Dada la gravedad y la persistencia de la situación que denunciamos, desde UNI Laica-Granada solicitamos la suspensión de la adscripción del Centro de Magisterio La Inmaculada a la Universidad de Granada.
Estos días, Manuel Moreno, uno de los profesores que acaban de ser despedidos del Centro de Magisterio “La Inmaculada” (en lo que sigue, CMLI) ha vuelto a sacar a la luz pública, con sus denuncias ante el propio Centro y ante el Rectorado, la situación de esta Escuela de la Iglesia católica adscrita a la UGR.
EL CMLI, un Centro de adoctrinamiento
Desde UNI Laica-Granada queremos recordar, de entrada, lo que dice al respecto nuestro Manifiesto por una Universidad pública y laica (https://laicismo.org//detalle.php?pk=306#ppal):
La Universidad pública no debe promocionar o amparar estudios que presupongan o alienten un tipo particular de convicciones personales, como puede ocurrir en las Facultades de Teología o en las Escuelas de Magisterio dependientes de la Iglesia.
Esta razón debería ser suficiente para hacer insostenible la adscripción del CMLI a la UGR. Repárese en que la intención de los propietarios del Centro (la Iglesia católica) es formar maestros que propaguen su ideología, es decir, adoctrinadores. Su propio Reglamento de Régimen Interno (en adelante, RRI) dice en el Art. 3: “Esta escuela… pone especial interés en: a) Formar educadores de inspiración cristiana… y b) Preparar profesores especializados para la enseñanza religiosa escolar de acuerdo con las normas establecidas al respecto por la Conferencia Episcopal Española.” No hay más especiales intereses (c, d…) Y en el Art. 30.2 del mismo RRI se remacha: “La religión y su pedagogía figurarán en los planes de estudios en los términos establecidos por la Conferencia Episcopal Española”.
Téngase en cuenta que los profesores formados en el CMLI ejercerán su profesión en la escuela privada… y en la pública.
La UGR no controla el CMLI
Pero, por desgracia, la situación de este Centro es reprobable desde el ámbito de la defensa de lo público por más razones. Como decimos en el mismo Manifiesto:
Las enseñanzas de Universidades privadas y de centros concertados con la Universidad pública sólo serán reconocidas por ésta si se asegura un control de la calidad en la docencia similar al existente en la propia Universidad pública, incluyendo el cumplimiento de programas de carácter no doctrinal. Asimismo debe controlarse la transparencia en las contrataciones de profesorado.
Pues bien, nada de esto se está asegurando ni controlando. La peculiar relación entre la UGR y el arzobispado, al carecer de la transparencia exigible, ha degenerado en los últimos años, en particular desde que está al frente del ‘Patronato’ del CMLI el actual arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.
Recordemos que la regulación de la adscripción de centros docentes a las Universidades públicas andaluzas está regulada en el Decreto 67/1987, de 11 de marzo (B.O.J.A. nº 30 de 7-IV-87) de la Junta de Andalucía. El Artículo 13 de este Decreto dice que “los estudios impartidos en los Centros Universitarios Adscritos, surtirán plenos efectos académicos y serán objeto de supervisión por la Universidad… Como consecuencia de esta supervisión, será presentado a la Consejería de Educación y Ciencia, con el visto bueno del Rector, un informe anual evaluador del nivel docente del Centro”. A su vez, el Convenio de colaboración académica de la Escuela de Magisterio con la UGR, de 5 de abril de 1989, expone que “las Universidades asumen una responsabilidad directa sobre los estudios que se imparten en los Centros adscritos”. Y en la estipulación octava añade que “la Universidad supervisará la docencia, investigación o actividad de creación artística que el Centro imparta o lleve a cabo”.
¿Existe esa supervisión, ese control? En la práctica el supuesto control se aproxima a la nada, es un mero trámite burocrático.
Para empezar, veamos lo que se refiere a la mismísima Dirección del Centro adscrito, el CMLI. Esta Dirección la ejerce un/a profesor/a de la UGR, que debiera ser la garante y representante del Rector (es decir, de la UGR) en el CMLI. Según el Art.8.a del RRI, la Dirección debe “representar a la Universidad en la Escuela”. En efecto, es nombrada formalmente por el propio Rector, pero de hecho ¡es el Arzobispo quien la elige! Este, como presidente de la Junta de Titulares de la Escuela (su órgano de gobierno y administración) propone a un/a Director/a y el Rector se limita a aceptarlo (estipulación vigésima del Convenio de colaboración académica). Así, lo que debería ser un representante del Rector (de la UGR) en el CMLI, se convierte en un representante más del Arzobispo, y así se hace posible que los mecanismos de control, como el RRI (que, como sabemos, debe ser aprobado por el claustro de la Universidad y debe salvaguardar la democracia y la participación de todos los estamentos universitarios) y la Junta de Escuela (órgano de gobierno pluriestamental, que incluye representantes del personal no docente y del alumnado) sean a menudo ignorados. Véanse algunos botones de muestra:
- La Junta de Escuela no se ha reunido hace más de 6 meses, cuando es obligatorio una vez al trimestre (Art. 13.3 del RRI).
- El Director del Centro debe convocar Claustro “al menos una vez al año” (Art. 15.4 del RRI). Sin embargo, a menudo se ha sustituido el Claustro por un Pleno de profesores, evitándose así la presencia de los alumnos.
- No se ha estudiado en Junta de Escuela (como prevé el RRI) la plantilla de profesores para el curso actual.
- La Junta de Escuela no ha ordenado académicamente este curso.
- Los miembros de la Junta de Escuela protestaron unánimemente el curso pasado a la Dirección por haberse transformado este órgano de gobierno en un apéndice informativo de otro subórgano creado para sustituirlo: el “Equipo directivo” en donde no participan los profesores, los alumnos, ni el PAS.
El escándalo de la docencia improvisada
Los últimos puntos señalados han dado lugar a que tres días antes del comienzo de las clases del curso 2012-13, los propios profesores aún no supieran las asignaturas que tenían que impartir (ni, por ende, los horarios de clase). La muy tardía asignación de profesores a las asignaturas no parece que se haya basado en criterios académicos, pues no la han tomado los Departamentos del CMLI interesados, sino la propia Dirección, sin siquiera consultar a Departamentos ni a profesores. ¡Se da el caso de profesores que fueron avisados con esta premura para dar clases de materias que nunca antes habían impartido! Ahora van preparando/improvisando las clases sobre la marcha.
La estipulación duodécima del Convenio de colaboración académica de 1989, establece que “la Entidad Titular [el arzobispado] solicitará anualmente la concesión de la “venia docendi” para los profesores de nueva contratación, y enviará relación de todo el profesorado con indicación de las áreas de conocimiento del plan de estudios que imparte…” ¿Cuándo se ha hecho eso este curso?, ¿se han empezado las clases sin ofrecer esa información a la UGR?, ¿acaso incluso sin la “venia docendi” de algunos profesores?
Desde el punto de vista académico, todo esto es inconcebible, escandaloso… inadmisible. Y hay que volver a preguntarse ¿dónde está el control y la supervisión de la UGR?
El CMLI: negocio e ideología católica
Por otra parte, el Art. 37 del RRI añade: “Dado que la Escuela no tiene finalidad lucrativa, los excedentes o superávits que eventualmente se produzcan, se destinarán a la mejora de las instalaciones, o a reservas para cubrir posibles déficits futuros”. El Decreto 67/1987, establece esencialmente lo mismo.
El CMLI viene disfrutando de superávits año tras año. Fruto de ello ha sido la construcción de un nuevo edificio, con una hipoteca de más de quince millones de euros. Sin embargo, el propio Centro alega dificultades económicas para justificar los numerosos despidos producidos durante el último año. Esto es evidentemente falso, por lo que podemos preguntarnos ¿cuál es la política de contratación de profesorado de este Centro? Con los datos en la mano, se puede afirmar que:
* Está basada en la rentabilidad económica por encima de la idoneidad académica: es decir, despiden profesores con dedicación “plena” y bastante antigüedad (en algún caso próxima a los treinta años) y preparación para contratar profesores a tiempo parcial y bajo coste, con poca o nula experiencia. Para ello se amparan en la dura legislación laboral actual, justificada, como sabemos, por la grave crisis económica, cuando el CMLI y la propia Iglesia católica no están soportando esa crisis lo más mínimo. El moderno y costoso edificio recientemente inaugurado es la prueba palpable de la especulación y enriquecimiento de la diócesis gracias a las cuotas de alumnos, con el beneplácito del Rectorado, a la vez que se sustituyen las becas que contempla el Art. 256 del RRI por “colaboraciones laborales” de los alumnos.
* Está sustentada en una ideología, la del propio Presidente del CMLI, el arzobispo de Granada, F. Javier Martínez, que, como es sabido, pertenece al movimiento ultracatólico “Comunión y Liberación”. En este sentido, tuvo mucho eco el despido por esta causa ideológica de un profesor de Educación Física (a quien tuvieron que readmitir por sentencia judicial).
Desde UNI Laica-Granada queremos resaltar que este aspecto, el de la contratación del profesorado, no incumbiría a UNI Laica de no ser porque el CMLI está adscrito a la UGR.
Suspensión de la adscripción a la UGR
El Art. 9 del Decreto 67/1987 establece que “se procederá a la suspensión provisional de la adscripción”, entre otros casos, “cuando [los Centros] desarrollen sus actividades defectuosamente o con alteraciones graves”.
Además de lo señalado desde el punto de vista académico, es grave —como denuncian los trabajadores despedidos— que no se respeten los órganos representativos, que se ignoren los acuerdos tomados en Junta de Escuela, y que, ninguneando a ésta, al Comité de Empresa, y al colectivo total de profesores, se establezcan desde el Arzobispado criterios unidireccionales para despedir a trabajadores.
Por otra parte, la situación denunciada no es en absoluto nueva. Consideramos que el ser condenado el CMLI por despedir a un profesor de educación física hace cuatro años por no “evangelizar” desde su área de conocimiento, debería haber sido motivo más que suficiente para la suspensión de la adscripción a la UGR. Estos precedentes significan que lo que está ocurriendo ahora conlleva un agravante de reincidencia.
Dada la gravedad y la persistencia de la situación que denunciamos, desde UNI Laica-Granada solicitamos la suspensión provisional de la adscripción del Centro de Magisterio La Inmaculada a la Universidad de Granada.
Suspensión que demandamos pase a ser permanente atendiendo al —como señalábamos al comienzo— carácter confesional del Centro adscrito, que le hace perseguir unos intereses incompatibles con el carácter aconfesional de una entidad pública como es la Universidad de Granada, lo que es especialmente repudiable al tratarse de un Centro de formación de profesores de enseñanza infantil y primaria.
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