Resumen:La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada el 17 de mayo de 1933 por las Cortes de la II República española, prohibió que la Iglesia continuase ejerciendo la enseñanza. La medida despertó la indignación de diversos actores conservadores: políticos, obispos y líderes de organizaciones católicas. Su objetivo fue la derogación de la ley y, para ello, dedicaron grandes esfuerzos a activar la reacción de los católicos. Este artículo examina algunos de los mensajes propagandísticos difundidos durante aquellos meses para desvelar sus estrategias movilizadoras.
Sumario:
1. Introducción teórica.
1.1. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas.
1.2. El movimiento en contra de la norma: principales actores.
1.2.1. La oposición a la ley desde la tribuna parlamentaria.
1.2.2. La oposición a la ley desde los altares.
1.2.3. La oposición a la ley desde la calle.
1.3. La propaganda con sello católico.
2. Aproximación metodológica.
3. Resultados: los elementos propagandísticos del mensaje católico.
4. Conclusiones.
5. Referencias bibliográficas.
1. Introducción teórica
1.1 La ley de confesiones y congregaciones religiosas
La idea de que la Iglesia española había funcionado como un freno para el progreso cultural del país se encontraba latente entre importantes sectores de la opinión pública antes de la llegada del régimen republicano. En ese contexto, la educación era contemplada como un asunto que no podía continuar por más tiempo bajo el control de la institución católica. Así, el carácter laico del sistema educativo se convirtió en una prioridad para los primeros gobiernos de la II República. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que desarrollaba el artículo 26 de la Constitución, fue la norma más destacada de todas las que se adoptaron para avanzar en esa dirección. El Gobierno de Azaña y toda la izquierda pensaron que, con ella, se asentarían “los más sólidos cimientos para construir un Estado laico” (Verdoy, 2009: 356). En su título VI, se establecía la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes y congregaciones religiosas:
Las Órdenes y Congregaciones religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza. No se entenderán comprendidas en esta prohibición las enseñanzas que organice la formación de sus propios miembros. La inspección del Estado cuidará de que las Órdenes y Congregaciones religiosas no puedan crear o sostener colegios de enseñanza privada ni directamente ni valiéndose de personas seglares interpuestas.
La norma indicaba que las órdenes confesionales disponían de un año para cesar en actividades docentes y, a partir de ese momento, el Estado se encargaría de la enseñanza de todos los niños del país. Era el inicio de lo que algunos autores han denominado “el combate más duro de la «guerra escolar»” (Ostolaza, 2009: 335). Ni enmiendas ni votos particulares fueron aceptados a lo largo de los tres meses y medio durante los que se prolongó el debate. Finalmente, el texto fue aprobado el 17 de mayo de 1933 por 278 votos a favor y 50 en contra, de las fuerzas monárquicas y agrarias.
1.2 El movimiento en contra de la norma: principales actores
1.2.1 La oposición a la ley desde la tribuna parlamentaria
Las fuerzas políticas conservadoras se posicionaron firmemente en contra de la norma. Su oposición ya quedó fijada durante el debate sobre la Constitución en 1931, como demostró con claridad el diputado Gil Robles cuando acusó a los responsables del proyecto de concentrar en la prohibición recogida en el artículo 26 sus deseos de persecución a la Iglesia: “el dictamen que se ha aprobado […] es un principio neta- mente persecutorio que los católicos no aceptamos, que no podemos aceptar” (Meer, 1978: 161). El diputado se mantuvo fiel a su palabra y, ya en plena tramitación de la ley, mostró una idéntica actitud de rechazo. Como presidente en ese momento de Acción Popular, Gil Robles aseguró que haría “todo lo posible” y todo lo que estuviera en su mano “para desobedecerla y para predicar su desobediencia individual y colectivamente” (Ramírez, 1969: 247).
Acción Popular era el nombre con el que era conocida la organización política que, hasta el 29 de abril de 1932, se denominó Acción Nacional, una formación derechista que intentó, desde sus inicios, articular la defensa de las clases conservadoras ante el régimen republicano empleando la confesionalidad como “símbolo de integración política” (Montero, 1977b: 92). Tras unos resultados pobres en las elecciones a Cortes Constituyentes, la organización afrontó una serie de cambios que comenzaron con la llegada de Gil Robles a la presidencia el 19 de octubre de 1931, bajo quien pasó de ser “una organización de elites a un partido de masas” (Grandío, 2008: 102). Dos años más tarde, fue también él quien se situó al frente de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de cara a las elecciones generales de 1933, una poderosa plataforma política que colocó las reivindicaciones de carácter religioso en el primer lugar de su programa, propaganda y acción.
1.2.2 La oposición a la ley desde los altares
La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas también fue atacada por el episcopado. La declaración colectiva de 25 de mayo de 1933 la criticó abiertamente al denunciar “con un tono durísimo aunque respetuoso” el “laicismo agresivo” que había inspirado la Constitución (Álvarez, 2009: 70). El lenguaje empleado por los obispos resultó más agresivo que en ocasiones anteriores y sus llamadas a la comunidad católica para que participara en las reivindicaciones escolares de la Iglesia también se mostraban más apremiantes (Pérez, 1988: 140-141), aconsejando a los fieles “una actitud hostil, de lucha” (Ramírez, 1969: 217-218). De este modo, las recomendaciones a los devotos, entre las que estaba la prohibición severa de asistir a las escuelas acatólicas, neutras o mixtas, “se concretaban ahora en obligaciones terminantes” (Puelles, 2002: 279), “normas de obligado cumplimiento” para todos los católicos (Ostolaza, 2009: 336).
El comunicado sintonizó plenamente con la condena que el papa haría de la norma en su encíclica Dilectissima nobis, de 3 de junio, en la que, con “un tono de hostilidad inequívoca” (López, 2008: 162), Pío XI presentaba la ley como una ofensa a la Iglesia, se refería a ella como “obra de ingratitud y manifiesta injusticia que va contra la libertad” y pedía a los católicos que se unieran disciplinados en su contra. Según De Puelles, esta encíclica, que supuso el “momento álgido” de la “guerra escolar”, fue “una declaración oficial de guerra” (2002: 280).
1.2.3 La oposición a la ley desde la calle
Los grupos de presión habían proliferado y desarrollaban una sugestiva labor de influencia desde 1931, aprovechando la válvula de escape y el terreno de acción abiertos por la República (Ramírez, 1969: 344) de modo que los católicos ya gozaban de una notable y eficaz organización cuando la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas fue aprobada en las Cortes. La cruzada permitió organizar, activar y politizar redes sociales, movilizar a sus seguidores, buscar votos para ganar las elecciones, fundar decenas de asociaciones católicas nuevas e incorporar miles de individuos (jóvenes, mujeres, padres de familia, maestros y profesores…) a las ya existentes (Cruz, 2006: 56).
Herrera Oria fue una figura clave en el inicio y crecimiento de estos colectivos, pues estuvo al frente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACN de P) y, más tarde, presidió la Junta Central de Acción Católica. La primera contemplaba entre sus principales objetivos “dar a los católicos mayor peso y organización en la vida social y en la vida política” (Ordovás, 1993: 20), para lo que preparó a católicos militantes para la organización de mítines y conferencias que difundieran la necesidad de la fe. La segunda, con Herrera como máximo responsable, trasladó los temas que ocupaban a la anterior a un plano masivo. Como protesta ante la Ley de Confesiones, Acción Católica organizó las Semanas Pro Ecclesia et Patria, que se celebraban en todas las diócesis y finalizaban con una manifestación religiosa y propagandística de masas de evidente carácter político (Montero, 2008: 32).
Junto a estas dos grandes organizaciones cabe subrayar el crucial papel que jugaron en aquellos años otros grupos específicamente vinculados a la escuela: la Federación de Amigos de la Enseñanza, la Agrupación Defensa y Libertad de los Padres en la Educación de los Hijos, las Ligas Contra la Pública Inmoralidad, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia… Destaca el protagonismo de esta última, una poderosa e influyente organización encargada de emprender una «cruzada» en defensa de, entre otras cuestiones, el monopolio eclesiástico de la enseñanza (López, 2009: 406). Su acción se intensificó sensiblemente en 1933, coincidiendo con la aprobación de la Ley de Confesiones. Según recoge Watanabe:
Para la CPPF las leyes anticatólicas sobre la educación aconfesional del primer bienio republicano equivalían a la vulneración de los derechos de los padres, a los que el Estado debía dejar libre la iniciativa en cuanto a la educación de sus hijos. La CPPF se dedicaba más a ejercer el derecho de protesta ante los poderes públicos y a difundir los ideales católicos por medio de la propaganda oral y escrita, dentro y, sobre todo, fuera de las parroquias (Watanabe, 2003: 291).
Con el apoyo de este tejido de organizaciones, el rechazo a la norma fue creciendo hasta ser compartido por un importante sector social, lanzando a muchos ciudadanos a la calle:
Con motivo de la protesta por la nueva ley, la movilización de los católicos alcanzó una cota altísima; no hubo día entre febrero y junio de 1933 que no se hiciera público un manifiesto o que no se produjera una manifestación en algún rincón del país (Álvarez, 2009: 68).
1.3 La propaganda con sello católico
Los portavoces de la derecha católica promovieron una lectura de los acontecimientos ocurridos a partir de 1931 basada en una lógica dicotómica que permitía deformar el modo como se contemplaban los hechos alentando el miedo entre los católicos. Se trató de una representación de la realidad social absolutamente polarizada con claros objetivos propagandísticos. Para poder llevar a cabo esa estrategia persuasiva, las diversas fuerzas católicas precisaron medios y soportes que permitieran difundir con éxito sus mensajes movilizadores. En los años estudiados, ese esfuerzo encontró múltiples canales de propagación, tanto en la prensa afín como en publicaciones propias.
La prensa ya hacía tiempo que se había convertido en una prioridad para la Iglesia española, como había demostrado la llamada ‘buena prensa’ surgida en España a finales del siglo XIX, y durante el Primer Bienio de la II República su protagonismo se potenció: la ACN de P encontró en El Debate la vía para hacer llegar a las masas su mensaje de defensa de la Iglesia, la CEDA disfrutó de la colaboración de cabeceras como Hoy, Ideal, Diario de Valencia, La Gaceta del Norte o Ya para la tarea de modelar la opinión pública y Acción Católica también dispuso de “un número importante de publicaciones periódicas, que en total sumaba una significativa cifra de tirada” como ayuda clave para desarrollar su labor (Sánchez, 2005: 93).
Asimismo, las organizaciones políticas y sociales pusieron en marcha múltiples iniciativas para propagar sus agitadores mensajes. La ACN de P contó con la Editorial Católica, que publicó muchos libros y folletos propagandísticos (Watanabe, 2003: 29) y con un boletín interno. La Sección de Propaganda de la Juventud de Acción Popular organizó mítines y conferencias por las principales capitales de provincia y difundió artículos y folletos (Montero, 1977a: 617-620). La CEDA, ante las elecciones de 1933, además de contar con órganos oficiales y simpatizantes, dio un protagonismo clave a su labor propagandística y hizo uso de todo tipo de medios: pasquines, carteles, mítines, la aviación, la radio y la actividad de los grupos de presión (Montero, 1977b: 299). La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia disponía de un boletín mensual como órgano de expresión y de la revista Hogar. Por su lado, la Federación de Amigos de la Enseñanza se volcó en el trabajo de persuasión, convocando, por ejemplo, cursos de formación de propagandistas.
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4. Conclusiones
Las voces de las figuras católicas más relevantes en la reacción contra la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas encontraron múltiples cauces para su difusión (cartas, manifiestos, discursos en las Cortes, mítines, conferencias, alocuciones en reuniones asamblearias, entrevistas) y todas ellas quedaron reflejadas fielmente por la prensa afín. Esa cobertura por parte de los diarios nos permite recuperar los discursos de los líderes políticos, religiosos y organizativos más activos en las protestas que envolvieron la aprobación de la norma que intentó poner fin al ejercicio de la enseñanza por parte de la Iglesia. Su análisis revela que la estrategia propagandística de estos actores integró eficazmente los elementos simbólicos, ideológicos y discursivos que favorecen la movilización de los individuos, mostrando una sintonía y complementariedad entre los diferentes mensajes examinados independientemente del contexto (político/eclesial/social) en el que fueron producidos. La lectura facilitada y promocionada era, con algún matiz, siempre la misma: una mirada maniquea que invitaba a contemplar la norma como la muestra más clamorosa de persecución por parte de una minoría enemiga que no tenía otro interés que violar de manera abusiva los derechos de la mayoría católica y que, por lo tanto, todos debían desobedecer hasta lograr su derogación. La gravedad que comunican muchos de los fragmentos expuestos en este trabajo demuestra que el fin persuasivo de este despliegue retórico se fundamentó en la agitación de las pasiones en busca de una movilización que se alimentara de ira e indignación moral.
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Adolfo Carratalá. Universitat de València
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