Ahora el Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León exige a la Junta que los efectos de esta sentencia se extiendan, de oficio, a todos los centros públicos de esta comunidad. "Esta es la única forma de que se tutelen los derechos de las familias que no profesan la religión católica", dijo la portavoz del grupo, Ana Redondo.
La sentencia de Valladolid sostiene que la presencia de símbolos religiosos en la escuela vulnera los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución. El fallo se convierte así, según la asociación Escuela Laica de Valladolid, en un argumento más para que los símbolos religiosos salgan de las escuelas. "Los centros escolares no pueden tener crucifijos ni otros símbolos religiosos. Esto implica adoptar un ideario", opina Fernando Pastor, padre de una niña en el Macías Picavea.
Pero el de Valladolid -aun-que es la primera vez que un juez obliga a un colegio a retirar los crucifijos- no es un caso aislado. En 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinaba que los consejos escolares (que en el caso del Macías Picavea se negó a atender la petición de un grupo de padres y quitar los crucifijos) no tenían entre sus atribuciones la de decidir sobre si quitar estos símbolos; por lo que el centro debía, tal y como solicitaban los padres, retirar los crucifijos.
En Andalucía, el Defensor del Pueblo en la comunidad solicitó que se retiraran estos símbolos cuando hubiera una sola petición para ello, para garantizar "el respeto al derecho de libertad religiosa". En Aragón la Consejería de Educación determinó que los materiales que pueden presidir las aulas e instalaciones no deben tener sentido confesional.
