Si se quiere asegurar que los médicos actúen de determinada manera, mejor dejarlo por escrito
En una esperada sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la retirada de los soportes vitales —hidratación y alimentación parenteral— a un enfermo en estado vegetativo no vulnera el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la vida. El tribunal cree que un Estado puede aprobar normas de limitación del esfuerzo terapéutico cuando se considere que el tratamiento es fútil o puede causar un sufrimiento innecesario al propio paciente.
Además de las consecuencias jurídicas de esta sentencia, lo que el caso Lambert plantea es la importancia de tener hecho y registrado un testamento vital que exponga con claridad las preferencias en caso de no estar en condiciones de decidir. Los detalles de este triste caso son el alegato más contundente en favor de hacer ese testamento vital. Vincent Lambert tiene ahora 38 años y se encuentra ingresado en estado vegetativo en un hospital de Reims desde que en 2008 sufrió un grave accidente de moto que le dejó tetrapléjico. Perdida toda esperanza de recuperación, hace tres años el equipo médico decidió retirar los soportes vitales y dejarle morir al amparo de la ley Leonetti de 2005. La esposa y una parte de la familia estuvieron de acuerdo. Consideraban que esa hubiera sido la voluntad del propio Lambert. Pero los padres, de fuertes convicciones católicas, recurrieron la decisión ante el Consejo de Estado, que avaló la decisión médica. Y de nuevo los padres impidieron su ejecución con un recurso ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alegaron que su hijo no era un enfermo terminal, por lo que la desconexión atentaba contra su derecho a la vida.
La retirada de soportes vitales es una práctica plenamente aceptada cuando un enfermo está en fase terminal. La doctrina médica ha evolucionado mucho al respecto. En pocos años ha pasado de considerar un deber médico prolongar todo lo posible la vida del paciente —a costa incluso de provocarle sufrimiento— a calificar esta actitud de encarnizamiento terapéutico y considerarlo una mala praxis. Tanto la retirada de soportes vitales como la sedación terminal suelen contar con la aquiescencia familiar, pues evitan el sufrimiento de la agonía.
El dilema se plantea cuando, como ocurre con Vincent Lambert, el paciente no está en fase terminal. En este caso, la determinación de la voluntad pasa a ser un requisito esencial. Muchas legislaciones, entre ellas la española, reconocen al paciente el derecho a rechazar un tratamiento. Pero esa voluntad ha de poder manifestarse de forma clara e inequívoca. Si el paciente está en estado vegetativo, surge entonces la dificultad de determinar quién debe representarle y hasta dónde puede llegar esa representación. La conclusión es clara: si se quiere asegurar que los médicos actúen de determinada manera, mejor dejarlo por escrito. Porque eso garantiza que la voluntad del paciente será respetada y, sobre todo, evita que la familia se divida y se vea abocada a un enfrentamiento que no solo no mitiga el sufrimiento del paciente, sino que lo extiende a todo su entorno.
