El vicario general dice que las llamadas ‘mayordomas’ «carecen de autoridad para organizar el culto»
El Obispado ha respondido a la alcaldesa de Los Huertos, Manuela Fernández (PSOE), y a los vecinos del municipio que han acusado a la Diócesis de ejercer un «acoso sistemático» para apropiarse de la ermita de la Virgen de las Vegas. El vicario general, Ángel Galindo, entiende que el diálogo con el Ayuntamiento será difícil si median «falsas verdades», pero la parroquia, con la ayuda del Obispado, siempre estará «a favor de la transparencia en las conversaciones», dice. No obstante, en cuestiones de uso religioso de la ermita y del respeto a lo sagrado, la Diócesis está dispuesta a defender la parroquia y a los feligreses «de acuerdo a la ley de libertad religiosa».
El vicario general niega, como dijo la alcaldesa, que el párroco leyera en misa un decreto sobre la suspensión del culto en la ermita. Según Galindo, ese escrito establece que la ermita no podrá acoger ningún acto de los comprendidos en la liturgia de la Iglesia «durante el tiempo que se mantenga la imposibilidad de ejercer la autoridad eclesiástica y el culto divino en las condiciones establecidas por el Derecho Canónico». La autoridad eclesiástica emitió el decreto cuando el Ayuntamiento le informó de que una asociación civil, de acuerdo con el propio municipio, gestionaba las actividades religiosas de la ermita. Por otro lado, «no es cierto que el vicario general haya firmado este decreto», matiza Galindo.
Al Obispado tampoco le consta la existencia real de una cofradía. «Por lo tanto, las llamadas ‘mayordomas’ carecen de autoridad para organizar el culto», añade. El vicario general no entiende que, en una situación de vida democrática, «un ayuntamiento quiera organizar el culto religioso, bien directamente, o a través de otras instituciones ajenas a la parroquia».
Aunque el Ayuntamiento ha dado por rotas las conversaciones con el Obispado sobre la titularidad de la ermita, Galindo subraya que tanto la parroquia como la Diócesis están abiertos al diálogo «en aras de encontrar una solución a los problemas». En este sentido, Ayuntamiento y vecinos han manifestado su disposición a llegar a los tribunales para defender la propiedad de la ermita.
