Las víctimas de abusos sexuales han llevado su protesta a las puertas del Congreso, donde han exigido la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos de pederastia y han acusado al Gobierno de dar un trato de favor a la Iglesia.
Víctimas de pederastia han reclamado este jueves que se amplíen los plazos de prescripción de este tipo de delitos para que los depredadores sexuales «no se vayan de rositas» y han acusado al Gobierno de dar «un trato de favor» a la Iglesia y situarla por encima de la ley.
Así lo ha denunciado Miguel Ángel Hurtado, impulsor de la campaña #elabusonoprescribe y primer denunciante del caso Montserrat, durante un encuentro con la prensa frente al Congreso de los Diputados, en el que han reclamado a los partidos que apoyen una ampliación del plazo de prescripción de los delitos de pederastia.
«Ya hicimos un acto en mayo 2016, entregamos 300.000 firmas en el Congreso, todos los partidos políticos se comprometieron a estudiar el tema para la próxima legislatura y la legislatura ha acabado y no han hecho nada«, ha lamentado Hurtado. Se trata, por tanto, de una legislatura «perdida» en la protección a la infancia, mientras día a día siguen saliendo nuevos casos de pederastia. «Depredadores sexuales que se van de rositas, abusando de decenas de menores durante décadas y los les pasa nada».
Por eso, desde la Asociación Infancia Robada a la que pertenece Hurtado, han exigido a los partidos una reforma urgente de la ley y que el plazo de prescripción de este tipo de delitos comience a contar a partir de los 50 años de la víctima, lo que significaría que estas tendrían tiempo de denunciar hasta los 55 años en los delitos leves y los 65 en los graves.
Una reforma urgente
Se trata -según Hurtado- de una medida «de salud pública» que ha recibido el apoyo de más de medio millón de personas y que no consiste en castigar los delitos que ocurrieron en el pasado, sino de prevenir los delitos que pueden suceder en el futuro. En este sentido, ha alertado de que si no hay sentencia judicial, los depredadores sexuales no entran en el registro de delincuentes sexuales y cuando quieren trabajar con niños pueden presentar un certificado de antecedentes penales sin mayores problemas.
Hurtado ha criticado, asimismo, que se está dando un trato de favor a la Iglesia católica. «A los políticos españoles les falta valentía, están mandando el mensaje de que la Iglesia está por encima de la ley», ha denunciado. Como ejemplo ha puesto a Chile, donde la Fiscalía está realizando registros en los Obispados y requisando los archivos, informes internos y expedientes canónicos de curas pederastas.
«La hoja de ruta está bien clara, lo que falta es la voluntad política del Gobierno y de la Iglesia. Mientras tanto las víctimas siguen sin poder acceder a la Justicia y los niños españoles siguen en peligro», ha advertido, y ha recordado que cada vez son más los países en los que este tipo de delitos no prescriben: Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, México, Holanda o Suiza.