Manifesta su apoyo a la ACEL, Asociación Cultural Escuela Laica, de Valladolid por el recurso que han fallado los tribunales sobre la retirada de la simbología religiosa
La Confederación MCEP, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que es un movimiento socio-pedagógico, de carácter progresista, seguidor de la pedagogía de C. Freinet, con presencia en todas las CCAA del estado, quiere manifestar su apoyo a la ACEL, Asociación Cultural Escuela Laica, de Valladolid por el recurso que han fallado los tribunales sobre la retirada de la simbología religiosa del Centro Público Macías Picavea de Valladolid.
Después de más de 30 años de la aprobación de la Constitución Española en 1978, es lamentable que los poderes públicos no haya intervenido para hacer posible el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de conciencia y no se hayan dictado normas para la retirada de la simbología religiosa de todos los lugares públicos. La misma libertad de conciencia que alguno de esos poderes utiliza para recurrir, sin demasiado fundamento, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en un ejercicio de cinismo político que no se merecen los ciudadanos y las ciudadanas.
El recurso que ha interpuesto la Junta de Castilla y León en relación con la sentencia nos causa profundo malestar por cuanto las argumentaciones que esgrime no son sostenibles en un estado aconfesional como el nuestro y, porque no ha tenido la valentía de hacer que se cumpla la ley y deriva, por el contrario, la decisión a los Consejos Escolares, con el argumento de defender su autonomía. Sería más deseable que en función de esa autonomía, que ahora parece sacralizar, la Junta de Castilla y León hubiese dotado de muchas más competencias a dichos Consejos Escolares para hacer efectivo el derecho a la participación de padres y madres en la gestión de los centros educativos.
Exigimos al Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León y a la Ministra de Educación que rectifiquen, que dicten las resoluciones que sean precisas para que desaparezcan todos los símbolos religiosos de los centros públicos, que asuman su obligación y que no deriven la solución hacia los Consejos Escolares en una decisión, cuando menos irresponsable, que provoca confusión y enfrentamientos en el interior de la comunidad educativa y que dificulta la convivencia y el normal desarrollo de la actividad docente.
