Varios alcaldes italianos recogieron el rechazo de la ciudadanía al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pretende obligar el retiro de crucifijos de las escuelas públicas del país, y adoptaron medidas sin precedentes para preservar el símbolo cristiano.
Según informó el diario Avvenire, el alcalde de Sezzadio en Alejandría, Pier Luigi Arnera, decidió multar con 500 euros a quien remueva algún crucifijo de un local público.
Arnera explicó que "la exposición del crucifijo, en lugares distintos a los centros de culto, no afecta a la dignidad de algunos, porque es una de nuestras referencias culturales".
Al mismo tiempo en Sassuolo y Trapani las autoridades municipales adquirieron decenas de crucifijos para distribuirlos entre todas las escuelas.
En Montegrotto Terme, Padua, los avisos luminosos que suelen reproducir mensajes oficiales lucen ahora un crucifijo con la frase "Nosotros no lo quitamos", y el alcalde de Asís, pidió que además del crucifijo, las oficinas públicas expongan un pesebre.
En Varesotto, un contratista instaló en el patio de su granja una cruz de seis metros de altura y tres de ancho para mostrar su indignación por la sentencia de Estrasburgo.
