Sor María Gómez Valbuena anunciaba su ayuda para madres solteras en los ochenta
Su nombre se repetía en decenas de relatos de mujeres que han denunciado el robo de sus bebés: “Sor María Gómez Valbuena me quitó a mi hija…”, “Sor María se quedó con mi hijo…”. Finalmente, la Fiscalía de Madrid la ha denunciado por detención ilegal. El caso lo llevará el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Esta monja que ronda los 80 años y que se anunciaba en revistas para ayudar a madres solteras, es la primera acusada directamente por robo de bebés.
La Fiscalía de Madrid la llamó como imputada recientemente. Sor María Gómez Valbuena acudió, pero se negó a declarar. El caso que ha llevado a la fiscalía a denunciarla finalmente por detención ilegal es el de María Luisa Torres, que dio a luz a su hija Pilar en la clínica Santa Cristina de Madrid en marzo de 1982. “¡Estoy feliz, no quepo en mí!”, relataba ayer a este periódico María Luisa. “Hubo momentos que pensé ‘con la Iglesia hemos topado’ y me dio miedo pensar que nadie iba a atreverse a acusar a una monja, que eran intocables. Pero al final, la verdad prevalece y durante el juicio se demostrará que sor María Gómez Valbuena me robó a mi hija”.
María Luisa asegura que esta monja la engañó. En 1981, se había separado de su marido, con el que tenía una niña de dos años, y poco después había conocido a otro hombre, con el que inició una nueva relación. Se quedó embarazada y él no quiso saber nada. Angustiada, vio en una revista un anuncio en el que sor María Gómez Valbuena, encargada de la asistencia social en la maternidad de Santa Cristina, se ofrecía a ayudar a madres solteras, y fue a verla. La monja le dijo que disponía de unas guarderías donde podría dejar a la niña, e ir a visitarla cuando quisiera hasta que hubiera resuelto sus problemas económicos y pudieran vivir juntas. María Luisa la creyó.
El 31 de marzo de 1982, se puso de parto. Cuenta que la sedaron y que, cuando despertó y preguntó por su hija, Sor María le dijo, primero, que había muerto, y después, que iban a darla en adopción y que si decía algo, la denunciaría por adulterio y le quitarían a su otra hija también. María Luisa, que desconocía que tal cosa no era posible porque el adulterio no era delito, se asustó y volvió a casa sin su bebé.
Un reencuentro entre madre e hija ha llevado al fiscal a denunciar
Aquella niña, Pilar, fue dada en adopción a un matrimonio que no podía tener hijos. El padre adoptivo, Alejandro Alcalde, cuenta que antes de entregarles al bebé, sor María les sometió a un concienzudo interrogatorio sobre sus bienes y grado de religiosidad. Y que les hizo pagar una cantidad de dinero en concepto de gastos de estancia de la madre soltera en una pensión de Arturo Soria.
Hace diez años, Pilar, a la que sus padres adoptivos contaron muy pronto que la habían adoptado, comenzó a obsesionarse con la idea de conocer a su madre biológica. Su padre adoptivo decidió ayudarla, reaccionado de forma contraria a la de muchos padres adoptivos que suelen mostrarse reticentes a que sus hijos conozcan a su familia biológica por miedo a ser abandonados. Alejandro Alcalde no tuvo ese miedo. Contrató a detectives y abogados, habló con monjas, investigó todo lo que pudo, hasta que un programa de televisión, El diario, de Antena 3, encontró a María Luisa. Las pruebas de ADN confirmaron que eran madre e hija.
Además de encontrar a su madre, aquel día, Pilar, de 29 años, dejó de ser hija única al descubrir que tenía dos hermanas: Inés, de 31 años, y María, de 24. “Mi caso ha salido adelante porque yo he ido a la fiscalía con mi hija de la mano”, explica María Luisa, “pero esto es una victoria de todos los afectados porque yo confío en que al interrogar a sor María, se destape toda la trama que había de robo de bebés y se pueda ayudar a otros”.
María Luisa Torres cuenta ahora, casi un año después, que el reencuentro con su hija no está siendo fácil. “Nos han quitado lo más bonito. Me he perdido sus 30 primeros años de vida y desgraciadamente, no se puede recuperar el tiempo perdido. Es muy difícil y muy triste esto que nos ha pasado, por eso quiero que Sor María Gómez Valbuena acabe en la cárcel. Nadie imagina el daño que nos ha hecho. A mí y a tantas como a mí. No sé ni cómo no nos volvimos locas después de haber sufrido algo así”.
“Estoy feliz. Pensé que no se atreverían a acusar a la religiosa"
Pilar, su hija, siempre había pensado que su madre la había abandonado. Cuando inició su búsqueda, apoyada por su padre adoptivo, visitó a sor María Gómez Valbuena para pedirle que le dijera quién era y dónde podría encontrarla. La monja le contestó que su madre era una prostituta que no quería saber nada de ella y que se olvidara.
Esta mentira indigna todavía a María Luisa, a la que le duele saber que durante tantos años su hija pensó que la había abandonado. “Tengo muchas ganas de encontrarme con Sor María en el juzgado y preguntarle con qué derecho le dijo aquello aquel día a mi hija. Yo ni era prostituta [trabajaba de camarera] ni le di a mi hija. Me la robó”.
El próximo 3 de abril María Luisa ratificará en el juzgado su declaración. Está impaciente porque se celebre el juicio porque ve en él no solo la oportunidad de conseguir “justicia” para ella sino de aclarar muchos otros casos de robos de niños. Así lo ve también Mabel Escuer, de la Asociación SOS Bebés Robados, que celebró la acusación de Sor María como un motivo de esperanza después del disgusto por la multitud de casos que han sido archivados, entre ellos el suyo, porque tantos años después de aquellos partos, los fiscales no encuentran indicios suficientes de delito.
En la Fiscalía de Madrid también fue llamado a declarar en dos ocasiones el año pasado estrecho colaborador de Sor María Gómez Valbuena, el doctor Eduardo Vela. Alegó, según fuentes del Ministerio Fiscal, que no recordaba nada y que había “destruido” toda la documentación sobre las mujeres embarazadas que atendió y que le acusan ahora de robarle a sus bebés.
La Fiscalía de Madrid, que tramita unas 100 denuncias por robo de bebés tras archivar cerca de 150, espera ahora los resultados de dos exhumaciones realizadas en cementerios de la capital y de Barcelona para comprobar que sendos bebés dados por muertos al nacer fueron enterrados allí. Al abrir las tumbas, los forenses encontraron restos humanos y ahora esperan el resultado de las pruebas de ADN para comprobar si son esos niños que sus madres están buscando.
1.500 denuncias en un año
- Fiscalías de prácticamente toda España han recibido casi 1.500 denuncias por robo de niños de las que se han archivado más del 25% por falta de indicios delictivos. El pasado 27 de enero, un año después de la primera denuncia conjunta realizada por los afectados, y que incluía entonces, 261 casos, los familiares que denuncian el robo de bebés se concentraron a la puerta de la Fiscalía General del Estado con 90.000 firmas para protestar por el cierre de casos y para reclamar una comisión de investigación “como en Argentina”.
- Exhumaciones. Los fiscales han ordenado 22 en Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Tres de los ataúdes abiertos en Euskadi estaban vacíos, y a las familias de esos bebés no les cabe ya ninguna duda de que fueron robados. En otros casos, sin embargo, las exhumaciones han servido para tranquilizar a las madres que pensaban que les habían engañado al decirles que sus hijos habían muerto al poco de nacer, porque tras comprobar el ADN de los restos hallados en los nichos se ha confirmado que correspondían a esos bebés. Así ocurrió en Zaragoza y Albacete, por ejemplo. La fiscalía de Madrid espera los resultados de los análisis de ADN de otras dos exhumaciones realizadas en el cementerio madrileño de La Almudena y en Barcelona, donde en los nichos había restos humanos.
- Las promesas del ministro de Justicia. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón aseguró la pasada semana en el Senado que resolver los casos de niños robados será una “prioridad” de su departamento. Ha encargado un informe a la Agencia Española de Protección de Datos para estudiar las posibilidades de facilitar el acceso a los archivos médicos e instaurado reuniones mensuales con las asociaciones de afectados.