El día 6 concluye el plazo para que la Junta responda a otro requerimiento de los padres para quitar los símbolos
El debate sobre la retirada de los símbolos religiosos en el colegio público Macías Picavea llegó ayer a la Comisión de Educación de las Cortes, aunque no pasó de ahí al ser rechazada por la mayoría del PP la Proposición No de Ley presentada por la portavoz socialista en la materia Ana María Redondo, en la que instaba a la Junta de Castilla y León a revisar la decisión de la dirección del centro para garantizar la libertad ideológica y religiosa de los alumnos y sus familias.
Redondo se refirió así a la sentencia del 13 de septiembre de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del 7TSJ que indica la competencia de la Junta para revisar las decisiones del los Consejos Escolares en materia de mantenimiento o retirada de símbolos religiosos de las aulas. Así, insistió en la necesidad de que la Junta regule en materia de símbolos religiosos en las escuelas públicas, puesto que, a la denuncia realizada por los padres de alumnos del Colegio Público Macías Picavea, se han sumado nuevas demandas de retirada de símbolos religiosos en otros centros públicos, como el colegio Isabel La Católica.
La portavoz socialista defendió la neutralidad por la que deben velar los poderes públicos con respecto al hecho religioso en aquéllos ámbitos de índole pública como lo es la escuela, y en concreto el centro Macías Picavea al que asisten los menores cuyos padres demandaron la retirada de los crucifijos.
«Perder el tiempo»
Por su parte, el procurador del PP Alfonso García Vicente manifestó que «muy bien tiene que ir la Educación en la comunidad para perder el tiempo con una cuestión tan poco relevante» y que la sentencia «desestima que sea la Junta la que tome la decisión, aunque reconoce su capacidad para revisar dichas decisiones», una acción que de producirse, a su juicio, podría sentar un precedente «ya que si la Junta revisa de oficio la decisión del Consejo Escolar se atentaría contra la democracia participativa». Redondo lamentó que el procurador del PP «trivializara» con los derechos de los ciudadanos, y aclaró que se trata de colegios públicos y que cualquier familia católica puede acceder a centros concertados. Tras poner de manifiesto que la resolución del Procurador del Común, de mayo del 2006, sobre el mismo asunto, reitera los argumentos esgrimidos por los tribunales, Redondo concluyó haciendo hincapié en el hecho de que las familias católicas tienen una pluralidad de centros sostenidos con fondos públicos a los que acudir con sus hijos.
El próximo día 6 concluye el plazo para que la Junta responda a un nuevo requerimiento de los padres del colegio Macías Picavea, sobre la retirada de los símbolos religiosos en el centro. «Tienen todavía cuatro días para evitar que la respuesta sea el silencio administrativo. Aún están a tiempo de contestar de forma positiva. Aunque me temo que nuevamente darán la callada por respuesta», señala Redondo.
