Miguel Ángel Hurtado tenía 16 años cuando sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote en Barcelona. Desde entonces, este psiquiatra catalán, afincado en Londres, lucha sin descanso para sacar a más víctimas de ese oscuro cajón en el que él mismo estuvo metido, de miedo y silencio, que ha permitido, entre otras cosas, que muchos depredadores hayan salido indemnes de sus atrocidades. Una impunidad favorecida desde la propia Iglesia y su política de encubrimiento y amenazas.
Hurtado es uno de los responsables de ECA (Ending Clergy Abuse, por sus siglas en inglés), una organización mundial de activistas que se han unido para «obligar a la Iglesia a acabar con el abuso clerical» a menores, hacer justicia a las víctimas y «exigir el fin del mecanismo estructural en la Iglesia que permite el abuso». Junto al español, entre los fundadores se encuentran personalidades como Peter Saunders, que formó parte de la Comisión Antipederastia creada por el Papa Francisco y de la que salió acusando a la institución de querer tapar los abusos a menores; Alberto Athié, uno de los primeros denunciantes del mexicano Marcial Maciel; o José Andrés Murillo, una de las tres víctimas del clérigo Fernando Karadima en Chile, que fueron recibidas por el Papa Francisco antes de que éste decidiera intervenir a la Iglesia chilena y comenzar a destituir a obispos (por el momento, 5 de 31 prelados) acusados de encubrimiento.
El Vaticano no tiene una política anti-abusos
En la actualidad, ECA cuenta con activistas en 15 países de los cuatro continentes, y maneja información relativa a abusos sexuales en la Iglesia en docenas de países, en todo el mundo. El pasado mes de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Ginebra, la organización quiso hacerse presente en las calles, denunciando la pasividad de Roma para implementar una política antiabusos.
De hecho, según revelaba esta semana Associated Press, el Estado vaticano no cuenta con políticas para proteger a los menores de sacerdotes pederastas ni requiere que cualquier presunto abuso sea denunciado a la policía.
Y es que siete años después de que el Vaticano ordenara a todas las conferencias episcopales del mundo elaborar directrices para evitar tales abusos, atender a las víctimas, castigar a los infractores y mantener alejados a los pederastas del sacerdocio, la propia sede de la Iglesia católica no tiene una política como esa.
«No me corresponde a mí juzgar al Papa Francisco, o al Vaticano, por sus palabras, sino por sus hechos», relata Miguel Ángel Hurtado a eldiario.es. En su opinión, «la retórica de tolerancia cero, si no va acompañada de acciones contundentes, se queda en un triste slogan publicitario, que puede ser muy efectivo pero no va a prevenir nuevos abusos ni garantizar que los supervivientes adultos tengan acceso a una justicia efectiva».
Una de las acciones prioritarias de ECA es denunciar cómo la Santa Sede, pese a las reiteradas peticiones de la ONU, continúa «negándose a implementar las recomendaciones» de Naciones Unidas para acabar con esta lacra. «Y han pasado cinco años desde los primeros informes» del Comité de Derechos del Niño.
«No basta que el Papa pida perdón»
«No basta que el Papa, en nombre de la Iglesia, pida perdón a las víctimas», denuncia Hurtado. «Si ese perdón no va acompañado de acciones encaminadas a reparar el daño causado no demuestra un arrepentimiento sincero».
«A nivel personal, si me pidiera perdón, como ha hecho con otras víctimas, le diría que estoy dispuesto a aceptar sus disculpas, pero que le impongo como penitencia por sus graves pecados que cumpla las recomendaciones de Naciones Unidas», zanja el psiquiatra.
Como ejemplo, Hurtado subraya cómo el Vaticano aún no ha puesto en práctica algunas de las recomendaciones de la ONU, como «denunciar todos los casos de pederastia clerical a la policía, entregar los archivos canónicos a las autoridades civiles o crear un tribunal para juzgar a obispos encubridores».
Un ejemplo de las consecuencias prácticas de esta irresponsable postura es el caso de Nicola Corradi en Argentina. El religioso fue denunciado por formar parte de una red pedófila que abuso de al menos 235 niños sordo-mudos entre 1955 y 1984 en el Instituto Provolo de Italia.
Las víctimas notificaron al Vaticano y al Papa Francisco en 2014 que Corradi seguía en contacto con niños en el instituto Provolo de Mendoza (Argentina). «Como el Papa Francisco se negó a tomar acciones disciplinarias para expulsarlo del sacerdocio o denunciarlo a las autoridades civiles, los supervivientes italianos alertaron a la organización en Argentina». Gracias a la labor de los activistas argentinos, «Corradi fue detenido en 2016 por formar parte una red pedófila que abuso al menos 60 víctimas de 2007 a 2009 en Mendoza».
