El Tribunal de Estrasburgo marca la pauta a los Gobiernos en una cuestión controvertida
El revuelo causado sobre todo en Italia, el Estado directamente afectado, y en los ámbitos católicos de Alemania, en especial en la región de Baviera, por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que declara incompatible con la libertad religiosa la presencia del crucifijo en la escuela pública no es desconocido en España. Recuerda la reacción suscitada hace un año por la sentencia de un juzgado de Valladolid, pendiente de recurso, que estableció, a demanda de un grupo de padres, la incompatibilidad de la presencia del crucifijo en las aulas y espacios comunes de la escuela pública con los artículos 14 y 16.1 de la Constitución.
La sentencia del Tribunal de Estrasburgo adquiere, sin embargo, una relevancia especial. Marca la pauta a seguir en la interpretación de la legislación sobre derechos humanos que los Estados de la Unión Europea se han comprometido a respetar y frente a la que no caben interpretaciones jurisprudenciales internas o lecturas condicionadas a los intereses políticos o motivaciones ideológicas del Gobierno de turno. Tras la sentencia resultará difícil no abordar legislativamente la cuestión, de modo que siga siendo una batalla legal entre padres y jueces, como parece ser la intención del Gobierno español en la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa.
La reacción del Gobierno de Berlusconi a la sentencia hace temer que busque la forma de burlarla o de aplazar su cumplimiento, como sucedió en el caso de Eluana Englaro, prolongando la batalla legal librada por la demandante, una madre italiana de dos niños de 11 y 13 años, para que el Estado italiano respete, conforme a su carácter laico y aconfesional, la libertad ideológica y religiosa de sus dos hijos en la escuela pública.
Al Gobierno italiano no le ha servido de nada devaluar el significado religioso del crucifijo y resaltar, en cambio, su simbología humanista en su intento de convencer al tribunal de su compatibilidad con el Estado laico y del carácter inocuo de su exposición en la escuela pública. El tribunal ve en el crucifijo lo que todo el mundo y en especial la Iglesia: un símbolo asociado al catolicismo. Su presencia en la escuela pública mal puede servir al pluralismo educativo, además de vulnerar el principio de neutralidad confesional del Estado y de no respetar las convicciones religiosas y filosóficas de padres y alumnos.
