católico de los centros" está consagrado además en el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales y, en opinión de la Iglesia, en los artículos 16 y 27 de la Constitución.

Competencia autonómica

La gestión de los colegios públicos los únicos a los que atañe la sentencia de Estrasburgo pertenece a las comunidades autónomas. La mayoría de los gobiernos territoriales consultados afirma que el fallo no les afecta a priori, aunque cada uno ha aplicado un criterio distinto cuando les ha surgido el conflicto.

Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, por ejemplo, actúan cuando tienen conocimiento de una queja de unos padres. En cambio, otros territorios, como Murcia o Castilla y León, respaldan la decisión que al respecto tome el Consejo Escolar de cada centro, pese a que la doctrina del Tribunal Supremo asegura que estos órganos no son competentes en un asunto de esta naturaleza, así como que "deben mantener su carácter laico".

La anterior ministra de Educación, Mercedes Cabrera, aseguró pese a ello en 2008 que el Gobierno no pretendía tomar partido en este asunto y prefería dejarlo en manos de los consejos escolares.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo en junio que la futura ley afectaría a la presencia real de los símbolos religiosos en cuatro ámbitos de la sociedad: la escuela (facilitando la retirada en aquellos lugares donde, pese a la sentencia del TC, todavía no se ha producido, y profundizando en la enseñanza en valores laicos), el Ejército, los centros sanitarios y las prisiones.

La tramitación de los Presupuestos, la Ley del Aborto y la presidencia española de la UE han restado, no obstante, relevancia a una propuesta que, a comienzos del verano, aparecía como una de las prioridades del Ejecutivo socialista.

La anunciada reforma, que iba a presentarse al Congreso a finales de este año o comienzos de 2010, parece haber dejado de ser una prioridad para el Ejecutivo socialista, aunque al parecer está lista a falta de algunos "retoques". Falta definirla en tres aspectos, que están sobre la mesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, comisionada por Zapatero para todo lo relacionado con la religión, la laicidad y la conciencia.

Claves de la nueva norma

Se trata de la objeción de conciencia (aunque finalmente parece que la regulación de la misma, en caso de darse, no iría en el articulado de la Ley de Libertad Religiosa); la presencia de símbolos religiosos en actos públicos, así como los mal llamados "funerales de Estado" (que, por otro lado, no están regulados en el ordenamiento jurídico español); y el uso de símbolos religiosos en la escuela (afectará sobre todo al uso en la misma del velo islámico) y la Administración pública (incluido el juramento de cargos).

En todo caso, la intención de "profundizar en la laicidad del Estado", presente en el programa electoral del PSOE, se encuentra ante una difícil tesitura. El Gobierno tiene que optar por una separación radical entre el Estado y las confesiones religiosas, o bien en garantizar el café para todos. Esto es, igualar a las confesiones minoritarias (judíos, musulmanes y evangélicos) con la Iglesia católica, pero no a costa de limitar los privilegios de esta, sino de aumentar los de aquellas.

Por último, el grupo de ERC en el Congreso presentará hoy una proposición no de ley para que tanto el Gobierno como las autonomías procedan a dar "directrices claras" que pongan fin a la falta de una normativa general a aplicar en estos casos.