El articulado fue impulsado por el presidente Gustavo Petro, pero desde la cartera aseguraron que desean garantizar “plenamente” este derecho en Colombia
El Ministerio del Interior anunció el domingo 3 de noviembre de 2024, la suspensión del cronograma para la revisión y construcción del decreto del Sistema Nacional de Libertad Religiosa (Sinalibrec).
La decisión fue confirmada a través de la cuenta oficial del Ministerio en la red social X, en la que confirmaron el compromiso con la libertad religiosa en el país y la intención de fortalecer el diálogo con el sector religioso antes de avanzar en la normativa.
“Desde el #MinInterior, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos. Atendiendo las recientes observaciones al borrador del decreto del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, hemos decidido suspender su cronograma para revisar y construir, en diálogo con el sector, instrumentos que garanticen plenamente este derecho en Colombia”, indicó la entidad en su publicación.
El Ministerio del Interior de Colombia suspendió el cronograma para el decreto Sinalibrec con el fin de fortalecer el diálogo religioso – crédito @MinInterior/X
La creación del Sinalibrec fue impulsada por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de fortalecer la libertad religiosa y de cultos y apoyar a las organizaciones religiosas a través de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa, la cual, está sustentada en el artículo 312 de la Ley 2294 de 2023, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El artículo 312 del PND establece la continuidad de estructuras como los Comités de Libertad Religiosa, Mesas de Participación y Consejos interreligiosos, espacios que buscan facilitar el diálogo y la articulación de las más de 11.000 entidades religiosas registradas en el país.
Según el Ministerio, las instancias de participación interreligiosa han sido incluidas en el 90% de los Planes de Desarrollo Territorial, lo que representa un avance significativo en la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas.
Desde mayo de 2024, el Gobierno ha venido delineando aspectos clave del Sinalibrec, pues se han mantenido diálogos territoriales y consultas colectivas para recoger diversas opiniones, y así tener una apertura inclusiva hacia las confesiones religiosas sin favorecer ninguna en particular.
El proceso propuesto para la reglamentación del sistema contemplaba la creación de una metodología participativa que involucrara tanto a las autoridades nacionales como territoriales. En ese sentido, una vez redactado un borrador del decreto, estaba previsto que se difundiera para recibir observaciones y realizar ajustes, antes de presentarlo en los Comités y Mesas de diálogo interreligioso para un debate más amplio.
Las instancias de participación interreligiosa están presentes en el 90% de los Planes de Desarrollo Territorial – crédito Juan Karita/AP
Este método buscaba asegurar la representación y el respeto por la pluralidad de voces religiosas en el país, dado que el liderazgo del proceso está a cargo de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, bajo la dirección de Amelia Rocío Cotes Cortés.
En mayo de 2024, La Defensoría del Pueblo, a través del exdefensor Carlos Camargo Assis reiteró la importancia de garantizar la libertad religiosa como derecho fundamental reconocido en la Constitución de 1991 y en la Ley Estatutaria 133 de 1994.
Assis recordó la obligación del Estado de proteger el sentimiento religioso de los colombianos y de desarrollar políticas públicas que promuevan la no discriminación y la convivencia pacífica entre diferentes confesiones.
Desde mayo de 2024, el gobierno ha realizado consultas para avances inclusivos en el Sistema Nacional de Libertad Religiosa – crédito Colprensa
En un comunicado emitido desde Ocaña, Norte de Santander, Assis aseguró: “Colombia necesita avanzar en políticas públicas que promuevan la no discriminación, la no estigmatización y el reconocimiento de la pluralidad religiosa”.
El Ministerio del Interior aseguró que la pausa permitirá un diálogo más amplio y constructivo con el sector religioso; sin embargo, la expectativa y las demandas por políticas que garanticen el derecho a la libertad religiosa sin discriminación seguirán siendo un tema de relevancia en el debate público colombiano.
