El arzobispo en el campo de concentración

El arzobispo de Tucumán en los años ’70, monseñor Blas Victorio Conrero, tenía entrada libre al campo de concentración que funcionaba en la Jefatura de Policía. La gravedad de esa situación y el compromiso de numerosos sacerdotes en episodios de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad registrados en esa provincia están saliendo a luz en la megacausa Jefatura II-Arsenales II que se lleva a cabo actualmente en esa provincia.

En la madrugada del 26 de setiembre de 1976, la patota de la Jefatura de Policía, cuyos jefes eran el teniente primero Arturo González Naya y el comisario Heriberto Albornoz, asaltó la casa de una familia de apellido Arguello, en la zona de San José, en las afueras de San Miguel de Tucumán. De allí secuestraron a dos hermanos, Yolanda Esther, de 18 años, y Jorge Antonio, de 24. Con las primeras luces del día, Leoncio Arguello, padre de los jóvenes, concurrió al arzobispado de Tucumán, donde se entrevistó con su titular, Blas Victorio Conrero, lo interiorizó del secuestro de sus hijos y le solicitó ayuda, en virtud de que el sacerdote los conocía por su participación en organismos de la Iglesia.

El Arzobispado de Tucumán está ubicado frente al lugar donde funcionaba entonces la Jefatura de Policía. Conrero tomó del brazo a Leoncio, cruzaron la calle e ingresaron a la Jefatura. Según Arguello, Conrero “habla con personal superior de la Policía y se encamina hacia los fondos, entra en una dependencia y señalando con su brazo extendido le dice: ahí está su hijo”. En su testimonio, el hombre dice que ve a su hijo Jorge Antonio “desde una distancia de tres metros, más o menos, parado, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda” y que “había ahí varios individuos más en las mismas condiciones”. Arguello afirma que “sin pedir permiso a nadie, monseñor Conrero se acercó a mi hijo, le bajó la venda de los ojos y le permitió que me mirara”. Su hijo hizo un gesto como de sorpresa e “inmediatamente monseñor Conrero le puso la venda y se dirigió hacia unos superiores policiales, con quienes habló”.

Al salir de la Jefatura, Conrero le dijo a Arguello que su hijo estaba detenido por averiguación de antecedentes y que el problema ya se iba a solucionar, pero le aclaró que su hija no estaba allí. El joven fue restituido a su familia al día siguiente. Yolanda Esther está desaparecida desde entonces.

El edificio donde el arzobispo de Tucumán se movía con tanta naturalidad era el lugar donde funcionaba el campo de concentración del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Jefatura de Policía. A ese lugar estaba totalmente vedado el ingreso de toda persona que no fuera especialmente autorizada y a donde, como se ve, Conrero tenía acceso libre.

En abril de 1975, a poco de haber comenzado la Operación Independencia, el ex sacerdote Raúl Sánchez fue secuestrado y trasladado a Famaillá junto a su esposa y su hija de menos de un año de edad. Sánchez, que se había apartado de la Iglesia no hacía mucho tiempo tras haber realizado una formidable labor en la zona del ingenio San Pablo, fue llevado a la Escuelita de Famaillá, donde lo torturaron salvajemente. Su mujer y su hija fueron rehenes del jefe de la Operación, Adel Vilas, en la sede del Comando Táctico de Famaillá. A raíz de la detención de un cura amigo de Conrero, mencionado por Sánchez en la desesperación de la mesa de torturas, el arzobispo gestionó y obtuvo la liberación de ambos sacerdotes.

Sánchez contó que quien lo vio salir de la Escuelita fue el sacerdote Joaquín Cucala Boix, capellán del Regimiento 19 de Infantería y, según su testimonio, “su función en Famaillá era tranquilizar la conciencia del general Vilas y todas sus tropas y elevar sus oraciones vaya a saber a qué dios, para que sean más efectivos en la lucha contra los que éramos los enemigos del estilo de vida occidental y cristiano”. Cucala era un hombre de activa participación junto a los militares. El dirigente radical Rubén Chebaia, ex intendente de San Miguel de Tucumán, contó que cuando su padre fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, a los pocos días acudió a él para averiguar sobre su paradero. El cura fue claro y preciso: le informó que don José Chebaia había muerto en el Hospital Militar de Tucumán y hasta le informó el día y el número de la cama donde había fallecido.
A pesar de todo, Sánchez estimó que debía agradecer a Conrero su gestión, pero cuando lo entrevistó con ese motivo el arzobispo lo trató con suma frialdad y le dijo que debía irse del país porque eso era lo que quería el general Vilas. Desde entonces, Sánchez vive en el Uruguay.

La Iglesia tuvo activa participación en la Operación Independencia. Por eso, Conrero le negó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, durante su visita a la Argentina en 1979, la posibilidad de funcionar en algún edificio de la iglesia tucumana. Coherente con ese compromiso, más de 30 años después el Arzobispado tucumano pagó la caución de más de cien mil pesos para evitar el encarcelamiento del cura José Mijalchik, procesado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Arzobispo Tucuman y militares dictadura Argentina

Complicidades. Monseñor Blas Victorio Conrero, arzobispo de Tucumán, flanqueado por el gobernador militar Lino Montiel Forzano y todo su gabinete en un homenaje al operativo independencia.

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