La delegada del Gobierno pide un informe a la Abogacía del Estado antes de decidir si autoriza una «procesión» laica en Jueves Santo rechazada por el Ayuntamiento
Ni de pasos, ni de capirotes. A unos días de que comience la Semana Santa en Madrid, la única procesión que está en boca de todos es, contra toda lógica, atea. Los miembros de la Asamblea Vecinal la Playa de Lavapiés, organizadores de la marcha, no salen de su asombro. Su convocatoria para celebrar el próximo Jueves Santo la bautizada como "primera manifestación para promover el ideario ateo" es protagonista de una batalla política que no imaginaban.
El futuro del acto se juega ahora en la Delegación de Gobierno, que en los próximos días tendrá que dirimir si permite o no su celebración. La resolución, sea cual sea, será contestada. Si licita la manifestación, irá contra la postura del Ayuntamiento de Madrid que ya ha manifestado su rotundo rechazo a la misma. Si la prohíbe, tendrá que razonar su decisión ante los convocantes, que exigen el derecho a manifestar libremente sus "creencias religiosas, que son ninguna".
Ante tal encrucijada, la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que se pronuncie y así "dar mayor tranquilidad y seguridad de que se van a respetar todos los derechos". Para dar una resolución, asegura Carrión, "aún hay días de sobra".
La solución a la propuesta de manifestación atea vuelve, después de un breve recorrido por varias Administraciones públicas, a las mismas manos. La Delegación de Gobierno se inhibió de tomar una decisión la semana pasada al considerar que no entraba entre sus competencias legales. La causa se encontraba en la palabra "procesión" que usaron los convocantes -la asamblea vecinal y varias asociaciones ateas- para solicitar el permiso.La pelota acabó en el Ayuntamiento de la capital que, tras estudiar la convocatoria, también rehusó tomar una decisión. El Consistorio entiende que la "procesión atea" se excluye del ámbito de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa -de competencia municipal- y que, por el contrario, responde al derecho constitucional de reunión o manifestación.
Los convocantes, asesorados por un abogado, retiraron la palabra procesión y el viernes pasado presentaron, por segunda vez, la solicitud de permiso ante la Delegación. Esta vez sí, como manifestación. Ese mismo día, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue claro al respecto: "Esto lo decide la Delegación de Gobierno de Madrid y se aplicará la ley como en cualquier otra manifestación. La ley es la ley y si toca que sí, será que sí; si toca que no, será que no".
En el Ayuntamiento la ofensiva es clara por el no. Después de enviar a la delegada un informe "desfavorable" a la manifestación por considerar que puede ocasionar problemas de "orden público" por la concentración de miles de personas que acuden el Jueves Santo a las procesiones tradicionales, el vicealcalde, Manuel Cobo, reiteró ayer que aunque es la Delegación quien debe decidir, si la responsabilidad fuera del Ayuntamiento no la permitirían. "No autorizamos ese día, a esas horas, en ese espacio, una burla, una mofa de una confesión religiosa", dijo.
Los convocantes asisten incrédulos al revuelo. Uno de los miembros de la asamblea vecinal dice que el acto no se merece el "carácter perverso que se le está poniendo". "Es un pasacalles de barrio, no tenemos ganas de enfrentarnos con nadie", advierte antes de matizar que no quieren hacer declaraciones por "prudencia máxima" ante el ataque que denuncian estar sufriendo por parte de algunos medios.En los últimos días se les ha achacado la autoría de un cartel que usa el nombre de varias asociaciones convocantes y que anuncia la participación en la manifestación de la "hermandad de la santa pedofilia" o la "cofradía de la virgen del mismísimo coño". Desde la Asamblea Vecinal son tajantes: "No es un cartel que haya salido de la organización de este acto". De hecho, niegan que ni el recorrido ni el horario que contiene el cartel sean los oficiales y sostienen que las alternativas para posibles recorridos, presentados en la solicitud del permiso, se han elaborado de forma "cuidadosa" para evitar "interferir ni con la procesión de Jesús del Gran Poder, ni con la de Jesús el Pobre". A los convocantes ya les ha caído una denuncia. La interpuso el pasado viernes la Asociación Estatal de Abogados Cristianos por considerar que incitan "al odio y la violencia". A las críticas se sumó, informa Europa Press, el colectivo HazteOír.org, que ayer anunció que mañana entregarán 70.000 firmas de ciudadanos contrarios al acto en la Delegación del Gobierno.
Demasiados frentes abiertos para lo que otro de los convocantes, el presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Luis Vega, define como un "acto lúdico", que espera que se repita otros años. Se trata, dice, de hacer una crítica a la Iglesia católica como institución, pero con respeto a todas las creencias religiosas. La recién estrenada en el cargo delegada del Gobierno, Dolores Carrión, tiene ahora la última palabra.