Una delegación de las asociaciones Valencia Laica y AVALL, encabezada por Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, Marc Cabanilles, presidente de AVALL y Marc Candela, por el sindicato STEPV, se ha reunido el martes 19 de diciembre con Jaume Fullana, Director General de Politica Educativa de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.
A la reunión también han asistido Rafael Cuesta y Victoria Garcia, socios de Valencia Laica.
La reunión fué solicitada por Valencia Laica a raiz del manifiesto expresando su rechazo a que cualquier religión sea impartida en el ámbito educativo, sea la católica u otras llamadas minoritarias.
Dos han sido los temas centrales de la reunión. Por una parte, el anuncio de que a partir del próximo curso se impartirán clases de religión islámica en algunos centros de la Comunidad Valenciana. A este respecto, la delegación le ha recordado al Director General que la presencia de la religión en el curriculum escolar constituye una anomalía pedagógica y democrática. Rompe el principio de igualdad, discrimina al alumnado por creencias y enseña contenidos racionalmente insostenibles y contradictorios con lo que se enseña en otras materias escolares.
La posición de ambas asociaciones y del sindicato STEPV es que el objetivo de las y los gobernantes ha de ser acabar con el abusivo privilegio de disponer en los centros escolares de catequistas que adoctrinan al alumnado en su credo y financiados con dinero de toda la ciudadanía.
Por consecuente, se ha instado al representante del Gobierno Valenciano a dar pasos en esa dirección y reclamar en todos los foros la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede que propician tan descomunal aberración. Las dos asociaciones creen que la única solución a dicho privilegio es su desaparición, nunca su extensión a otros credos. La defensa de la enseñanza pública así lo exige. El adoctrinamiento en un credo ha de hacerse en sus propios lugares de culto. Nunca en la escuela.
Con todo ello, la delegación ha ido rebatiendo la posición de la administración que sostiene que la normativa está así, que no podemos hacer más, que según la ley es un derecho de estos credos…
El otro tema abordado ha sido la aplicación del Decreto de Aplicación del Curriculum que permite a cada centro establecer el número de horas que ha de tener la religión. La delegación ha denunciado ante la administración las irregularidades que se están produciendo en algunos centros en los que desde la dirección se permite y se propicia que el “profesorado” de religión, que realmente son catequistas, tengan el mayor número de horas posible y se le asignen funciones que no le corresponden como la impartición de otras materias.
Al mismo tiempo, se ha pedido a la Conselleria datos rigurosos de la aplicación del mencionado decreto. Es imposible, en la actualidad, saber cómo lo ha aplicado cada centro y el número de horas dedicado a religión. El Director General se ha comprometido a proporcionar dichos datos.
