¿Va a desaparecer la educación pública?

Si desde el gobierno más progresista de la historia no se es capaz de abordar los problemas sistémicos que ahora limitan la calidad que la educación podría ofrecer, significa que tiene intereses detrás de su supuesta defensa de los centros educativos públicos.

La educación constituye uno de los derechos más básicos que tenemos las personas por ser eso mismo, personas. Un servicio que siempre ha debido ser público, sin excepción alguna, y que otorga oportunidades de futuro a las familias cuyo poder adquisitivo es muy limitado. Un servicio que el Estado proporciona y cuyo objetivo no es la obtención de beneficios económicos, sino el aprendizaje de miles de niños sin importar su clase social ni, por supuesto, cualquier otro motivo de discriminación que pueda poner en peligro su acceso a una educación de calidad.

Hay quienes, a día de hoy, argumentan que la propia educación ya no es uno de los elementos que pueden estabilizar la balanza social tan desequilibrada que el propio sistema económico y social provoca. Estas premisas suelen venir por parte de aquellos que no han tenido problema alguno en poder ir al instituto o universidad e ignoran, por completo, la existencia de miles de niños que no llegan a los estudios superiores por su situación económica, entre otras cosas. Mientras tanto, muchos otros interpretan la falta de trabajo, oportunidades laborales o reducción de derechos como la evidencia absoluta de que tener una formación amplia y estudios superiores no conlleva escalar en los estratos de la sociedad para situarnos en lo más alto.

La realidad es que la prestación de un servicio de calidad y público como lo es la educación en España sí ha provocado que muchas familias pudieran acceder a empleos de mayor calidad y mejorar, así, sus condiciones de vida. Lo que nunca se ha pretendido, al menos desde posiciones que tuvieran en cuenta el marco económico y social en el que nos desarrollamos, es acabar con un sistema que aboca a la precariedad y a mantener el statu quo independientemente de la formación que se tenga con unos pocos ejemplos que permitan decir que, si uno se esfuerza, lo consigue.

La educación y sus continuos recortes

Teniendo esto presente, los continuos recortes producidos durante la década pasada con motivo de la crisis económica que atravesaba España y, también, con la priorización de la privada por motivos en los que ahondamos más adelante, han provocado una disminución de la calidad en el servicio público prestado que poco a poco afecta, como es evidente, a las familias que menos posibilidades tienen de pagar una educación a sus hijos perpetuando, por tanto, que sigan relegados a unas condiciones de vida que tal vez una formación con estudios superiores podrían evitar.

Las protestas contra el ministro Wert se suceden de forma periódica a lo largo de meses en los que todos los niveles de la educación que van contra la «ley Wert» y contra la segregación y el abandono escolar que produce. La LOMCE, que ampliaba las tasas y recortaba las becas, se imponía a pesar de las continuas protestas que llenaban las calles de las principales ciudades del Estado español durante meses. Aquí veíamos como la privada salía reforzada de la nueva ley que, además, trataba de imponerse en el imaginario social y colectivo como la opción de mejor calidad para justificar así mayores concesiones.

Ahora, echando la mirada atrás, la educación pública no ha notado una mejoría sustancial a pesar de la aprobación de la «Ley Celaá» que el PSOE aprobaba un año atrás y que muchos calificaban de tímida y poco ambiciosa. Un insulto para quienes apenas tienen recursos y se encuentran en lo más bajo de la sociedad. Además, a pesar de un incremento mínimo en las becas y que los objetivos que desde el PSOE se plantean con la introducción de la nueva ley apenas aborda la situación que atraviesa la Pública con las elevadas ratios de alumnos por clase, la calidad de los centros educativos o la permisividad con la religión que todavía sigue ocupando un importante espacio en las aulas teniendo en cuenta que su presencia debería ser nula.

¿Qué pasará con la educación pública?

¿Significa esto que la educación pública está condenada a desaparecer? O al menos la calidad que siempre se ha defendido que tiene. Si desde el partido que actualmente gobierna bajo la autodenominación «el gobierno más progresista de la historia» no se es capaz de abordar los problemas sistémicos que ahora limitan la calidad que la educación podría ofrecer, significa que tiene, como era evidente desde hace mucho, intereses detrás de su supuesta defensa de los centros educativos públicos. Al igual que con la sanidad, el desmantelamiento de la educación tiene como objetivo degradarla hasta unos niveles insostenibles que provoquen una huida hacia la privada y abra una brecha mayor entre las clases sociales que ahora dictan nuestro futuro porque, precisamente, se ver amenazados por hijos e hijas de familias obreras que tienen posibilidades reales de acabar con sus privilegios. Para contrarrestarlo, unas mejorías ínfimas en la nueva ley educativa permiten decir que hacen algo por los derechos de los estudiantes y sus familias pero que, en definitiva, juegan al mismo juego que la derecha, aunque más pausadamente. Siervos de lo mismo con las mismas víctimas condenadas a sufrir el servilismo a la patronal y oligarcas que nos relevan al fondo de la sala con el único objetivo de servir como eslavos asalariados.

La educación pública ha de ser defendida, pero también hemos de luchar por un marco que no nos ahogue por el resto de frentes que la clase trabajadora tiene abiertos.