La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos de todo el país, apoya la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza y elogia su valentía al iniciar los trámites legales para pedir la nulidad de las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia católica de dos bienes fundamentales del patrimonio histórico aragonés: la Catedral de la Seo y la Iglesia de la Magdalena.
Ambos templos, pertenecientes al tesoro mudéjar, fueron inscritos de forma unilateral y subrepticia a nombre del Arzobispado de Zaragoza por medio de una artimaña claramente inconstitucional, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, promovido en 1946 por el dictador Franco, que otorgaba a la Iglesia el privilegio de autocertificarse la propiedad de inmuebles sin aportar prueba documental alguna.
Para mayor irregularidad aún, la jerarquía eclesiástica registró los monumentos en 1987 cuando la ley aún no le permitía inmatricular templos de culto, hasta entonces considerados bienes comunes y, por tanto, ininscribibles. El procedimiento se hizo, consecuentemente, en evidente fraude de ley, ya que aún faltaban 11 años para que el ex presidente José María Aznar abordara la reforma de la norma que amplió las prerrogativas diocesanas.
El Ayuntamiento zaragozano aprobó el pasado lunes pedir judicialmente la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones por una palmaria vulneración de la ley, pero también en la consideración de que se trata de bienes pertenecientes al dominio público desde tiempo inmemorial, aunque hayan sido administrados formalmente por la Iglesia.
Expertos medievalistas confirman que en la construcción de ambas joyas del arte mudéjar participó decisivamente la monarquía con su aportación de “rentas del rey, es decir, del Estado”. Así lo certifica el prestigioso profesor José Luis Corral, experto en historia medieval y autor de una treintena de obras sobre la materia, particularmente su investigación sobre “La Seo del Salvador. Catedral de Zaragoza”, publicada en el año 2000. Las aportaciones de la Iglesia se nutrieron, en gran medida, del diezmo, un impuesto que tuvo delegado hasta el siglo XIX. “Más del 50% de la financiación ha sido pública”, declaró Corral al diario Público.
Las argumentaciones esgrimidas por el Consistorio aragonés coinciden plenamente con las posiciones defendidas por la Coordinadora Recuperando (en su marca digital) en su larga denuncia del escándalo inmobiliario de las inmatriculaciones de la Iglesia. Al amparo de este subterfugio legal, la jerarquía católica se ha apropiado de miles de bienes sin demostrar su titularidad, como es el conocido caso de la Mezquita de Córdoba. La Coordinadora se constituyó formalmente el pasado octubre y está integrada por MHUEL, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, Europa Laica, Redes Cristianas, la Unión de Ateos y Librepensadores, la Plataforma de Defensa del Patrimonio de la CAV, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Andaluz y numerosos colectivos de la Rioja, Teruel, Valencia, Baleares o Asturias.
La causa de las inmatriculaciones eclesiásticas recibió un importante respaldo jurídico internacional con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del pasado diciembre, que condenó al Estado español a una indemnización de 600.000 euros en el caso de Ucieza, al permitir la inmatriculación por el Obispado de Palencia de una iglesia propiedad de un particular. El TEDH llegó a calificar las inmatriculaciones eclesiásticas de “arbitrarias”.
