Parafraseando al político laborista israelí se puede decir que "El PSOE no desperdicia ninguna ocasión para perder una buena oportunidad". La última buena oportunidad perdida ha sido el voto del grupo socialista en el Congreso contra la proposición de Izquierda Unida para impedir la presencia de símbolos religiosos en los actos públicos de toma de posesión de funcionarios y cargos de la administración local, autonómica y estatal.
Los argumentos del diputado Jáuregui, miembro de la facción "Cristianos Socialistas" dentro del PSOE, son de una indigencia sonrojante. Afirma que en el decreto actual que regula estos actos "no hay la más mínima expresión de confesionalidad", y sin embargo reconoce que se sigue empleando un protocolo confesional en la mayoría de las ocasiones: ¿se está entonces incumpliendo la ley?, ¿se está afirmando por el contrario que es legal y constitucional emplear crucifijos, vírgenes, biblias, coranes, santos, iconos, cálices, marcas comerciales, o cualesquiera otros símbolos o libros que al encargado del protocolo se le ocurran?. Ni siquiera la Santa Sede se atrevió a pedir tanto en los Acuerdos que firmó con el Estado en 1979.
Afirma también este diputado socialcristiano que "Nadie puede prohibir por una ley el Corpus Christi, ni la Semana Santa, ni las celebraciones que hay en la mayor parte de España el 15 de agosto". Evidentemente nadie puede prohibirlas, ni siquiera el Papa, como bien saben los católicos sevillanos, toledanos y granadinos que siguen celebrando la primera de estas fiestas en jueves, o los cordobeses que celebran su San Rafael el 24 de octubre.
Es ofensivo comparar esa prohibición absurda con la de regular actos civiles que nada tienen que ver con la religión. Con ello este diputado no hace más que reproducir los infundios guerracivilistas de los clericales y catolicistas.
La estrategia del PSOE respecto al avance en la laicidad del Estado consiste hasta la fecha en presumir de un laicismo reformador, enojando a clericales y catolicistas, y por otro lado incrementar los privilegios de la jerarquía católica, que además pretende extender a las artificiales jerarquías de otras confesiones. Es un mérito sin parangón ofender a quienes se benefician de los privilegios y a quienes los combatimos, diciendo que se va a hacer una cosa y haciendo la contraria.
A la vista de esta trayectoria mucho nos tememos que la prometida reforma de la Ley de Libertad Religiosa del actual gobierno pueda regular que los obispos católicos serán nombrados por el Jefe del Estado de una terna propuesta por la Santa Sede.
