Aquí no cabe el dicho: "La Iglesia en manos de Lutero", sino al revés, volteado: el Estado laico en manos del clero. Asombrosa resultó la declaración del obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, en el sentido de que el máximo jerarca de la iglesia católica, el papa Joseph Ratzinger, alias "Benedicto XVI", realizó una llamada telefónica (dice que no sabe a quién) lo que produjo el milagro para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara "a favor de la vida".
Y vaya que falló. Cometió un grandísimo error al dejarse presionar tanto por Gobernación, como por el mismísimo "jefe supremo de las fuerzas armadas" (en su versión de civil beato y persignado defensor de espermas y óvulos, no así de la vida de los miles de víctimas caídas en la guerra), así como de algunos gobernadores que estuvieron pujando para salirse con la suya, desdeñando nada menos que los dictados de la Carta Magna, y la condición de Estado laico del cual forman parte y debieran respetar independientemente de la religión que profesen y de los dogmas que acaten obedientemente.
El asunto de la aberración de la moralina ley antiaborto, ya lo había tratado hace dos años, cuando los legisladores locales aprobaron tamaño despropósito aquí en Baja California, situación extraña en tratándose de una sociedad que no se caracteriza precisamente por su santurronería, o por su condición de mocha, antes al contrario, se podía afirmar que nuestra sociedad era más abierta, no proclive al fanatismo, es decir, con un nivel de estudios superior al de la media nacional, que influía por ende en este tipo de decisiones y criterios más apegados a la ciencia que a las creencias religiosas.
Obviamente, en aquel entonces el triunfo de la sinrazón estuvo en manos de legisladores que se atuvieron más a la religión que profesaban y seguramente todavía profesan, que a los dictados de la ciencia, los derechos de la mujer, su inalienable derecho a decidir lo que atañe a su cuerpo (por cierto resulta de una estupidez extrema que se entrometan los sacerdotes en estos temas tan escabrosos ya que su voto de castidad los invalida), cometiendo con su actuar una grave afrenta contra las mujeres, quienes insisto, son las únicas que tienen la facultad y el derecho para decidir sobre su propio cuerpo.
La advertencia quedó asentada en las Asignaturas: Penalizar el aborto se considera acto de tortura (El Mexicano 301109), en donde precisamente hurgando en la información sobre este tópico, me encontré con que por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó en abril de ese año, el caso de la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales.
La conceptualización que efectúa, es muy ilustrativa para esta pretensión retrógrada que se ha gestado en nuestro país que se precia de ser un Estado laico. La Convención que da vida al Comité mencionado reconoce como tortura "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido". Además considera tortura el acto de castigo físico o mental para intimidar o coaccionar "por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".
Evidentemente, la ley contra el aborto terapéutico es una tortura. Causa dolor y sufrimiento, fue impuesta con motivaciones específicas, refleja el propósito de intimidar y coaccionar a mujeres y médicos, como trata de imponer una creencia religiosa a costa de la salud, aún cuando el país es laico según la Constitución, y es infligida como política de Estado.
A pesar de lo anterior, estos fueron los legisladores que en nuestra entidad ya habían aprobado tan aberrante ley:
José Alfredo Ferreiro Velazco, Rubén Ernesto Armenta Sanabia, Juan Manuel Molina García, Armando Terán Corelia, Gina Andrea Cruz Blackledge, Víctor González Ortiga, Adriana Guadalupe Sánchez Martínez, Gloria María Loza Galván, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Oscar Román Martínez Garza, Enrique Méndez Juárez, Miguel Ángel Castillo Escalante, Jorge Casillas Arias, Carlos Alonso Angulo Rentería, y Antonio Ricardo Cano Jiménez.
Paradójicamente, ya el PAN de Guanajuato avaló una prohibición al aborto similar a la aprobada en Baja California, en el año 2000. La prohibición de Guanajuato causó una ola de indignación a nivel nacional que llevó a la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, en ese entonces secretaria de formación política del CEN del PAN, y a la entonces diputada federal Patricia Espinosa, a acceder a hablar con los legisladores panistas de Guanajuato para que echaran para atrás tal prohibición. Increíble pero cierto.
Actualmente, el escenario es sumamente oscurantista, cuando nos enteramos por boca del obispo de Mexicali, eufórico, de la supuesta llamada de su jefe inmediato superior, interviniendo para que los magistrados de la Corte fallaran a favor de refrendar la penalización del aborto, sin considerar en absoluto todo lo que ello conlleva, las implicaciones graves como la imposición de una interpretación religiosa a la vida reproductiva de las mujeres. El otorgamiento de personalidad jurídica al embrión, que contraviene, los principios científicos y conduce a aberraciones jurídicas. La violación de los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a ejercer su sexualidad libremente y a elegir libremente la maternidad y el número de hijos que desean y pueden tener, lo que afecta a su vez los derechos de los hombres y el bienestar de las familias. Derechos que están garantizados en los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana, así como en la Ley de Igualdad y en la Ley de No discriminación. La violación de los derechos humanos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, derechos garantizados por las leyes mexicanas y estipulados por Convenciones internacionales suscritas por nuestro país, como la de Belem do Pará.
Sin temor a equivocarme, el tema da para más. Escudriñaremos más adelante. Es cuanto
