Calcularlo sería complejo porque desde 1990 han abierto nuevos centros y se han revisado al alza, de forma constante en los últimos años, tanto los valores catastrales de todas las propiedades de la capital como el tipo impositivo del impuesto que grava la propiedad, pero basta ver la suma de la reclamación para saber que la ciudad ha dejado de ingresar millones de euros por no haber hecho uso de lo que la Ley le reconoce desde hace 23 años.
Hasta 29 centros educativos concertados (con las excepciones de Campolara, que no solicita exención; María Madre, al que le fue denegada, y Politecnos, por ser un alquiler) se benefician del artículo 62 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. En él se recoge que «los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la superficie educativa» están exentos de pago. Es decir, que el Estado impone a los ayuntamientos que no se gire el recibo, que en algunos casos supera los 30.000 euros al año.
Pero como la Ley no puede ser un ‘invito yo, pagas tú’, el mismo artículo concreta que «esta exención deberá ser compensada por la administración competente». En este caso, la administración competente no se refiere a quien gobierna la materia, que sería la Junta por tratarse de Educación, sino a la que legisla: el Estado.
Eso quedó así redactado en el año 1990, pero en el caso del Ayuntamiento de Burgos, que no de otros, jamás se reclamó, de tal forma que el Ministerio de Hacienda se ha embolsado esas cantidades que podrían haber sido destinadas a la ciudad. La barra libre se acabó con la llegada de Salvador de Foronda a la Concejalía de Hacienda.
A las pocas semanas de tomar posesión, el jefe de las arcas locales dio orden de iniciar el trámite para solicitar el reintegro del IBI tanto del año en curso como de los cuatro anteriores, que es lo más que se puede exigir en materia fiscal puesto que a partir de ese límite prescribe la obligación de pago.
Para reclamarlo, y dado que era la primera vez, se movilizó a la Dirección Provincial de Educación, a la sección del IBI, al Servicio de Inspección, a Tesorería y a Secretaría General, pero se envió la reclamación. Una vez recibida, el Estado pidió que se depuraran las fichas catastrales ya que la exención afecta únicamente a los terrenos destinados a usos docentes, pero no a otros como capillas, residencias sacerdotales o de cualquier otro tipo.
Así se ha hecho y se ha reducido la factura prevista en 600.000 euros, de forma que se ha cumplimentado todo el proceso y el Ministerio ya ha confirmado a Hacienda que procederá al abono de las cantidades reclamadas en las próximas semanas. No será problema puesto que en los mismos presupuestos generales del Estado hay dinero reservado para dar cobertura al artículo 64.
En total, y según los datos definitivos, Burgos recolectará 315.372 euros por el año 2008; 324.694 por el 2009; 343.821 por el 2010; 396.503 por el 2011 y 438.627 por el 2012. La suma: 1.819.20 euros. Además, y en un proceso diferente que sí se venía haciendo en años anteriores, se ha solicitado el pago de casi 600.000 euros de las exenciones al IAE que el Estado hace a empresas de Burgos.
Los colegios no tendrán que pagar de su presupuesto el IBI porque el Estado lo cubrirá por ellos y, por tanto, no sufrirán daño patrimonial alguno. Ángel Ayala
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