El PSOE y la Liga Nacional Laica contra las sanciones en las procesiones religiosas

La Liga Nacional Laica elevó al gobierno un escrito de protesta, y el PSOE protestó públicamente, ante lo que consideraban como abusos relacionados con las procesiones religiosas, un hecho que, al parecer, era relativamente frecuente en la España de Alfonso XIII. Nos referimos a las detenciones y  multas impuestas a aquellos ciudadanos que no se descubrían en las calles al paso de las procesiones, algo que la Iglesia consideraba una falta de respeto, mientras que para la opinión pública progresista eran hechos contemplados como un ataque directo a la libertad de conciencia.

En el verano de 1930 se produjeron dos situaciones, en este sentido. Al parecer, un obrero y militante socialista de la localidad madrileña de Carabanchel Bajo fue condenado a cinco días de arresto y multa de 43 pesetas por no descubrirse al paso de una procesión. En Vigo ocurrió lo mismo con Eugenio Urtaza, que fue detenido y multado con 50 pesetas.

Los socialistas españoles denunciaron estos hechos, al considerar que eran una arbitrariedad. Desde El Socialista realizaron una condena pública de lo que era contemplado como una injusticia, y protestaron contra la “tiranía clerical”, que pretendía controlar todos los espacios públicos y privados, siendo imposible pleitear con éxito contra la Iglesia. Además, en el caso concreto del trabajador se imponía una multa sobre alguien con un escaso jornal, y que tenía fuertes cargas familiares.

Por su parte, la Liga Nacional Laica elevó una protesta al ministro de Gracia y Justicia en la que se exponía la frecuencia de este tipo de sanciones, corroborada por las propias denuncias que llegaban a la asociación. Eran hechos considerados indignantes, y que no frenaban las autoridades civiles.

Aunque la Constitución estaba suspendida (recordemos que Primo de Rivera no abolió el texto constitucional de 1876), reconocía a los españoles la libertad religiosa, y la Liga no creía que a falta de la política, el Gobierno no querría hacer extensible esta limitación a la de conciencia. Era necesario garantizar el respeto entre todas las creencias en España. Por eso se pedía que, comprobada la veracidad de los hechos de Carabanchel y Vigo, se tomasen las medidas conducentes a impedir las molestias y perjuicios económicos que generaba la intransigencia religiosa, y que se imponía sobre los ciudadanos que no deseaban participar en actos que no sentían.

La noticia de los hechos, y las protestas de ambas organizaciones se pueden consultar en el número 6718 de El Socialista.

Eduardo Montagut. Historiador

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