El embrión no puede considerarse como un sujeto de derechos. Lo que se debe proteger es el derecho de la mujer, la libertad de conciencia, el laicismo.
Una minoría resolvió contra el derecho a decidir de las mujeres. El ministro Pardo Rebolledo (un conservador que ocupa el lugar que dejara al morir un hombre ilustrado, liberal y progresista como el ministro Juan José Gudiño), secundado por otros tres, entre ellos lamentablemente una mujer, hizo gala de su ignorancia e impuso una visión religiosa en una de las decisiones más relevantes de una institución pilar del Estado laico mexicano. No se discute aquí su derecho individual a practicar un determinado credo religioso, sino su decisión de marcar un debate como el relacionado con las reformas regresivas aprobadas en Baja California y San Luis Potosí con posturas que nada tienen que ver con los derechos y garantías que establece nuestra Constitución (así lo dicen siete de once ministros) y que, para colmo, no tienen un fundamento científico. Porque, desde la perspectiva de la ciencia (la única válida en un Estado laico), no hay razones para considerar que se atenta contra la vida cuando se interrumpe un embarazo en las primera doce semanas. Científicos y expertos del mundo y del país así lo establecen. De ninguna manera se puede hablar de proteger la vida desde la concepción por la sencilla razón de que el producto de la fusión del óvulo y el espermatozoide no puede catalogarse como vida humana, como persona. En consecuencia, el embrión no puede considerarse como un sujeto de derechos. Lo que debe prevalecer, lo que se debe proteger, es el derecho de la mujer, la libertad de conciencia, el laicismo y el derecho a que el Estado proteja cualquier decisión íntima tomada por ella con relación a la interrupción del embarazo. Pero eso no le importó a una minoría de ministros que con su postura atentaron contra estos fundamentos y el carácter laico del Estado mexicano. No sólo. Como bien lo dijo el ministro Zaldívar, con una decisión así, las únicas que pierden son las mujeres y, entre ellas, las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos ni cultura, lo que por cierto es discriminatorio e inconstitucional. Tampoco consideraron otro argumento central expresado por el presidente de la Corte, Juan Silva Meza: una legislatura estatal no puede desplazar las garantías de la madre.
Para los ministros que impidieron que la posición mayoritaria en la Corte saliera avante, ninguna tesis tuvo valor frente a los argumentos que seguramente escucharon desde Palacio Nacional y las más altas esferas de la jerarquía católica. Poco les importó que casi las dos terceras partes de las mujeres del mundo vivan en países en donde el aborto está despenalizado totalmente o bajo ciertas causales. Tampoco que sea precisamente en los que se criminaliza a la mujer por esta práctica donde más mueren o quedan lisiadas. No se interesaron en leer que, de acuerdo con estudios de organizaciones tan prestigiadas como la Childbirth by Choice Trust, cuando la interrupción del embarazo es legal y accesible las muertes asociadas a esta causa disminuyen considerablemente. Tampoco tomaron en cuenta que los tratados internacionales y las plataformas relacionados con los derechos humanos de las mujeres reconocen la plena capacidad de la mujer para controlar su propia fecundidad y que en ellos se conmina a los países firmantes a erradicar todo conflicto que pueda surgir entre los derechos de la mujer y los efectos perjudiciales de determinadas prácticas tradicionales o consuetudinarias, prejuicios culturales y extremismo religioso. Nada de eso valió y en una decisión que muy probablemente será impugnada ante la CIDH, se negaron los derechos de las mujeres no sólo de dos estados, sino de todos aquellos en los que con los votos del PAN y del PRI se promovieron reformas antiaborto. El riesgo ahora es que hasta métodos anticonceptivos, como la píldora del día siguiente, se penalicen y que las mujeres, además de toda la violencia que ya sufren, vayan a la cárcel porque sencillamente no pueden continuar con un embarazo. Por eso cada vez es más claro que el camino para el país tiene que ser otro. Tiene que ser uno que afiance derechos y libertades, que fortalezca garantías. Ya basta de esta lógica que, además de la guerra, nos impone una visión confesional y oscurantista que condena a morir a las mujeres. Es decir, todo lo contrario a lo que dicen defender. Así de claro.
