Las nuevas alegaciones responden a las presentadas por la Junta de Castilla y León, que ha reclamado que el juzgado archive el caso por defectos de forma referidos a la presentación fuera de plazo y otras circunstancias, aunque ACEL cree que se trata de una 'artimaya absurda' de la Administración autonómica, según explicaron a través de un comunicado.
La asociación pide al juzgado que desestime las alegaciones presentadas por la Junta y se pronuncie 'sobre el fondo del asunto', ya que de no admitir a trámite su demanda se produciría la circunstancia jurídica de 'indefensión', según ACEL.
El contencioso se inició el pasado curso cuando, después de agotar la vía administrativa solicitando la retirada de símbolos religiosos confesionales, principalmente crucifijos, la asociación optó por llevar el caso a la instancia judicial competente.
La denuncia se basó en sendas solicitudes de retirada de los crucifijos por parte de los padres de dos alumnos del centro público Macías Picavea, que consideraron que la presencia de los crucifijos en las aulas 'vulneraba su libertad de conciencia y era contrario a principios constitucionales como el de separación Iglesia-Estado', según el comunicado de ACEL.
Estas demandas han sido renovadas con el inicio del nuevo curso y la asociación se ha puesto en contacto con padres de alumnos de otros centros públicos en los que existen también símbolos religiosos para solicitar su retirada.
