Son muy pocos los países latinoamericanos que permiten interrumpir el embarazo sin condiciones en las primeras semanas de gestación. Algunos como El Salvador encarcelan incluso a mujeres que sufren abortos espontáneos.
“Criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional”. Fue una decisión histórica la que el martes 7 de septiembre tomó la Suprema Corte de Justicia de México al pronunciarse a favor de garantizar los derechos de las mujeres y de personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Pero hay que aclarar varios puntos. El fallo de la máxima autoridad judicial del país no despenaliza el aborto en todo México, sino que prohíbe procesar a quien aborte durante las primeras doce semanas de gestación.
Lo que la Suprema Corte declaró inconstitucional fue el artículo 196 del Código Penal del estado norteño de Coahuila, que contemplaba una pena de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”. Sin embargo, la medida se aplica al poder judicial de los 32 estados que conforman México.
“Como el artículo se invalidó de manera unánime -con los diez votos de magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia-, se crea un precedente obligatorio para todo el poder judicial en el país. Se obliga a todos los jueces a aplicar los criterios de la sentencia, y por tanto, ya no se puede sancionar con prisión a las mujeres que aborten”, explica a Newtral.es Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista que defiende los derechos reproductivos en México.
Pese a que aún queda un largo camino por recorrer para que se legalice el aborto en el país, desde GIRE valoran positivamente la medida: “Es algo histórico”, aseguran.
En México cada estado define en su código penal las reglas con respecto a esta práctica y actualmente en el país tan solo cuatro permiten la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.
“El resto de estados tiene condiciones restrictivas bajo un régimen de causales”, añade Fulda, quien recuerda que en caso de violación el aborto es legal en todo el país.
Según datos de la ONU, cada año se producen alrededor de 25 millones de abortos peligrosos en todo el mundo.
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En la mayoría de los países de América Latina la interrupción del embarazo solo es legal bajo ciertas circunstancias como violación, malformación del feto o riesgo de vida de la gestante, si bien cada nación tiene una legislación diferente. Pero también es cierto que en este último tiempo se han producido avances respecto a la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, como evidencia la decisión tomada porla Suprema Corte de Justicia en México y el cambio de leyes en otros países.https://datawrapper.dwcdn.net/UmZcK/2/
En diciembre de 2020 Argentina legalizó el aborto en todas las causales, no solo en caso de violación o de peligro para la vida de la madre como la regulaba la anterior ley de 1921. La fuerza de la “marea verde”, el movimiento de mujeres que impulsó el reclamo por un aborto seguro, legal y gratuito, fue clave para su despenalización.
De esta forma Argentina se sumó a la corta lista de países latinoamericanos donde el aborto está despenalizado en las primeras semanas de gestación, junto a Cuba, Uruguay, Guayana, Guayana francesa y Puerto Rico (estado asociado de EEUU), tal y como indican los datos del Center for Reproductive Rights.
Por su parte, Chile también dio un paso histórico en 2017 al aprobar la despenalización del aborto en tres circunstancias: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y en embarazos producto de una violación. Fue en 1989, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se prohibió la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, lo que obligó a muchas a mujeres a recurrir a abortos inseguros.
“Se ha avanzado, pero Chile es un país conservador y esto implica un cambio cultural muy grande que se está dando ahora”, explica a este medio Claudia Dides, académica de la Universidad de Santiago y especialista en temas de género.
Desde que se aprobaron las tres causales, asegura Dides, ha habido problemas y obstáculos para que las mujeres accedan al aborto, tales como la objeción de conciencia de muchos profesionales sanitarios o la escasez de información.
En el caso de Ecuador, está permitido abortar cuando la vida de la mujer corre peligro y desde el pasado mes de abril también en caso de violación, al ser despenalizado por la Corte Constitucional. A pesar de que desde la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador celebraron el fallo, lo consideraron un “avance incompleto”, por lo que aseguraron que seguirán luchando para que la interrupción del embarazo se despenalice de forma completa en el país, según informó Efe.
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Aborto prohibido bajo cualquier circunstancia
Sin embargo todavía hay países en la región donde el aborto está completamente prohibido. Es el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
El Salvador, que solo en 2019 registró más de 19.000 embarazos en niñas y adolescentes, tiene una de las legislaciones más estrictas respecto al aborto. No importa si la vida de la mujer corre peligro o si el embarazo fue producto de una violación: no existen excepciones, tal y como señalaba The New York Times en este reportaje.
De hecho en este país centroamericano hay mujeres que están enfrentando penas de hasta 30 años de cárcel después de haber sufrido un aborto espontáneo u otra emergencia obstétrica, ya que son acusadas del delito de homicidio agravado.
A pesar de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, prometió que no se criminalizaría a las mujeres que interrumpen su embarazo, las leyes no han cambiado y actualmente hay 17 mujeres privadas de libertad, 14 con condena firma y tres con procesos judiciales abiertos, según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
“Con leyes tan restrictivas se persigue a las mujeres, se las criminaliza y se impone la maternidad en niñas. En la actualidad estamos viviendo un contexto de retrocesos democráticos en el marco del gobierno de Bukele, que pone en riesgo a las defensoras de derechos humanos y a las personas que denuncian las injusticias del sistema salvadoreño”, indica a Newtral.es la activista Sara García, integrante de esa agrupación.
“Las injusticias reproductivas siguen sucediendo. Por eso es fundamental que se produzcan cambios”, reclama.
La ONU considera que restringir el acceso al aborto no reduce el número de estas prácticas. En los países donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida o se permite solo para salvar la vida de la mujer, “solo uno de cada cuatro abortos fue seguro”, mientras que “donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi nueve de cada diez abortos se realizó de manera segura”.
Aborto en América Latina: Otras leyes restrictivas
En países como Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela la interrupción del embarazo solo es legal en caso de que la vida o salud de la gestante corra peligro.
En el caso de Perú, entre 2015 y 2018 la Fiscalía impulsó 961 denuncias por abortos provocados y llevó a un total de 312 mujeres a los tribunales, según una investigación de Ojo Público.
Por su parte Brasil, Bolivia, Colombia y Panamá incluyen en sus códigos penales dos excepciones más: inviabilidad fetal y violación.
En Bolivia, donde el aborto es la tercera causa de muerte materna según datos oficiales, también es legal interrumpir el embarazo en las primeras ocho semanas si la mujer es estudiante o tiene a su cargo a personas mayores o discapacitadas.
Fuentes:
- Entrevista a Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
- Entrevista a Sara García, activista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
- Entrevista a Claudia Dides, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
- Suprema Corte de Justicia de México.
- Informes de la Organización de las Naciones Unidas.
- Center for Reproductive Rights.
- Amnistía Internacional.
- Ojo Público.
- Ministerio de Sanidad de Bolivia.
