El análisis de la represión durante el período franquista ha sido un tema recurrente en la investigación histórica de las últimas décadas. Se han analizado en detalle aspectos como las ejecuciones, los encarcelamientos, la violencia física, el exilio y la depuración del funcionariado, todos ellos representativos de las tácticas más evidentes empleadas por el nuevo Estado para consolidar su dominio.
Sin embargo, hay un tipo de represión menos visible pero igualmente significativa que, si bien se produjo hacia el conjunto de la población, se manifestó de manera específica en el colectivo femenino: la represión sexual. El control de los aspectos de esta cuestión resultaba complicado, dado que se vinculaban estrechamente con la esfera íntima de la población.
Sin embargo, el régimen franquista supo desarrollar estrategias efectivas para imponer su particular criterio. En este contexto, el Patronato de Protección a la Mujer emergió como un instrumento clave de control social y adoctrinamiento moral que dejó una huella profunda en la sociedad española.
Establecido en 1941, este organismo se convirtió en una entidad esencial en la regulación y fiscalización de la conducta moral femenina, en línea con los valores y principios ideológicos del franquismo.
Los objetivos principales de este organismo estaban estrechamente vinculados a la visión tradicionalista y conservadora del régimen franquista. En principio, su objetivo prioritario, al menos sobre el papel, era “redimir a la mujer caída y ayudar a la que está en peligro de caer”.
Sin embargo, su función, en teoría preventiva, se reveló muy pronto como coercitiva y fue aplicada en dos direcciones: el intervencionismo estatal en la intimidad y la persecución y reeducación de la mujer desviada.
Mantenimiento del patrón de mujer ideal
En este sentido, el Patronato se encargó de controlar y regular la conducta moral de las mujeres, vigilando de cerca su comportamiento público y privado para garantizar su conformidad con los ideales católicos y patriarcales del régimen. Cualquier desviación respecto al patrón franquista de mujer ideal –esto es, sumisa, abnegada y decente– era entendida como nociva para ellas mismas y, más grave aún, como contaminante para el conjunto de la población, por lo que su reclusión se justificó en aras del bien social.
Bajo esta premisa, el Patronato de Protección a la Mujer detuvo y encerró en contra de su voluntad a miles de mujeres convirtiéndose en un dispositivo claramente penitenciario al que se entraba por cuestiones puramente morales. Dicho de otro modo, el concepto de protección, sobre el que basó todo su discurso, sufrió una deformación hasta evolucionar a un sistema opresivo mediante el cual se pretendía imponer un tipo de conducta femenina estandarizada.
Para desarrollar esta labor, el Patronato dispuso una Junta Nacional presidida de manera honorífica por Carmen Polo y que se dividía en una serie de juntas provinciales y estas a su vez en una serie de juntas locales encargadas de implantar las directrices del Patronato en sus respectivas jurisdicciones, asegurando así su presencia en todo el territorio español; cada una de ellas liderada por destacadas figuras del régimen.
Esta distribución geográfica aseguraba su presencia en todo el territorio español, lo que le permitía ejercer un control efectivo sobre la población femenina. Además del personal adscrito a las juntas, el patronato contó con la siempre oportuna ayuda de la Iglesia católica para alcanzar sus ambiciosos objetivos.
Respaldo moral y legitimidad ideológica
Las distintas congregaciones religiosas de España –especialmente Adoratrices y Oblatas– ofrecieron numerosos reformatorios, colegios, hogares o refugios para realizar los internamientos de mujeres consideradas caídas, por lo que desempeñaron un papel crucial dentro de la institución.
La estrecha alianza entre el régimen franquista y la Iglesia católica, al menos durante las primeras décadas de la dictadura, proporcionó al Patronato un respaldo moral y una legitimidad ideológica que fortaleció su poder y su influencia sobre la sociedad española.
El final de esta institución no llegó con el final de la dictadura; continuó existiendo hasta 1985 llevando a cabo las mismas prácticas que en sus años iniciales.
Las jóvenes que permanecieron recluidas hasta esa fecha vivieron una transición tardía y silenciosa; tardía porque hacía diez años que Franco y, con él, su régimen habían muerto; y silenciosa porque la institución pasó casi inadvertida para una sociedad que ya se movía al ritmo de la democracia.
En este sentido, el Patronato de Protección a la Mujer actuó durante más de cuatro décadas como un dispositivo de disciplina y normalización social que imponía conductas y valores en nombre del bienestar y la moralidad pública, perpetuando así las estructuras de poder y dominación patriarcales y restringiendo las libertades individuales de las mujeres.
