En las últimas semanas el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha endurecido la persecución contra la Iglesia católica denunciaron organizaciones de derechos humanos, por lo que señalan que «la comunidad internacional debe reaccionar».
Las acciones recientes de la administración del presidente Daniel Ortega en contra de la Iglesia católica, la cual ha sufrido una de las embestidas más feroces durante los últimos 30 años, debería tener consecuencias de magnitudes similares, aseguraron a la Voz de América los expertos consultados al respecto.
En menos de un mes Ortega ha arreciado la persecución contra la Iglesia al cancelar al menos 11 radioemisoras locales y cuatro canales de TV por cable en donde los sacerdotes transmitían sus homilías; pero también ha impuesto “de facto”, casa por cárcel a los sacerdotes críticos a su gestión.
El jueves monseñor Rolando Álvarez fue impedido a oficiar una misa en la Catedral de Matagalpa, al norte del país.
“Qué necesidad hay de desplegar todas esas fuerzas policiales. Si era tan sencillo dejar mi casa, dejar la puerta de mi curia normal, como cualquier casa para que entraran a rezar, para que entráramos a adorar al Señor. Rodean la curia como si fuera un cuartel”, manifestó el prelado el jueves por la tarde.
Ante este panorama el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís (2014-2018) dijo a la Voz de América que la comunidad internacional debe aumentar la presión contra Ortega de forma tal que los propios países centroamericanos, vecinos del mandatario sandinista, entiendan que sus propias actitudes durante estos días son contraproducentes.
“Usted sabe que está a punto de reelegirse el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y ya él se está acomodando a la dictadura, haciéndole concesiones, y para agravar la situación, los presidentes del SICA están a punto de dar por bueno al candidato de la dictadura a la secretaría general del SICA. Estas son acciones que van en contra de la democracia porque facilitan al dictador continuar desplegando su represión sin ningún límite”.
Por esa razón Solís considera que creo debe haber solidaridad internacional ante las personas víctimas de los ataques de Ortega, y especialmente de la Unión Europea y de algunos países que son todavía cooperantes con Nicaragua, como los países nórdicos y el propio Estados Unidos.
“Deben continuar fortaleciendo sus medidas de presión de manera que la dictadura, aún cuando no haga caso de esas medidas, tenga que pagar de alguna manera el precio de su osadía y de su brutalidad”, expresó Solís.
En ese misma línea coincidió por separado el exasesor de la Organización de Estados Americanos Guillermo Belt, quien agregó que en primer lugar, la Iglesia católica, tanto en Nicaragua como en su cabeza en El Vaticano, como las conferencias episcopales en muchos países, deberían estar manifestándose en rechazo en lo que considera “un ataque frontal contra la Iglesia católica”.
“Se han visto imágenes realmente dramáticas de un obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, de rodillas en la calle levantando la custodia, orando, rezando en la calle y alrededor de él, policías armados unos con fusiles semi-automáticos y otros con otros tipos de armamento, custodiando a un sacerdote, en este caso un obispo, que está solo, obviamente desarmado”, indicó Belt.
A su juicio El Vaticano debería ser el primero en reaccionar y luego las conferencias episcopales en otros países, comenzando por la de Estados Unidos, siguiendo con las que están en Europa y otros países de América Latina.
“Deberían estar en este momento protestando, difundiendo esas imágenes para los millones de católicos que hay en el mundo entero vean la represión que se está llevando a cabo, la crudeza de esa represión”.
Belt también coincide en que la comunidad internacional, deben tomar acciones “que se pueden tomar legítimamente de acuerdo con el derecho internacional” y que a su juicio no se están tomando, “y que va mucho más allá de simples declaraciones y condenas”.
“Yo creo que es momento de que la comunidad internacional actúe y una de las medidas que están al alcance de la comunidad internacional son medidas de carácter económico, lo que generalmente se llaman sanciones, para de alguna manera ver si la dictadura en Nicaragua reacciona ante estos abusos que está cometiendo y deja de cometerlos para permitir, cuando menos, la libertad religiosa, la libertad de culto”, señaló el experto.
El expresidente costarricense también se mostró a favor de medidas económicas como las “sanciones económicas”.
“Evidentemente, esto tiene sus limitaciones. Lo hemos visto así en Venezuela y en otros lugares, pero me parece que ese es el tipo de medidas con las cuales quizá pueda responder un poco más el régimen que, al igual que todos los demás países de la región, está pasando por momento muy complicados debido a las condiciones del sistema económico internacional y de la misma situación local que continúa grave para la mayor parte de la población en Nicaragua”.
Según Solís, “el régimen de Ortega es un régimen” que a la par del dictador Anastasio Somoza “se quedó corto” e indicó que más bien se parece al viejo líder estalinista de Albania, Enver Hoxha, que incluso fue más allá del comunismo soviético en su momento, cerrando el país a toda posibilidad de intercambios con el mundo, ya no solamente occidental, sino con los propios países socialistas.
“Llega un momento en que la locura, la ambición por el poder de un megalómano, de un dictador, puede expresarse de esa manera, estando contra todos y generando condiciones imposibles. Yo creo que Ortega está llegando a ese punto», concluyó Solís.
Sanciones no se han aplicado en su totalidad
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto un bloque de sanciones contra el presidente Ortega, quien las ha catalogado como «injerencistas»; mientras que las acciones contra sacerdotes y opositores consideran que son «reacciones» por según él intentar dar un golpe de Estado en 2018.
No obstante pese a ello EEUU ha aprobado leyes que buscan cercar al mandatario sandinista que lleva más de 15 años consecutivos en el poder con el fin de ceder en lo que organismos de derechos humanos catalogan como «deriva autoritaria».
Pero las sanciones económicas han sido un punto controversial por considerar que afectarían a la ciudadanía», pero ante el panorama cada vez más desolador, los analistas creen que debe haber un viraje al respecto.
«Yo sí creo que debería haber medidas mucho más fuertes y concretamente debe haberlas de parte del gobierno de los Estados Unidos que tiene no una, sino dos leyes aprobadas por abrumadora mayoría, por ambos partidos, en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Se trata de aplicar lo que está establecido por vía legislativa y no se está aplicando», dijo el exasesor de la OEA, Guillermo Belt.
