El BNG pide agilizar el protocolo de objetores de conciencia para garantizar el derecho al aborto

La nueva ley del aborto incide en crear protocolos para asegurar que se practiquen en la sanidad pública sin objetores en bloques que lleven a las mujeres a acudir a clínicas privadas.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado nuevas iniciativas para presionar al Gobierno en la implementación de un protocolo que permita gestionar los registros de objetores de conciencia en la sanidad pública, asegurando así el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. La senadora del BNG Carme da Silva ha reiterado la necesidad de que el Ministerio de Sanidad impulse dicho protocolo para evitar situaciones de “objeción en bloque” que podrían restringir el acceso a este servicio fundamental.

La Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece que las Comunidades Autónomas deben gestionar estos registros de objetores de conciencia en el ámbito de la sanidad pública. No obstante, para que esta norma se cumpla plenamente, es imprescindible que el Gobierno elabore y publique un protocolo que facilite esta gestión y permita planificar recursos para evitar complicaciones derivadas de un alto número de objeciones. Según ha explicado da Silva, no se trata únicamente de crear listas, sino de garantizar que la sanidad pública pueda ofrecer este servicio sin restricciones.

Desde el inicio de la legislatura, da Silva ha insistido en la urgencia de desarrollar este protocolo, y el BNG ha presentado varias propuestas al respecto. En respuesta, el Ministerio de Sanidad ha asegurado estar “trabajando en la elaboración” del documento, aunque, hasta la fecha, aún no se ha hecho público. “Es necesario que el Ministerio publique el protocolo y aclare las medidas que propone. No se entiende el retraso para hacerlo público”, ha declarado la senadora.

Para el BNG es fundamental que las Administraciones garanticen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y adopten medidas para evitar que el personal médico, que en su mayoría se declara objetor en el ámbito público, participe en estas prácticas en clínicas privadas.