En un comunicado recogido por Europa Press, la Asociación señaló que el recurso se interpuso "para seguir los pasos legales indicados por la propia Administración educativa" aunque, aclaró, el texto presentado no trata de asuntos formales ni de competencias "sino que exige entrar en el fondo del asunto habida cuenta de la obligación de la Administración educativa de intervenir, decidir e imponer su criterio en vía de recurso, como ella misma reconoce y como le obliga la reciente sentencia del TSJ de Castilla y León".
El Consejo Escolar del CEIP Isabel La Católica, reunido "a instancia" de la Dirección Provincial de Educación para tratar el tema de la retirada o no de los símbolos religiosos presentes en sus aulas, decidió su mantenimiento después de que la Dirección Provincial de Educación de Valladolid instara la semana pasada al Consejo Escolar del CEIP Isabel La Católica a pronunciarse en virtud a lo ordenado por la sentencia 1617 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
En este sentido, la Asociación Cultural Escuela Laica lamentó el hecho de que el Consejo Escolar "haya dejado pasar una oportunidad" para haber solucionado en ese centro y "de forma definitiva" un problema "que afecta a la libertad de conciencia de miembros de la comunidad escolar".
Tras recordar que la solicitud de retirada de los símbolos religiosos se produjo el curso pasado y que la respuesta entonces del Consejo Escolar fue declinar pronunciarse y "esperar comunicación de la Junta de Castilla y León", la ACEL entiende que la decisión tomada ahora responde a la "obligación impuesta" por la Junta y a su "insistencia" en "poner en el disparadero" a los Consejos Escolares, organismos a los que pasa una "patata caliente que no desean" sobre una polémica "que no debía haber existido y respecto a la que los Consejos Escolares no tenían obligación de hacer frente".
Para la ACEL, la Administración educativa ya "no puede escudarse" en no actuar para "respetar la autonomía organizativa de los centros", un "eufemismo" con el que ha tratado hasta ahora de "encubrir su dejación de funciones", sino que como la sentencia del TSJ indica y la propia Dirección Provincial de Educación asume, deberá "intervenir, decidir e imponer su criterio".
